Por Alfonso de la Vega
La última fechoría del ilustre gobierno de Su Majestad ha sido plantear un pintoresco chantaje a los honrados moradores del palacio de San Jerónimo. O me apruebas este engendro ventajista que presento a deshora, con nocturnidad y alevosía, u os echo encima al pensionista heroico televidente. El meter una cuestión de interés público como la revalorización monetaria de las pensiones junto a toda clase de arbitrarias trampas partidarias constituye una infamia. Un “trágala perro” propio de una mente depravada y un alma negra de psicópata entenebrecido.
Pero toda ciencia trascendiendo cabe afirmar que desgraciadamente en el reino filipino ya todo ha devenido en una grotesca parodia de lo que debiera ser una sociedad civilizada. Si no recuerdo mal ya llevamos dos años sin aprobar presupuestos, es decir, sin presupuestos dentro del marco legal propio de esta legislatura, cosa que tampoco es tan de extrañar ya que de modo más bien imprudente, o incluso temerario Su Majestad se apresuró a designar como candidato a la presidencia del gobierno a un falsario sin escrúpulos del que para colmo ya conocía sus mañas y que además no había demostrado disponer de los apoyos parlamentarios necesarios para tan magna aventura como es una feliz y pacífica bienintencionada gobernación.
“Mentidero de Madrid
Decidme: ¿quién mató al Conde?
Dicen que lo mató el Cid
Por ser el conde Lozano
¡Disparate chabacano!
La verdad del caso ha sido
Que el matador fue Bellido
Y el impulso, soberano.”
De modo que, contraviniendo cualquier tratado de Hacienda o siquiera el más mínimo sentido común o democrático, en el actual reino filipino los presupuestos y las elecciones son cosas disjuntas. Cada una va por su lado. Una anomalía paradójica puesto que la tradición desde que existen las Cortes allá por la Edad media es que se precisaba aprobar los presupuestos indicando ingresos y dedicación de gastos para poder mantener el gobierno. Pero aquí estamos inventando una democracia posmoderna, o aún mejor, una pos democracia.
Bien es verdad que la encargada de la cosa de los presupuestos generales del estado no es una prestigiosa hacendista, sino una insólita gesticulante dama matasanos y mata-gramáticas, pero eso no explica todo.
En condiciones democráticas normales en un sistema parlamentario si un gobierno se ve incapaz de sacar adelante unos presupuestos generales del Estado que es la ley base de actuación política de cada ejercicio anual dimite en busca de otra composición gubernamental o disuelve las Cortes. Lo que ahora hace el gobierno de Su Majestad, el truco de esperar a que transcurra el plazo establecido sin tan siquiera presentar los presupuestos, aunque fuesen rechazados, para luego intentar colar como puñalada de pícaro un abigarrado decreto totum revolutum debe calificarse de fraude político, una burla, un acto dictatorial de primera magnitud que descalifica al que lo perpetra, pero también a quien lo consiente.
La oposición, si la hubiere, tendría que presentar una moción de censura para salvar al menos la dignidad parlamentaria.
Ahora bien, entre las facultades que la constitución otorga al rey está la de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, precepto que si no constituye un hipócrita brindis al sol le obligaría a alguna forma de intervención para salvaguardar la dignidad institucional. Una cosa es ser “neutral” y otra muy diferente consentir ser “neutralizado”. Al final no serviría de nada disponer de un armamento de todo tipo si no hay voluntad de emplearlo para algo preciso. Cabe recordar que no vale todo ni tampoco el no hacer nada, ya que cada vez sirve de menos el manido argumento que “esto es la democracia” y que si no hay rey viene el lobo feroz republicano.