Por Alfonso de la Vega
He de confesar que me ha sorprendido, al menos hasta cierto punto, la condena al socialista Fiscal General del Estado: «Como autor de un delito de revelación de datos reservados a la pena de de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros día e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años y al pago de las costas procesales…»
Como explicaba en una anterior entrega sobre el particular con el título de Visto para sentencia tan penoso asunto desde el punto de vista institucional “rebasa el interés por los aspectos meramente jurídicos presentados ante el Supremo y de la simple suerte del justiciable, pues se quiera o no tiene un indudable contenido político. Existen suficientes motivos para deshacer la “iuris tantum” presunción de inocencia, pero tanto el Tribunal como el régimen se encuentran ante un grave dilema que afecta a la menguante credibilidad de las diferentes instituciones implicadas y que puede condicionar su futuro. Un “visto para sentencia”, sí, pero ¿también para el Régimen?”
Afortunadamente pese a todas las campañas el Supremo ha priorizado salvaguardar la credibilidad institucional a la obediencia al Poder ejecutivo, de lo que debemos congratularnos. Sin embargo, parte del mal está hecho, hemos asistido a toda una representación con ribetes de ópera bufa por parte del ahora condenado y su equipo de defensa sin disimular incluso cierto intento de intimidar al no renunciar a emplear la toga de fiscal, pese a ser el acusado y utilizar agentes del propio Estado en su beneficio particular. El papelón del obediente fiscal reconvertido en abogado defensor de su jefe entrará en la historia de los mayores ridículos. Todo un desprestigio para la Institución que se ha revelado de forma tan inconveniente representaba.
Todo este espectáculo tan lamentable se hubiera ahorrado si el Fiscal General del Estado hubiera dimitido como era su deber cívico y democrático al ser imputado. Arrastrar el cargo a su peripecia personal muestra hasta que punto importan las instituciones a los socialistas.
Sin embargo, la sentencia es relativamente suave, no conlleva pena de prisión, pero al menos es condenatoria e inhabilita al personaje por lo que es de suponer no se atreverá a desafiar al tribunal y dejará el puesto.
Otro que sale escaldado de rebote es su jefe que se jactaba muy jaque de que el fiscal dependía de él. Aunque visto su grado de indignidad y de respeto a las instituciones, puede que se quede en retaguardia, un enroque defensivo mientras sacrifica más piezas menores.
¿Un jaque mate final? No lo creo, vendrá el contraataque, acaso presumirá de juego limpio y honrado demócrata, pese a la persecución de los “malvados jueces fachas” y tampoco hay que descartar que se atreva a desafiar al Supremo indultando al reo. Claro que según la constitución corresponde al rey ejercer el derecho de gracia. (Artículo 62 i). Atrincherado a la numantina me temo vaya a ser muy difícil poder echar al valido de la Moncloa. No obstante como el bosque móvil de Birnam las sentencias pueden ir cercando a estos Macbeth malvados pero sin grandeza.
Como entonces decía: “una hipotética condena pudiera tener grandes virtudes cívicas. El demostrar que no todo está perdido. Que el poderoso también se encuentra sometido a la ley como afirma la constitución. Supondría un importante frenazo a la ruinosa dictadura que se nos va imponiendo cada vez con más prepotencia y menos disimulo.
Claro que esta capacidad de resistencia ante la creciente tiranía dependería tanto de la sentencia cuanto de la unanimidad o juego de mayorías y minorías que la hagan posible.”
Hoy, en la simbólica fecha del 20 de noviembre, se han aguado parte de los macabros fastos socialistas. También al nuevo destronado Rey Lear le habrá de venir una sonrisa pues al Macbeth en ciernes como una especie de venganza póstuma le ha salido la galga capada con esto del pintoresco reo señor Ortiz que él había nombrado.