En un nuevo episodio de despilfarro público que roza lo obsceno, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) inyectará 700 millones de euros a Radio Televisión Española (RTVE) en forma de préstamo participativo para tapar un agujero financiero con Hacienda sobre el IVA desde 2018.
Esta medida no es más que un salvavidas temporal para una entidad que se ha convertido en el juguete propagandístico del régimen sanchista, apodado con justicia «Telepedro» por su sumisión absoluta al Gobierno de Pedro Sánc-hez.
Mientras el contribuyente español, cada vez más asfixiado por los impuestos, ve cómo su dinero se evapora en este pozo sin fondo, RTVE sigue derrochando recursos en programas lamentables, fichajes estelares de dudosa calidad y tertulianos que parecen sacados de un mitin del PSOE. ¿Cómo es posible que una televisión pública, supuestamente al servicio de todos, necesite un rescate de esta magnitud? La respuesta es simple: años de gestión nefasta bajo directivos complacientes con el poder, culminando en el actual presidente, José Pablo López, que parece más interesado en mantener el statu quo político que en sanear las cuentas o elevar la programación.
Y es que basta con echar un vistazo a las cifras para indignarse. En 2024, RTVE destinó nada menos que 6,5 millones de euros a colaboraciones y personal de tertulias, incluyendo 1,2 millones en contratos con productoras externas para mantener formatos que apenas rozan el éxito de audiencia.
Programas como los de Javier Ruiz, Silvia Intxaurrondo, Fortes, Broncano, Pepa Bueno, Jesús Cintora, Marta Flich o Gonzalo Miró –fichajes polémicos y caros, alineados con la izquierda más radical– han sido criticados por su sectarismo y bajo rendimiento, convirtiendo la parrilla en un altavoz del Gobierno en lugar de un servicio informativo neutral.
¿Y qué decir de la contratación de figuras como Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, como tertuliano? Un claro ejemplo de cómo «Televisión Espantosa» premia la lealtad ideológica por encima del talento o la pluralidad, todo ello financiado con el sudor del contribuyente.
El despilfarro no se limita a los contenidos. Recordemos el escándalo del Mundial de Qatar en 2022, donde RTVE gastó fortunas en hoteles y desplazamientos para sus periodistas, superando los 12.500 euros por trabajador en algunos casos.
O los contratos millonarios con productoras externas para programas como «La Familia de la Tele», que debutó en 2025 con fichajes millonarios, ofreciendo un contenido cutre e impropio de una cadena pública.
Estos excesos forman parte de una maquinaria de propaganda que cuesta cientos de millones al año, con salarios medios de empleados internos en torno a los 4.300 euros mensuales, muy por encima del promedio nacional.
José Pablo López, elegido presidente en noviembre de 2024 con el apoyo del PSOE y sus aliados independentistas, ha perpetuado esta ineficiencia. Bajo su mandato, RTVE ha priorizado cambios cosméticos, como la renovación de imagen este enero, en lugar de abordar el agujero de 739 millones con Hacienda que ya se advertía en 2025.
López, con experiencia en Telemadrid y otras cadenas, prometió transparencia, pero sus acciones hablan de continuidad. Su rol en el relanzamiento de La 1 no ha evitado el desplome de audiencias, y su dependencia del Gobierno lo convierte en un mero ejecutor de la agenda sanchista.
Pero lo más escandaloso es el contexto histórico de este «asalto» a RTVE. Hace poco más de un año, el 30 de octubre de 2024, mientras cientos de personas morían ahogadas en las riadas de Valencia, los políticos del PSOE y sus socios mantenían un pleno extraordinario en el Congreso para convalidar el decreto que reformaba las mayorías en el Consejo de Administración de RTVE. Suspendieron la sesión de control al Gobierno por la tragedia, pero no el voto para repartirse los sillones de la Corporación, aprobado con 175 votos de PSOE, Sumar, PNV, Bildu, ERC y Junts.
PP, Vox y Compromís abandonaron el hemiciclo en protesta, calificándolo de insensible e inmoral. Pedro Sánchez, de viaje en India, y su equipo priorizaron el control mediático sobre la empatía con las víctimas.
RTVE ha negado en algunos comunicados que se trate de un acuerdo ya cerrado o «sacado» directamente, pero la contingencia reconocida en sus cuentas ronda los 800-821 millones de euros, lo que hace necesario este tipo de apoyo financiero estatal.
Este rescate no resuelve nada; solo pospone el inevitable colapso de una «Televisión Espantosa» que ha perdido su esencia pública para convertirse en un instrumento del poder. Es hora de cuestionar si RTVE merece seguir existiendo en su forma actual, o si no sería mejor privatizarla y ahorrar al erario público este eterno sangrado. Mientras tanto, el régimen sanchista sigue riéndose de los españoles, financiando su propaganda con nuestro dinero.
(Por Lourdes Martino)