El impoluto fantasma fue un libro que agotó su primera edición con bastante facilidad debido a lo ameno de su lectura y a lo completo del resumen que se hace de un personaje siniestro y a la vez ridículo de la reciente historia de España.
📘 ¿Conoces realmente a Miguel Ángel Revilla?
“El Impoluto Fantasma” (2019) es el libro que desmonta la imagen del político cántabro más mediático. Bajo su fachada de honradez y sencillez, ¿se esconde otra realidad?
Este libro denuncia el lado oscuro de Revilla: un personaje que, según el autor, no duda en mentir, manipular y traicionar para seguir brillando en la esfera pública. Desde sus orígenes en política en tiempos del franquismo hasta su papel como “bufón” televisivo, esta obra destapa lo que muchos medios no quieren mostrar.
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📌 Hoy, más actual que nunca tras sus polémicas declaraciones contra el rey emérito.
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Tanto Revilla como el Campechano provienen de un régimen corrupto
Tanto Revilla como el Campechano provienen de un régimen corrupto que se empezó a gestar mucho antes de la muerte de Franco y que es el que ahora mismo mantiene a España en una degeneración y saqueo permanente y sin ninguna protección de las fronteras ni de los ciudadanos de ningún tipo. Esta última diatriba del sistema entre estos dos personajes no deja de ser otra cortina de humo y otra ridícula maniobra para enfrentar al populacho en otra guerra de pobres entre los partidarios de uno y otro enchufado y aprovechado. Y los dos son igualmente impunes ante la ley como ha demostrado José Paco Rabasco en su libro de El impoluto fantasma. La única biografía no autorizada del personaje político más mediático e histriónico del panorama español donde queda clarísima su facilidad escabullirse en los juzgados y aparecer como un pobre tonto de pueblo que no es culpable de nada. Un aforamiento tácito en el que Revilla y sus amigos pueden salir indemnes de cualquier consecuencia judicial de manera surrealista en casos que a los demás nos conllevarían penas durísimas de cárcel.
La verdadera biografía política y judicial de Miguel Ángel Revilla, alias Caranchoa
Este libro es un recorrido muy real por las cloacas a ras de tierra que este régimen ha ido sembrando por toda España con su famoso sistema de las autonomías y otros pufos estatales que nos cuestan a los españoles miles de millones de euros cada año que se tiran a la basura. Importantísima lectura para los que insisten en que votando al PP o a no sé quién se va a arreglar todo, ya que este personaje tan enchufado y tan impune siempre ayudó al PP a gobernar cuando todavía no había dado un volantazo hacia el PSOE porque le convenía más.
Para que gente sin escrúpulos y que tanto daño hacen a los españoles paguen por sus delitos y queden apartados de la vida pública es necesario primero conocer cómo funciona de verdad este sistema tan corrupto que los medios cercanos al PP y a Vox en realidad están manteniendo y ocultando para que no despertemos como es debido. Para que España vuelva a ser un país decente y normal en el que la clase media tenga el control de la situación general debemos dar a conocer las fechorías de estos enemigos del Estado de Derecho y de España. Por eso os decimos que es un buen regalo para cualquier persona y en especial para los ilusos que siguen poniendo todas sus esperanzas en el voto inútil y en especial los más resistentes de todos a cambiar, que son los amigos del PP y de Vox.
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Ahora Revilla oculta sus responsabilidades tras el cáncer de su mujer
Revilla, visiblemente afectado (por esto sí, claro, pero no por los millones de españoles a los que ha perjudicado toda la vida), habla sobre el impacto de la demanda del emérito en su familia: «Mi mujer acaba de vencer un cáncer… y ahora esto».
Miguel Ángel Revilla se ha abierto emocionalmente en una entrevista con su amiguete del PNV, Iñaki López, donde ha abordado las consecuencias personales de la demanda presentada por el rey emérito Juan Carlos I. El ex líder cántabro que nunca ha pisado la cárcel, a pesar de todas sus trapisondas económicas, enfrenta ahora una reclamación de 50.000 euros por unas declaraciones que el monarca considera «injuriosas y difamatorias».
No podrás esconder tus numerosos pufos detrás del drama de tu pobre mujer
Durante la conversación, Revilla expresó con crudeza cómo esta situación ha afectado profundamente a su entorno más cercano. «A mi mujer la están volviendo loca«, confesó, visiblemente tocado. «La llamaron desde un programa de televisión y luego emitieron lo que dijo, pero sin su permiso».
Como persona que conoce en persona a la encantadora mujer de la que estamos hablando puedo decir que es muy probable que así fuera, ya que esta estupenda señora no tiene nada que ver con su marido y es una buena persona.
El expresidente también relató el acoso mediático que ha sufrido su hija, a quien varios periodistas habrían abordado directamente en su lugar de trabajo para obtener declaraciones. «Es muy duro», insistió, añadiendo que su esposa «acaba de superar un cáncer» y que todo este revuelo ha sido un golpe añadido en un momento especialmente delicado para su familia. Con gran alarde de cara dura hasta el final, Revilla cerró su intervención recordando que la denuncia «no es ninguna tontería» y que el impacto emocional ha sido notable: «Lo que me ha pasado no es moco de pavo».
Pero vamos a ver algunos de los pufos por los que este falso no llora jamás. Son noticias de hace algún tiempo, pero que todavía pagamos todos los españoles.
44 millones de euros perdidos en un proyecto fallido
El fracaso del proyecto de fibroyeso en Cantabria ha llegado a los tribunales. Lo que en su momento fue presentado como una oportunidad histórica para transformar la economía de la región terminó en un desastre financiero, con 44 millones de euros públicos invertidos sin resultado alguno y dos exconsejeros del Gobierno de Miguel Ángel Revilla investigados judicialmente. Ángel Agudo, exconsejero de Economía y Hacienda, ha prestado declaración como imputado por su presunta implicación en el fiasco de GFB, una iniciativa industrial que se promovió durante el mandato de Revilla.
La historia comenzó en 2008, cuando el Ejecutivo cántabro apostó por levantar una planta de producción de fibroyeso (una especie de pladur utilizado en construcción). El proyecto prometía desarrollo económico y creación de empleo, por lo que se decidió inyectar dinero público a través de Sodercan, una entidad del propio Gobierno.
Sodercan participaba como socio minoritario. Para completar la financiación, se incorporó una empresa privada: Euroamerica S.A., con sede en Costa Rica y el 70% de participación. Esta compañía debía proporcionar la maquinaria necesaria para la fábrica. Sin embargo, durante un viaje a Costa Rica, Revilla firmó un acuerdo muy distinto al esperado: el Gobierno terminó pagando 40 millones de euros por unos equipos que los socios costarricenses ya habían adquirido tiempo atrás por 40 millones de dólares para otro proyecto.
Y los despropósitos no acabaron ahí. Los altos cargos de la empresa GFB percibían sueldos superiores a los 100.000 euros al año, además de recibir dietas, gastos de representación y tarjetas de empresa con las que cubrían hoteles, viajes y comidas.
En total, se invirtieron más de 40 millones de euros en una fábrica que jamás llegó a producir una sola lámina de fibroyeso. Aun así, se contrató a 77 personas para poder beneficiarse de subvenciones. Miguel Ángel Revilla no ha hecho declaraciones al respecto, aunque en una investigación parlamentaria celebrada dos años atrás, aseguró no haber tenido responsabilidad directa y confió en los informes presentados por sus consejeros.
GFB: el fracaso millonario que acabó sin castigo real para Revilla y el PSOE
Lo que prometía ser una de las grandes apuestas económicas del primer gobierno de coalición PRC-PSOE en Cantabria terminó siendo un desastre empresarial de proporciones épicas. GFB (Gypsum Fiber Board), la fábrica de fibroyeso que debía impulsar el desarrollo en la región, acabó en ruina apenas cinco años después de su puesta en marcha. A pesar de la montaña de dinero público invertido —más de 45 millones de euros—, el proyecto nunca despegó.
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La justicia ha dejado claro que hubo un «derroche de fondos públicos» y una gestión negligente
La justicia ha dejado claro que hubo un «derroche de fondos públicos» y una gestión negligente tanto por parte de responsables políticos como de empresarios privados. Sin embargo, el hecho de que no se demostrara ánimo de lucro personal ha hecho que las consecuencias judiciales hayan sido prácticamente anecdóticas.
En el plano legal, el proyecto ha pasado por varias fases judiciales, tanto penales como civiles. Tras años de litigios, la conclusión ha sido decepcionante: solo se recuperarán 131.000 euros, una cifra simbólica frente al dinero perdido. Esta cantidad deberá devolverla Sebastián Tena, empresario costarricense y principal inversor privado del fallido proyecto, por la contratación irregular de personal. La Audiencia lo ha eximido del pago de 15,9 millones por la venta de maquinaria y material que perjudicó gravemente las finanzas de GFB.
El origen de esta historia se remonta a 2002, cuando empresarios costarricenses mostraron interés en instalar una planta en Cantabria a través de la empresa Suyesa. El gobierno del PP, entonces liderado por Martínez Sieso, acogió favorablemente la propuesta y propuso su instalación en Reinosa. Sin embargo, tras las elecciones de 2003, el nuevo Ejecutivo cántabro decidió reubicar el proyecto en Orejo, una decisión que ya entonces levantó críticas del Partido Popular.
Revilla fue presuntamente estafado con nuestro dinero en Costa Rica y siguió firmando préstamos
En 2004, Miguel Ángel Revilla viajó a Costa Rica para firmar un acuerdo con los socios privados. Fue entonces cuando Sodercan, la sociedad pública regional, se incorporó al proyecto con una participación del 30%, invirtiendo 27 millones de euros. La fábrica fue declarada de interés regional, y se prometieron 140 empleos directos y una inversión total de 64 millones de euros.
Pero las promesas no se cumplieron. En 2007 la situación económica de GFB era crítica y un año después estaba prácticamente quebrada. Las aportaciones de los socios privados cesaron, las deudas crecieron y la administración pública apenas reaccionó. El concurso de acreedores se presentó en 2009, con la empresa ya colapsada. En 2012, la planta fue subastada y adquirida por la alemana Fermacell.
La justicia ha señalado errores de bulto y falta de diligencia, pero ha descartado responsabilidades penales por no haber intención de enriquecimiento ilícito. Los únicos castigados han sido el exconsejero socialista Miguel Ángel Pesquera y los empresarios costarricenses Tena y Fischel, inhabilitados para gestionar bienes ajenos. Poco más.
Sodercan, por su parte, ha celebrado la sentencia que la exime de responsabilidades
Sodercan, por su parte, ha celebrado la sentencia que la exime de responsabilidades y anuncia que los fondos que había reservado para posibles indemnizaciones (2,7 millones de euros) se destinarán ahora a apoyar nuevas iniciativas empresariales. A su vez, ha criticado duramente al PP por lo que considera una campaña de desprestigio.
Con todo, el episodio de GFB queda como un símbolo de cómo un proyecto público-privado puede naufragar estrepitosamente sin que nadie acabe realmente pagando por ello. Una historia de despilfarro sin castigo.
De GFB a Ecomasa: millones públicos perdidos en dos fiascos industriales de la Cantabria de Revilla
Cantabria arrastra el lastre de dos sonados fracasos industriales que han costado decenas de millones de euros a los contribuyentes sin que, a día de hoy, nadie haya rendido cuentas efectivas. Primero fue GFB, la planta de fibroyeso en Orejo, y después Ecomasa-Nestor Martin, la malograda fábrica de estufas en Maliaño. Dos proyectos fallidos con un patrón común: inversión pública millonaria, promesas incumplidas, y una justicia que apenas ha impuesto castigos reales.
GFB: El primer agujero y pufo industrial de Revilla
El caso de GFB (Gypsum Fiber Board) lleva años arrastrando consecuencias jurídicas y económicas. La factoría, impulsada con entusiasmo en 2004 por el entonces presidente Miguel Ángel Revilla y apoyada por la empresa pública Sodercan, iba a ser un motor de empleo e innovación. En la práctica, nunca llegó a producir ni una placa de fibroyeso.
Sodercan, que poseía el 30% del capital, estima que tendrá que asumir hasta ocho millones de euros por la liquidación del proyecto. Inicialmente se barajaba una cifra incluso superior, de hasta 12 millones. La empresa ya ha provisionado 2,78 millones en sus balances, aunque sigue a la espera del fallo de la Audiencia de Cantabria tras haber recurrido una sentencia que la considera responsable solidaria junto a los socios costarricenses del proyecto: Euroamérica y el Grupo Pujol Martí.
El concurso de acreedores de GFB, declarado culpable, dejó un agujero de más de 50 millones de euros, una cifra que podría aún crecer según cómo se cierre la fase de liquidación. La Justicia determinó que existió una «culpa grave» por parte de los administradores, pero los efectos han sido leves: inhabilitaciones simbólicas para algunos responsables, como el exconsejero socialista Miguel Ángel Pesquera y los empresarios Sebastián Tena y Max Fischel. Otros directivos, sin embargo, fueron exonerados.
Ecomasa: el segundo gran atraco del industrial Revilla
Mientras GFB aún colea, otro escándalo ya había estallado en paralelo: Ecomasa – Nestor Martin, un proyecto que recibió 18 millones de euros de fondos públicos entre 2012 y 2015, también a través de Sodercan. Esta vez, la fábrica debía producir estufas de alta eficiencia en Maliaño. Tampoco funcionó. Al igual que GFB, Ecomasa estuvo marcada por promesas de empleo, cifras de inversión ambiciosas y respaldo institucional. Pero la historia se repitió: la empresa quebró, los trabajadores se quedaron en la estacada, y el dinero desapareció sin un retorno tangible para la región.
Actualmente, el caso ha sido remitido a la Fiscalía, en un intento tardío de depurar responsabilidades. Pero los antecedentes del caso GFB no invitan al optimismo.
La Audiencia Provincial de Cantabria dejó sin castigo a Revilla y sus amigos
La historia de estas dos aventuras empresariales frustradas pone de relieve la falta de control, de planificación y de rigor a la hora de gestionar inversiones públicas. Tanto en GFB como en Ecomasa, las instituciones confiaron ciegamente en socios privados que no cumplieron sus compromisos, y cuando todo se vino abajo, las consecuencias legales fueron escasas.
Ahora, mientras se espera que la Audiencia resuelva los últimos recursos del caso GFB, en Cantabria muchos se preguntan si algún día se romperá el ciclo de inversiones públicas fallidas en Cantabria sin responsables reales. Por el momento, el balance es claro: millones de euros evaporados y muy pocas explicaciones convincentes.
El TSJC absuelve a Marcano e Higuera de prevaricación por el caso de la Casa de los Gorilas
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha absuelto al exconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Javier López Marcano, y al exdirector general de la empresa pública Cantur, Diego Higuera, del delito de prevaricación administrativa relacionado con la construcción de la Casa de los Gorilas en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Ambos se enfrentaban a penas de inhabilitación de hasta nueve años por haber impulsado este proyecto sin contar con las licencias ni los trámites legales requeridos.
La sentencia, sin embargo, incluye un voto particular de la presidenta de la Sala de lo Civil y Penal, Paz Hidalgo, quien discrepa de la absolución y considera que sí existió prevaricación. Su opinión disidente representa una condena simbólica para los acusados. El delito de prevaricación implica que un funcionario adopta una decisión injusta de forma consciente. En este caso, tanto la acusación como la magistrada disidente entendían que se dio esa situación al construirse un edificio público sin las licencias necesarias.
Durante el juicio salieron a la luz diversas irregularidades en la gestión de Cantur, como contratos verbales, falta de documentación y una tramitación laxa de los asuntos en el Consejo de Administración. En esa línea, la sentencia reconoce que hubo irregularidades en torno al proyecto, que arrancó con un encargo verbal en junio de 2004 y cuyo contrato no se formalizó hasta agosto de 2006, meses después de que ya hubieran comenzado las obras.
Una gestión irregular, pero no delictiva: un clásico en la presunta corrupción de Revilla
El fallo considera que los hechos no constituyen prevaricación porque no se trató de un acto administrativo sino de una relación jurídica de carácter privado con una empresa. También se señala que las empresas públicas como Cantur se rigen por el derecho privado.
Respecto a la ausencia de licitación, el tribunal alude a la falta de quejas de otras posibles empresas interesadas y a la imposibilidad de confirmar si toda la documentación del proceso se conserva. De igual modo, se descarta que hubiese intención de ocultar información, y se subraya que el objetivo del proyecto era legítimo: construir una infraestructura de interés público para atraer más visitantes al parque. El tribunal también muestra una actitud comprensiva hacia los acusados. A Higuera lo describe como “lego en derecho”, y respecto a Marcano apunta que no puede descartarse que actuara convencido de que el proceso había cumplido con los requisitos de publicidad y concurrencia.
Aunque se reconoce la falta de licencia, no se interpreta como un intento deliberado de eludir la legalidad, ya que se celebraron reuniones para tratar de solventar el problema.
Marcano e Higuera debieron ser considerados responsables directos del proyecto
En su voto particular de 30 páginas, frente a las 37 del fallo principal, la presidenta de la Sala, Paz Hidalgo, sostiene que Marcano e Higuera tuvieron una implicación “directa y total” en el proyecto. Rechaza que no se les considere funcionarios públicos, dado que Cantur es una empresa pública y, por tanto, sus actos deben enmarcarse en el ámbito del derecho administrativo. Hidalgo argumenta que el hecho de que se tratara de una entidad pública obliga a aplicar criterios como la libre concurrencia en los procesos de adjudicación, algo que no se cumplió. También critica que el proyecto no se sometiera a publicidad, y señala que en otras ocasiones Cantur sí lo había hecho, incluso con la intervención del propio Marcano.
Respecto a la supuesta urgencia de construir la Casa de los Gorilas para recibir a los animales desde Madrid, Hidalgo considera que fue un argumento infundado, ya que no existía una fecha impuesta para su traslado. Asimismo, cuestiona que las irregularidades fueran subsanables, ya que se trataban de problemas relacionados con la normativa urbanística vigente. Por todo ello, considera que tanto Marcano como Higuera debieron ser considerados responsables directos del proyecto, y se muestra sorprendida por el intento de la mayoría de la Sala de desvincularles de la tramitación del expediente. En su opinión, resulta “inconcebible” que Marcano, con su dilatada experiencia en la gestión pública, ignorase los requisitos legales necesarios para una obra de este tipo.
Revilla sobre la Casa de los Gorilas: “Se hizo sin licencia, pero aquí, dinero, no se ha llevado nadie”
El expresidente cántabro y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha salido en defensa de su exconsejero de Turismo, Javier López Marcano, imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa por la construcción de la Casa de los Gorilas en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Revilla ha reconocido que la obra se realizó «sin licencia», pero ha recalcado que «dinero no se ha llevado nadie», marcando distancia entre la prevaricación y la malversación de fondos.
“Una cosa es prevaricación y otra muy distinta, malversación”, ha insistido Revilla durante su intervención en el foro Tengo una pregunta para usted, celebrado en la Universidad de Cantabria ante cerca de un centenar de estudiantes. Allí respondió a varias cuestiones lanzadas a través de Twitter, abordando temas políticos y económicos de actualidad. En tono irónico, el líder regionalista calificó de “tropelía” los hechos por los que Marcano será juzgado, asegurando que su Gobierno sí solicitó licencia para construir el habitáculo destinado a los gorilas, aunque esta nunca fue concedida por el Ayuntamiento de Villaescusa. Según explicó, la negativa se debió a un enfrentamiento político derivado de una moción de censura.
Prevaricación administrativa por la construcción de la Casa de los Gorilas de Cabárceno
Revilla matizó que la obra se ejecutó “con informes favorables”, aunque sin la autorización municipal correspondiente. Y añadió que “todo el parque de Cabárceno está hecho sin licencia”, subrayando que se trata de una práctica habitual en determinados proyectos públicos de interés general. En relación al delito de prevaricación, el dirigente del PRC consideró que su interpretación es “muy relativa”, ya que —según su opinión— un juez puede considerar que una decisión fue tomada “a sabiendas” prácticamente en cualquier momento. “Los gobernantes podrían prevaricar todos los días si nos atenemos a esa lógica”, reflexionó.
Para concluir, Revilla pidió esperar a la decisión judicial: “Lo que diga el juez. Si lo condena, pues se acata la sentencia, está claro. Pero insisto: aquí, dinero no se ha llevado nadie”. Y luego vas tú y te lo crees.
