El sector bancario ha sido sacudido durante años por escándalos financieros que han erosionado la confianza de los inversores y el público en general. Uno de los casos más destacados fue el del Banco Popular, cuyo expresidente, Ángel Ron, se enfrenta ahora a un juicio junto con la firma de auditoría Prive Waterhouse Coopers (PwC) por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016.
El juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dictaminado este lunes que Ron, junto con doce ex-directivos del Banco Popular y PwC, deberán responder ante la justicia por lo que se describe como un «engaño» a los inversores durante la ampliación de capital en 2016. Según el auto del juez, el Consejo de Administración presidido por Ron habría maquillado las cuentas del banco y ocultado su verdadero estado financiero a los inversores.
El caso, que se remonta a octubre de 2017 cuando se abrió la causa penal, arroja algo de luz sobre prácticas financieras cuestionables que socavan la integridad del sistema bancario. La acusación de alterar conscientemente la información financiera para ocultar déficits de provisiones plantea serias dudas sobre la transparencia y la responsabilidad corporativa en el sector.
Es importante destacar que la resolución del Banco Popular en 2017 fue un hito significativo, ya que fue la primera vez que autoridades europeas, y no nacionales, intervenían en resolver la situación de un banco en crisis, dado que se aplicó el mecanismo de liquidación por parte de la Junta Única de Resolución (JUR), en un banco en riesgo de quiebra en Europa, ya que, al contrario que el Popular, el resto de entidades españolas con dificultades sí fueron rescatados por el gobierno.
Como nota curiosa por no decir escandalosa, ya que ahí fue cuando todo explosionó, la directora ejecutiva de la JUR, una alemana llamada Elke König, fue quién insinuó en un medio de comunicación extranjero que el banco Popular se encontraba con problemas.
La insinuación de esta señora se filtró a toda la prensa, lo que desencadenó que se produjera una fuga masiva de depósitos sin precedentes, siendo instituciones como Gobiernos regionales, Ayuntamientos y Diputaciones, entre otras, las primeras en llevarse los millonarios depósitos de las oficinas centrales del banco. Después fueron las grandes empresas, y por último el turno fue para las Pymes y particulares que continuaron transfiriendo su dinero a otras entidades, o haciendo colas interminables en caja para llevárselo en efectivo ante la perpleja mirada de los empleados, dejando al banco sin liquidez. Curioso ¿verdad?.
Se da la circunstancia de que unas semanas antes, el que fuera ministro de economía, Luis de Guindos, ahora bien colocado en el Banco Central Europeo, aseguraba que el banco era solvente y no tenía ningún problema de liquidez (cosa esta última que era cierta), y añadía que su futuro lo decidirían sus accionistas. Nada más lejos de la realidad pues, según indicaron algunos directivos de la entidad, fue precisamente él quien nombró a Emilio Saracho – procedente de JP Morgan- para sustituir a Ron en la presidencia del banco y promover su venta o «liquidación». Curiosamente el Juez ha archivado provisionalmente la causa contra Saracho al no encontrar pruebas de irregularidades contables.
En la noche del 6 de junio del 2017, aprovechando la discreta nocturnidad, se produjo lo que ni empleados ni clientes del banco esperaban: El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como representante español del Mecanismo Único de Resolución (MUR) europeo y con la aprobación del Banco de España, realizó una subasta exprés que ganó el banco presidido por Ana Botín, quien compró por 1€ el que en su día fue el banco más rentable del mundo. La noticia fue recibida por los empleados al día siguiente, provocando un clima de decepción, rabia, tristeza e impotencia ante lo ocurrido. No querían al Santander.
Según publicaban varios medios en aquella época, Ana Botín y Luis de Guindos fraguaron la operación de compra del Popular en la cumbre del selecto ‘Club Bilderberg’. Al parecer, la presidente del Santander invitó a última hora al exministro de economía a la reunión que tuvo lugar en Virginia (EEUU). Es importante recordar que Botín es una de las personas más poderosas del mundo y que de Guindos ocupa la vicepresidencia del BCE desde marzo de 2018, pocos meses después de que se perpetrara la «compra del Popular por 1€».
Como bien denuncia la ‘Asociación de afectados por el Popular’, «Hay 305.000 personas afectados por la estafa del Banco Popular y Banco Santander, Ministerio de Economía, CNMV, Juntas Directivas, Banco de España y BCE son culpables«
.
Y que va a pasar?,irán a la cárcel?,devolverán lo robado?…nos devolverán las propiedades y tierras robadas con préstamos de usura llenos de irregularidades?.
La casa de nuestros padres se vende en una empresa de lotes hipotecarios de Canadá,y la venden a precio de vivienda del centro de Madrid,y está en un pueblo donde saben que la gente es pobre.
De todos modos sabemos,que los financieros han robado en colaboración de los Jueces en entramados de abogados,inmobiliarias,bancos y juzgados.
Todos los créditos estaban sobrevalorados,y los daban en tiempos de crisis cuando no había ni empleo,como ahora con los créditos COVID,que para eso hicieron quebrar tantas empresas.
Y quienes están por arriba de estos?…parece ser que siempre los mismos,los Rosthchild,el Banco Mundial,el WEF,etc.Logias,Iluminatis…grados 33 con asesinato de niños…
Tanto que se habla ahora del QFS,del BRICS y todo eso,de Nesara!,pues de momento no vemos ese dinero en nuestras cuentas!,ni siquiera para recuperar nuestras propiedades heredadas durante generaciones.
Por cierto no compréis Bitcoin,es una estafa lo están liquidando para obtener dinero para sus búnkers subterráneos,después no valdrá nada.