Durante los últimos cinco años hemos vivido en España diversos acontecimientos, protagonizados todos por Pedro Sánchez, que han demostrado la quiebra del sistema, llamado democrático.
La debilidad del régimen del 78, como le han llegado a llamar los políticos, ha quedado de manifiesto, al estar carente de medios legales de autodefensa, contra los ataques de un grupo de partidos que han controlado el gobierno de la nación.
La llegada al poder de Pedro Sánchez se produjo a causa de una moción de censura, que tuvo su origen en una “morcilla” introducida en una sentencia, dictada por un juez llamado De Prada sobre el “caso Gurtel”, juzgado por la Audiencia Nacional, que incluyó argumentos innecesarios en sus fundamentos derecho. El control del partido sobre ciertos jueces dejó patente la debilidad del poder judicial y de su influencia ideológica a favor de ciertas siglas.
Fuimos testigos de la imposibilidad legal de cesar a un presidente del gobierno, al que el Tribunal Constitucional había decretado la inconstitucionalidad de los decretos de confinamiento de 48 millones de españoles. También contemplamos con estupor la imposibilidad del parlamento, sede de la soberanía nacional, de impedir que el presidente del gobierno les cerrara las puertas, suspendiendo la actividad parlamentaria, mientras el gobernaba de espaldas a la Constitución, a golpe de decreto.
Palidecimos al ver como Pedro Sánchez hacía comparecer en televisión a un General de la Guardia Civil, llamado De Santiago, que no tuvo rubor en decir en público que el Instituto Armado, se estaba dedicando a espiar a los españoles y ratificó la vigencia de su orden en la que se exigía seguir bulos y desinformaciones que generasen desafección a las instituciones del Gobierno. Quedó clara la intención del Gobierno de limitar la libertad de expresión o de información, recopilando esas informaciones y de actuar contra la crítica política.
Asistimos impertérritos a la modificación del Código Penal por parte de Pedro Sánchez, a gusto de los separatistas, para liberarles de los cargos penales que les imputaban los jueces y después indultarles en contra de la voluntad del Tribunal Supremo.
Con estupor hemos visto como se producían disturbios organizados por grupos separatistas organizados en Cataluña que quemaban las calles y como e le prohibía actuar libremente a la policía contra los alborotadores que actuaban en guerrillas, y con vinculaciones a los socios de investidura de Pedro Sánchez.
Se ha descabezado a la Guardia Civil, para tener neutralizado al único cuerpo armado que mantiene la cohesión de la unidad nacional, sacándoles hasta de las carreteras de Navarra, a petición de los socios filoetarras de Sánchez.
Hemos asistido a la corrupción más generalizada, donde ha quedado de manifiesto como el marido de una dirigente separatista en Valencia, era condenado por abusar de una menor protegida por la Generalidad de Valencia, y como se intento tapar el crimen, hasta despidiendo de su trabajo a la menor que había sido víctima de los abusos. Suceso similar ha acaecido en las Islas Baleares.
Hemos sentido con rabia la rebeldía de las autoridades catalanas, al cumplimiento de las sentencias de los tribunales españoles, impidiendo que en España los niños puedan hablar y aprender en español, sin que el gobierno moviera ni un dedo.
Se ha quebrado la política exterior española de los últimos 40 años, por medio de una carta, firmada por el presidente del Gobierno de España, dándole el dominio del Sahara a Marruecos, sin pasar por el Consejo de Ministros, sin consultarse al Jefe del Estado ni al parlamento. Todo ello a causa de haberse sacado información de un móvil del presidente del gobierno y de la ministra de defensa, mediante la utilización de un programa espía, llamado Pegasus, diseñado por una empresa de Israel, la cual se ha negado a contestar a la comisión rogatoria enviada por la Audiencia Nacional al Estado Judío, ante la pasividad del gobierno de España. El juzgado ha cerrado las diligencias y archivado el caso, por falta de colaboración, dado que el gobierno de España ha actuado con pasividad, deseando el archivo del caso.
Se ha nombrado a una Fiscal del Estado, que es pareja del abogado y asesor de las dictaduras americanas y que había sido ministro de justicia del PSOE, habiendo quebrado la imparcialidad de la Fiscalía.
Mientras se rearma Marruecos, nosotros estamos en la cuenta a tras de la jubilación de los aviones Harrier, sin que hayamos decidió aun si vamos a adquirir los F-35 de despegue vertical, dejando inoperativo nuestro buque insignia Juan Carlos I, siendo los europeos que menos invertimos en defensa.
Se han convocado unas elecciones en pleno mes de julio, y el voto por correo está siendo boicoteado, al no contratarse personal de refuerzo y las papeletas no llegan a los electores. El presidente de Correos es un amigo del presidente del Gobierno.
Hemos sido testigos de cómo se han asaltado todas las instituciones del Estado, poniéndose a comisarios políticos a la cabeza de las mismas, desde el CIS, a Correos, pasando por Consejo Superior de Deportes.
Se ha politizado la justicia con ayuda del PP, cesándose del Tribunal de Cuentas a Mariscal de Gante, para colocar al frente a una magistrada afín al PSOE. Se ha controlado por completo al Tribunal Constitucional, con otro comisario político, para que estrangule jurídicamente al nuevo gobierno que puede salir de las urnas, inutilizando su acción legislativa.
Se han introducido en el ordenamiento jurídico leyes inconstitucionales, que destruyen la presunción de inocencia de los hombres, sueltan a violadores y rebajan las penas de prisión a los monstruos sexuales, acaban con la propiedad privada y castran a los menores, sin que sus padres puedan intervenir y dejan que el estado pueda decidir, cuando, y a que hora ha de morir una persona, y si un niño ha de nacer o no. Se adoctrina en la cultura Woke a los menores en los centros educativos, enseñándoles aberraciones sexuales, sin conocimiento de los padres. Se ha dicho que los hijos pertenecen al Estado y no a los padres, sin que haya dimitido ningún miembro del gobierno.
Sánchez ha soportado una huelga de los funcionarios de justicia de 6 meses, que ha llevado al caos, para décadas, a este servicio del Estado. Para el ciudadano, el servicio que presta el estado por la Justicia, es el peor valorado.
El gobierno se ha saltado a la torera las prohibiciones de permanencia en la unión europea de una ministra del Gobierno de Venezuela, dejándole descargar más de 50 maletas en el aeropuerto de Barajas, de contenido desconocido, y cuyo paradero se desconoce y no se ha investigado su destino.
La Agencia Tributaria actúa como un poder paralelo al Estado, sin que tenga limitación alguna de jueces y Tribunales, actuando contra los españoles como una nueva Gestapo fiscal, donde hace tiempo que no existe la presunción de inocencia.
Se han dictado leyes que legalizan la zoofilia, se arruina a los ganaderos y a los agricultores, mientras la ministra “baila con lobos” y derriban presas en plena sequía para luego culpar de la falta de agua al “cambio climático”.
El gobierno ha derribado centrales térmicas en plena crisis energética, ha prohibido explotar nuestra riqueza energética para depender del exterior y explotar nuestra riqueza minera, para no competir con China.
Se permite legalmente que se asalte la propiedad privada, mediante la “okupación”, limitándose los precios de los arrendamientos e interviniendo en el mercado, hasta tal punto, que 100.000 viviendas se han ido del mercado del alquiler.
El presidente del gobierno ha abierto nuestras fronteras, favoreciendo que las mafias y los inmigrantes ilegales, asalten nuestra patria, quebrándose el principio de soberanía.
Han permitido, que potencias extranjeras, a las que subvencionamos su ejército y policía, pongan en duda la españolidad de Ceuta y Melilla, de Canarias y de nuestras plazas de soberanía en el norte de África, sin que suceda nada, ni una nota diplomática, ni haber llamado al embajador español a consultas. No hemos aprovechado el Brexit para terminar de remachar el asunto Gibraltar.
En plena crisis energética hemos abierto un conflicto diplomático con nuestro proveedor de gas, Argelia, que nos ha obligado a buscar fuentes de energía más caras como comprar gas licuado a los norteamericanos y a Rusia, que ahora es nuestro mayor proveedor. Mientras, Rodríguez Zapatero recorre el mundo como embajador y asesor del dictador bananero Maduro, exportando la revolución comunista por Hispanoamérica y Europa.
Ante esto, ¿Es España un Estado fallido?
Como Estado-Nación, España ha sido superado por la violencia interna en Cataluña y las Provincias Vascongadas, donde hace mucho tiempo que el Estado no existe ni se le espera. La autoridad del Estado ha sido sustituida por la legalidad de los gobiernos autónomos, siendo expulsado el Ejército de esas tierras, donde se está dando un golpe de estado permanente.
El Estado no puede garantizar la seguridad ni la propiedad privada, habiéndose privado a los jueces de autoridad, en perjuicio del Estado, con leyes que van en contra del Derecho Natural.
El gobierno ha perdido legitimidad y se ha vuelto ilegitimo ante una gran parte de sus ciudadanos, agravando con su leyes y decretos, dictados sin el parlamento, la crisis económica y social de los españoles, favoreciendo la inflación con una subida desmesurada de los impuestos, una deuda pública impagable por generaciones, en un sistema impositivo claramente confiscatorio.
Se está destrozando el sistema de salud público, atacándose al privado, en vez de complementarse. El sistema educativo público favorece el fracaso escolar, regalando los aprobados y los títulos, sin evaluar la valía y el esfuerzo del alumno. El gobierno está haciendo que los estudiantes y recién licenciados emigren por la falta de trabajo. Gastamos en formar profesionales, que son aprovechados por otros países. Nefasta inversión para un Estado.
Esta situación de estado fallido está llevando a las clases menos favorecidas a la economía sumergida y a que apuesten por vivir de la subvención y no busquen ni trabajo. Sólo buscan ser asalariados de un estado en quiebra que debe más deuda pública, que todo el PIB de un año.
La gente empieza a no creer en el sistema y lo considera corrupto, viendo los casos de corrupción que asolan al partido del Gobierno PSOE.
El Estado no protege a los ciudadanos, no protege las fronteras ni su territorio de ambiciones expansionistas del vecino Marruecos y no termina con las amenazas internas separatistas. La justicia no funciona, habiendo más de 6.000 millones de euros en las cuentas de los juzgados sin devolver a los ciudadanos. Los procedimientos se alargan a una media de más de dos años y la justicia con dilación no es justicia. La gente empieza a no creer en la justicia del estado para resolver sus litigios, yendo a la justicia de hecho.
Los impuestos no paran de crecer y van dirigidos a las clases medias y bajas. Después de financiar las autopistas y autovías con nuestros impuestos, el Estado va a cobrar por usar las carreteras, alegando que le obliga la Unión Europea. ¿No son gratis las autopistas y sin límite de velocidad en Alemania?
Las infraestructuras se deterioran por falta de mantenimiento, con un atraso en comparación con Europa en infraestructuras de comunicaciones y telecomunicaciones. Nuestro sistema bancario no paga por los depósitos, tiene 30.000 millones de euros de dinero barato que le cedió el BCE, que no presta a los españoles para animar la economía y va de escándalo en escándalo y de sentencia en sentencia.
Los ciudadanos no pueden promocionarse socialmente, existiendo grandes diferencias entre las clases sociales. Los españoles no consiguen sus fines empresariales a causa de una burocracia, de trabas administrativas y legales asfixiantes, que llevan al cierre empresarial masivo de pymes y autónomos.
A raíz de esto, solo queda una solución para España, apartar a Pedro Sánchez del poder, al cual es adicto, y reconstruir el Estado de Derecho, modificando la Constitución. Debemos de incluir en ella más mecanismos legales para cesar al presidente del gobierno y limitar al máximo su capacidad de dictar decretos con los que consolida su autocracia. Debemos salvaguardar legalmente a las instituciones del Estado, para que no puedan ser colonizadas por el gobierno de turno. Con ello acabaremos con el cesarismo e irresponsabilidad del presidente del gobierno.
Sin estas medidas el sistema político democrático está muerto y bien muerto.