En el Reino Unido se han reactivado los debates políticos sobre los planes de contingencia del Gobierno británico para el combustible (National Emergency Plan for Fuel). Con las reservas de diésel en niveles bajos (alrededor de 42 días según datos recientes) y precios récord impulsados por disrupciones geopolíticas (Conflicto Ucrania-Rusia, conflicto en Irán y tensiones en el Estrecho de Ormuz), el plan contempla, en un escenario de escasez grave y generalizada, priorizar el suministro a servicios de emergencia, vehículos esenciales, servicios públicos, transporte público y logística prioritaria (alimentos y salud). Para el resto de usuarios podría haber límites de compra por visita y otras medidas de contención. El Gobierno ha negado que se esté aplicando racionamiento efectivo o límites de velocidad obligatorios en este momento y subraya la “diversidad y resiliencia” del suministro. Según ellos, se trata de planes de emergencia que existen desde hace tiempo, no de una restricción activa generalizada.
En el mismo contexto, el 28 de septiembre de 2026 el operador del sistema energético británico (NESO) emitió un aviso de margen eléctrico ante una posible escasez temporal de 1,4 gigavatios en el pico de la tarde-noche. Se trataba de una herramienta operativa rutinaria y precautoria; el propio NESO insistió en que no había riesgo de cortes y el aviso fue cancelado horas después tras la respuesta del mercado.
Hace días, Francia también ha reforzado su discurso de preparación ante riesgos sobre el sistema eléctrico. Las autoridades han avanzado ejercicios de simulación de apagón mayor (previstos para noviembre) y han pedido planes de protección de infraestructuras críticas frente a posibles ataques híbridos, cibernéticos o de sabotaje. Como en el caso del Reino Unido, ellos también aclaran que no se trata de restricciones de consumo cotidiano anunciadas de forma inmediata, sino de preparativos de seguridad nacional en un contexto de tensiones.
Y el problema no se limita al Reino Unido y Francia. En España, Red Eléctrica ha tenido que activar por séptima vez en las últimas diez semanas el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) para reducir temporalmente el consumo de grandes instalaciones industriales (alrededor de 943 MW en la última intervención) y mantener el equilibrio del sistema eléctrico. El origen, una vez más, ha sido la diferencia entre la generación eólica prevista y la producción real, lo que obliga a «parar» parte de la industria para evitar desajustes mayores.
Estos episodios, aunque de distinto alcance y con matices importantes: avisos precautorios cancelados, planes de contingencia no activados, ejercicios de resistencia y cortes temporales a la industria, ocurren en países europeos que, durante años, han dedicado enormes recursos políticos, mediáticos y presupuestarios a la narrativa de “prepararse para la guerra” contra Rusia, al envío continuo de ayuda a Ucrania y a un rearme acelerado.
Reino Unido y Francia (junto con otros socios europeos) han canalizado decenas de miles de millones en apoyo militar, financiero y humanitario a Kiev desde 2022. Han impulsado aumentos del gasto en defensa, compras de armamento, promesas de «estar listos» y una retórica constante de amenaza existencial. Al mismo tiempo, ambos países (y también España) han atravesado (y siguen atravesando) presiones estructurales en su sistema energético: dependencia de importaciones, intermitencia de renovables, cierres o restricciones en capacidad nuclear y térmica, y vulnerabilidad a shocks geopolíticos externos (precios del gas, diésel y disrupciones en rutas marítimas).
La crítica es evidente. Se ha insistido en que la prioridad absoluta es disuadir o confrontar a Rusia y sostener a Ucrania «el tiempo que sea necesario». Se han aprobado presupuestos de defensa crecientes y se ha hablado sin cesar de preparación militar. Sin embargo, cuando aparece un margen eléctrico ajustado, cuando las reservas de diésel se sitúan en niveles que obligan a recordar los planes de racionamiento prioritario, o cuando hay que apagar fábricas por séptima vez en pocas semanas para cuadrar la red, la fragilidad del frente interno se hace visible. ¿De qué sirve proyectar poder militar externo si el sistema eléctrico nacional necesita avisos de margen, el combustible diésel depende de contingencias y la industria debe detenerse repetidamente para mantener el equilibrio?
Europa ha vivido años de políticas energéticas que priorizaron objetivos climáticos ambiciosos y muy rentables para empresarios y políticos, cierre de capacidades convencionales y una transición que, en la práctica, ha aumentado la exposición a la intermitencia y a las importaciones. Al mismo tiempo, el dinero y la atención política se orientaron de forma masiva hacia el escenario ucraniano. El resultado es una paradoja: países que se presentan como bastiones de la “libertad” y la “disuasión” frente a Moscú muestran, en casa, la necesidad de activar protocolos de escasez, practicar simulacros o cortar el suministro a la industria.
La inconsistencia de las prioridades. Mientras se envían armas, se prometen más fondos y se mantiene el discurso de «guerra inevitable o inminente», los ciudadanos británicos, franceses y españoles ven cómo su red eléctrica requiere avisos de margen, cómo se habla abiertamente de planes de racionamiento de diésel en caso de crisis prolongada y cómo hay que detener fábricas una y otra vez. La resistencia doméstica (electricidad fiable, combustible disponible, industria y hogares protegidos) debería ser el fundamento de cualquier proyección de fuerza. Cuando ese fundamento muestra grietas, el discurso belicista suena especialmente vacío.
Los avisos del NESO se resolvieron por ahora sin cortes. Los planes de diésel siguen siendo contingencia. Francia ensaya escenarios extremos. España sigue activando el SRAD. Pero el patrón es claro: se ha invertido mucho en armar y financiar un conflicto lejano, y poco en garantizar que, en casa, la luz y el combustible no dependan de avisos de última hora, de protocolos de emergencia o de parar la industria.
(Lourdes Martino)
