Hoy, 7 de abril de 2026, el Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de reforma constitucional que pretende blindar el aborto en la Carta Magna. La propuesta, que añade un apartado al artículo 43 (el de la protección de la salud), convertirá la interrupción voluntaria del embarazo en una prestación pública garantizada por los poderes del Estado. Para salir adelante necesitará el apoyo de tres quintos del Congreso y del Senado, una mayoría cualificada que, de momento, parece complicada. Pero el mensaje es claro: este Gobierno no solo defiende el aborto, sino que quiere elevarlo a rango constitucional.
Y mientras lo hace, en España nacen cada vez menos niños y los abortos siguen disparándose. El año pasado se registraron más de 100.000 interrupciones voluntarias del embarazo, una cifra que roza récords históricos y que equivale a borrar de un plumazo a toda una generación de españoles. Al mismo tiempo, la natalidad sigue en niveles catastróficos, con un país que envejece a pasos agigantados y que parece haber decidido suicidarse demográficamente.
Pero lo más estremecedor no son solo las cifras. Es lo que realmente ocurre dentro de una clínica de aborto. Porque cuando se habla de “interrupción voluntaria del embarazo” se está hablando, en la inmensa mayoría de los casos, de descuartizar a un bebé vivo. En los procedimientos más habituales (especialmente entre las semanas 8 y 14, que son las mayoritarias), se introduce instrumental en el útero para desgarrar, triturar y aspirar el cuerpo del feto. Brazos, piernas, cabeza y tronco son literalmente arrancados y succionados a trozos. El corazón del bebé puede estar latiendo mientras lo despedazan. Eso no es “salud reproductiva”. Eso es un asesinato a sangre fría, disfrazado de derecho.
Y lo más indignante es la frivolidad con la que se trata todo esto, especialmente entre adolescentes. Para una parte de la juventud actual, abortar se ha convertido en algo tan normal como ir al dentista o a una clínica de estética para quitarse una verruga. “Total, es solo un trámite”, se oye. Una pastillita, un procedimiento rápido y “problema resuelto”. Se trivializa la muerte de un ser humano inocente como si fuera un piercing o un corte de pelo. Se ha normalizado tanto que ya ni siquiera genera culpa. Es la cultura del “mi cuerpo, mi decisión” llevada al extremo más cínico: el cuerpo del bebé no cuenta, su vida no vale nada.
Este Gobierno, al que ya se le puede llamar sin exagerar el ‘Gobierno de la Muerte’, celebra esta reforma como un avance feminista y de progreso. En realidad es un paso más en la deshumanización de la sociedad española. Mientras gastan millones en campañas para “visibilizar” supuestos derechos, miles de bebés son literalmente hechos pedazos cada mes en clínicas públicas y privadas. Y lo peor: lo convierten en un “derecho” constitucional para que ningún futuro Gobierno pueda tocarlo.
España no necesita más abortos «constitucionales». Necesita más nacimientos, más familias, más vida. Necesita que se deje de tratar a los bebés no nacidos como un estorbo desechable y que se empiece a protegerlos como lo que son: seres humanos con derecho a existir. Mientras tanto, cada vez que este Ejecutivo aplauda una reforma como esta, recordemos lo que realmente están defendiendo: el derecho a descuartizar bebés en nombre de la “libertad”.
Es una vergüenza nacional. Y es, sobre todo, una tragedia moral.
(Por Lourdes Martino)