El responsable del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Segovia, Miguel Ángel Barbero, ha sido detenido este martes junto a otras tres personas en el marco de una operación del Instituto Armado relacionada con el tráfico de estupefacientes. La investigación, dirigida desde Madrid por los servicios centrales de la Guardia Civil, ha culminado con los cuatro arrestos en la provincia de Segovia. Los otros tres detenidos no pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y según las fuentes consultadas no se esperan más detenciones en esta causa.
La Subdelegación del Gobierno en Segovia ha confirmado los hechos. Barbero, que estaba al frente del equipo especializado en la lucha contra la droga y el crimen organizado en la comandancia segoviana, vuelve a verse envuelto en una causa de este tipo más de nueve años después de su anterior detención. En aquella ocasión, también vinculada al narcotráfico, fue investigado por delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, cohecho, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir la delincuencia. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia acordó el sobreseimiento definitivo de aquellas actuaciones en julio de 2018, lo que le permitió reincorporarse a su puesto y seguir dirigiendo operaciones antidroga hasta ahora.
Este nuevo arresto se suma a una lista preocupante de casos en los que mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, precisamente encargados de combatir el narcotráfico, han acabado imputados o detenidos por su presunta colaboración con las redes a las que debían perseguir.
Uno de los más sonados de los últimos años es el del inspector jefe Óscar Sánchez Gil, conocido como “El Anodino”, responsable de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. En noviembre de 2024 fue detenido por Asuntos Internos. En el registro de su vivienda se localizaron cerca de 20 millones de euros en efectivo, gran parte de ellos emparedados en falsas paredes y dobles techos. Según la investigación, había facilitado durante años la entrada de contenedores de cocaína procedentes de Ecuador y Colombia, orientando qué cargamentos no debían ser inspeccionados. El caso, que también afectó a su pareja (también agente) y a otras personas, sigue siendo uno de los más graves de corrupción policial vinculados al narco en la historia reciente de España.
Otro episodio reciente y especialmente llamativo es el del jefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid, Luis Fernández Rafael. Fue detenido a principios de diciembre de 2025. Según las pesquisas de Asuntos Internos, se habría apropiado de alijos de cocaína incautados en operaciones que él mismo dirigía, entre ellos decenas de kilos de la operación Churruca, simulaba su destrucción y los revendía a un clan dominicano asentado en la capital vallisoletana. En su domicilio se hallaron unos 100.000 euros y restos de la droga que debía haber sido destruida. El mando permanece en prisión provisional y ha tenido que declarar desde la cárcel como testigo en otras causas.
No son casos puntuales. En los últimos años se han producido detenciones de otros altos mandos: Faustino Nogales, jefe antidrogas de Baleares, acusado de boicotear sus propias operaciones; el inspector jefe Carlos C.L., destinado en la Embajada de España en Bogotá y detenido por facilitar información sobre cargamentos; el jefe de la Guardia Civil del Puerto de Valencia, Jesús F.B., implicado en el paso de una tonelada de cocaína; o el teniente coronel David Oliva, exjefe del OCON-Sur, investigado por sus relaciones con clanes del Estrecho.
Según datos oficiales, entre 2021 y 2025 más de un centenar de policías nacionales y guardias civiles han sido detenidos o investigados por delitos relacionados con el narcotráfico. Solo en 2025 se alcanzó la cifra de 24 agentes arrestados, igualando el máximo de 2023.
En Segovia, además, en noviembre de 2025 ya se había producido otra operación (denominada Coto-Isidro) en la que fueron detenidos ocho personas, entre ellas dos guardias civiles en activo de los puestos de Villacastín y San Rafael, por su participación en una red de distribución de cocaína y otras sustancias.
La reiteración de estos casos pone de manifiesto la permeabilidad de determinadas unidades especializadas ante la presión y el poder corruptor del narcotráfico, especialmente en un país que es una de las principales puertas de entrada de cocaína a Europa a través de los puertos de Algeciras, Valencia o Barcelona. Mientras las fuerzas de seguridad hacen incautaciones históricas (más de 123 toneladas de cocaína en 2024), la aparición de tantas “manzanas podridas” en los propios equipos antidroga genera un daño reputacional gigantesco.
La operación que ha llevado a la detención de Miguel Ángel Barbero se encuentra en sus primeras fases. Los detenidos han pasado a disposición judicial y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el alcance de la investigación dirigida desde los servicios centrales de la Guardia Civil.
