domingo, abril 21, 2024
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Los funcionarios se someterán anualmente a un examen de desempeño que podría afectar a sus puestos de trabajo

Para evitar perder los fondos europeos, el gobierno ha anunciado una serie de reformas en la administración pública, tal y como se comprometió en su día con Bruselas. A través de un decreto de medidas urgentes entre las que se aborda la Ley de Función Pública, una de las reformas consiste, según ha publicado el diario ABC, en unas pruebas de desempeño a los empleados públicos, es decir, a los más de tres millones de funcionarios que tenemos en España.

Esto ha provocado un debate en torno a la implementación de pruebas de desempeño que condicionan la permanencia en un cargo público. Si bien estas evaluaciones pueden tener beneficios notables, también plantean desafíos significativos y algunas trampas potenciales que requieren atención.

El propósito fundamental de estas pruebas es asegurar que los funcionarios públicos mantengan altos estándares de rendimiento, compromiso y competencia en el ejercicio de sus funciones. Esta medida, en teoría, busca fomentar la eficiencia y la calidad en el servicio público, pero una de las preocupaciones más destacadas es la imparcialidad en la evaluación. La subjetividad inherente a la evaluación del desempeño puede resultar en juicios sesgados o decisiones injustas que podrían afectar la seguridad laboral de los empleados. Además, la falta de criterios claros y objetivos para medir el rendimiento puede generar ambigüedad en el proceso de evaluación.

Otro desafío crítico es la presión adicional que estas pruebas pueden ejercer sobre los empleados. El temor a perder el trabajo podría influir negativamente en el desempeño laboral y la salud mental de los funcionarios públicos. Esta tensión puede desviar la atención de la calidad del servicio prestado a los ciudadanos hacia la preocupación constante por mantener el empleo.

Con el objeto de suavizar la normativa, el ejecutivo ha decidido dejar en manos de la negociación colectiva los criterios específicos de evaluación. De este modo, el gobierno pactará con los sindicatos (en fin…) cómo deben ser estos exámenes a los funcionarios.

La evaluación de desempeño se realizará una vez al año y en ella se medirá la conducta profesional y el rendimiento de los funcionarios de forma individual, lo cual influirá directamente en aspectos como el sueldo, los incentivos, los ascensos o los traslados.

Lo que es una realidad es que tenemos demasiados funcionarios y sobre ellos no se ejerce ningún control. Los partidos políticos que nos han gobernado en las últimas décadas, como medida electoralista, han ido convocando múltiples ofertas de empleo público para crear miles y miles de puestos que ahora nos toca soportar. Eso sin contar los funcionarios fuera de carrera, es decir, los enchufados de los políticos. No es ninguna novedad que muchos empleados públicos «no dan un palo al agua», que parte de su jornada laboral la dedican a cosas personales como compras, gestiones varias, peluquería, cafés interminables…y nadie se atreve a criticarlo públicamente.

Mucho nos tememos que estas medidas del gobierno van a ser de todo menos efectivas. Ya lo iremos viendo…

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1 COMENTARIO

  1. Conociendo los objetivos y el modo de proceder de los ocultos amos me temo que la verdadera oculta razón está en prohibir en el trabajo el ejercicio de la libre conciencia y en obligar a que los funcionarios se conviertan en fieles transmisores de la ideología woke. Al tiempo

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