La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado hoy, por unanimidad, una declaración institucional en la que expresa su “preocupación” por las manifestaciones de altos responsables del Estado que cuestionan la independencia y el sometimiento a la ley de las actuaciones judiciales. El comunicado llega en un momento especialmente delicado, marcado por numerosas investigaciones que salpican al PSOE, a su cúpula y al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez.
En el texto, el órgano de gobierno de los jueces advierte de que estas críticas “contribuyen a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho”. Además, subraya que “la defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de Derecho”.
“Un entorno de esta naturaleza debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada y cuestiona los fundamentos del Estado de Derecho al instrumentalizarse la actividad judicial”, añade la declaración. El CGPJ recuerda “la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial, respeto que no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de Derecho y de las libertades del ciudadano”.
Esta reacción institucional se produce tras las crecientes críticas desde el Ejecutivo y el PSOE a diversas resoluciones judiciales. Entre los casos más destacados figuran:
- La causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente, procesada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
- La investigación sobre el hermano de Sánchez, David Sánchez, cuyo juicio ha comenzado recientemente por su contratación en la Diputación de Badajoz.
- La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, por presuntos delitos de tráfico de influencias y otros relacionados.
- La denominada “trama de las cloacas” del PSOE, que investigaría una supuesta red para desacreditar o interferir en procedimientos judiciales sensibles.
Estas y otras causas (como derivadas del caso Koldo) han generado un intenso debate político, con acusaciones mutuas de lawfare (utilización política de la justicia) por parte del Gobierno y de ataques intolerables a la independencia judicial por parte de sectores de la magistratura y la oposición.
La declaración de la Comisión Permanente se ha aprobado de forma unánime, lo que refuerza el mensaje institucional en un órgano habitualmente dividido. La presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha venido insistiendo en las últimas semanas en la necesidad de cesar las “presiones intolerables” e “insultos” a los jueces.
El comunicado no menciona casos concretos ni personas, pero resulta inequívoco en el momento en que se publica y en el contenido. Es claramente una defensa corporativa de la labor de los jueces frente a lo que perciben como intentos de deslegitimación sistemática cuando las resoluciones afectan a intereses políticos concretos.
Desde el PSOE se ha insistido en que las críticas al Poder Judicial forman parte del legítimo debate democrático y se han referido a supuestas “persecuciones” o “lawfare”. Por su parte, desde el PP y otras fuerzas de la oposición se celebra que el CGPJ “ponga los puntos sobre las íes” y exija respeto a la separación de poderes.
El comunicado del CGPJ llega en un momento de máxima tensión institucional. Mientras el Ejecutivo enfrenta un rosario de frentes judiciales, el órgano de los jueces recuerda que la independencia judicial no es un privilegio, sino un pilar constitucional que todos los poderes del Estado están obligados a respetar.
