Este miércoles, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha rechazado el régimen de semilibertad concedido a María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, una de las etarras más sanguinarias de la historia. El magistrado José Luis Castro ha ordenado su regreso a prisión y ha pedido al legislador un cambio legal urgente para evitar excarcelaciones anticipadas de terroristas.
‘Anboto’ fue condenada por 10 asesinatos y otros graves delitos (tenencia de explosivos, atentados, estragos e incendios), con una pena acumulada de 30 años de prisión. Su licenciamiento definitivo no llega hasta septiembre de 2034. A pesar de ello, el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco (dirigido por la socialista María Jesús San José) le había aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, permitiéndole salir de la cárcel de lunes a viernes y volver solo a dormir.
El juez ha tumbado esta decisión. Argumenta que no se ha seguido la progresión ordinaria (permisos previos para evaluar su comportamiento real) y que la medida crea “falsas expectativas” a los presos y “desasosiego innecesario” a las víctimas y a la sociedad.
El magistrado no solo rechaza el caso concreto de ‘Anboto’ (y otro etarra, Juan Ramón C.), sino que propone reformar la ley. Critica que el artículo 100.2 se esté usando como atajo para dar semilibertad sin garantías suficientes, saltándose los controles judiciales y la progresión normal de grados. Para él, esto genera confusión y falta de respeto a las víctimas.
El papel del PSOE en los beneficios a etarras
El Gobierno Vasco, con el PSOE como socio del PNV en el Ejecutivo autonómico, y con Bildu jugando un papel importante, ha impulsado en los últimos tiempos la aplicación de beneficios penitenciarios a presos de ETA. La delegada del Gobierno central en el País Vasco y, especialmente, la consejera socialista de Justicia han sido señaladas por facilitar este tipo de medidas, que muchos consideran una forma encubierta de ablandar el cumplimiento de condenas.
Mientras las víctimas del terrorismo exigen memoria, dignidad y justicia, el Ejecutivo vasco (con apoyo socialista) y ciertas decisiones administrativas siguen premiando a los terroristas.
La decisión de la Audiencia Nacional es una buena noticia para la mayoría de los ciudadanos de bien. Los terroristas de ETA condenados por asesinatos deben cumplir íntegramente sus penas. No se trata de venganza, sino de justicia elemental: quien quitó vidas no puede volver a la calle como si nada mientras sus víctimas y sus familias siguen sufriendo.
Las excarcelaciones anticipadas sistemáticas generan indignación legítima entre los españoles. Es hora de que el legislador actúe y cierre las puertas a este tipo de privilegios. Los asesinos de ETA tienen que cumplir sus condenas hasta el final. Punto.
(Por Lourdes Martino)
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