Los tribunales españoles continúan ejerciendo un papel clave como defensores de los conductores frente a las sanciones de la Dirección General de Tráfico (DGT). En una nueva sentencia, un tribunal de Madrid ha anulado una multa impuesta por uno de los radares de última generación más controvertidos, dejando en entredicho la validez de miles de sanciones similares.
Estos dispositivos, equipados con inteligencia artificial, controlan los cambios de carril que implican cruzar líneas continuas. Su objetivo es evitar maniobras indebidas, pero su funcionamiento ha generado fuertes críticas. Según la sentencia, los radares no captan el momento exacto de la infracción: en lugar de fotografiar el vehículo pisando la línea continua, toman dos imágenes separadas —una en cada carril— y asumen que se ha producido el cruce ilegal.
Automovilistas Europeos Asociados (AEA) recurrió la sanción argumentando esta deficiencia probatoria, y el tribunal les dio la razón. Las dos fotos aportadas por la DGT no demuestran fehacientemente que el vehículo haya invadido la línea continua, lo que invalida la prueba y anula la multa.
Un riesgo para la seguridad vial
Más allá de las irregularidades procesales, estos radares plantean un problema de seguridad. En situaciones de emergencia —como un reventón de neumático, un obstáculo repentino o la necesidad de esquivar a otro vehículo—, el conductor podría dudar en cambiar de carril por temor a ser multado. Este “efecto disuasorio” podría llevar a maniobras más peligrosas, priorizando evitar la sanción sobre reaccionar de forma instintiva y segura.
Actualmente, existen alrededor de una decena de estos radares en España, con una especial concentración en la Comunidad de Madrid (A-1, A-2 y M-40). Su carácter “voraz” desde el punto de vista recaudatorio ha sorprendido a muchos conductores, que no esperaban sanciones por este tipo de infracciones.
Un patrón recurrente
Esta sentencia se suma a otras recientes que cuestionan los métodos de la DGT en el control automatizado de infracciones. Los tribunales han anulado multas por deficiencias en las pruebas fotográficas, falta de precisión o problemas de señalización, reforzando la idea de que muchas sanciones se sustentan en evidencias insuficientes.
La resolución, bien argumentada, pone en el foco la necesidad de que los sistemas de vigilancia garanticen pruebas claras y respeten los principios de seguridad vial real, más allá de la mera recaudación.
Los conductores afectados por multas de estos radares de línea continua pueden estudiar recurrirlas, especialmente si las pruebas se limitan a las dos fotografías secuenciales sin captar el cruce de la línea. La Justicia parece estar marcando un límite claro a prácticas que, además de discutibles desde el punto de vista legal, podrían comprometer la seguridad en la carretera.
