Este es un nuevo episodio que ilustra el despilfarro sistemático de las administraciones públicas en España: la Diputación de Valencia ha decidido retirar los teléfonos móviles corporativos a los sindicatos CSIF, UGT y CC OO tras descubrir una factura astronómica de 8.000 euros generada por un delegado de CSIF.
El gasto, correspondiente al mes de agosto de 2025 –justo en plenas vacaciones–, se debió, según afirman algunos medios, a conexiones vía satélite (a saber en qué portales se metió el fulano), un lujo que pagamos todos los contribuyentes con el dinero que nos roban de nuestros bolsillos.
La institución, presidida por el popular Vicent Mompó, abonó inicialmente el montante, pero ahora exige su reintegro al delegado o al propio CSIF, que finge sorpresa y asegura no saber nada del asunto. Menudos cínicos caraduras.
Lamentablemente este incidente no es un hecho puntual ni mucho menos, sino la punta del iceberg de un sistema totalmente podrido donde los sindicatos actúan como parásitos subvencionados que chupan del bote público. El sindicato CSIF, que se autodenomina «independiente», ha demostrado ser todo lo contrario: dependiente del erario para financiar caprichos personales de sus liberados. ¿Cómo es posible que un delegado genere tal factura en vacaciones? ¿En qué demonios se metió este señor para acumular 8.000 euros en conexiones satélite? ¿Estaba en un yate en alta mar, en una expedición al Polo Norte, visitando páginas para adultos de pago o quizás coordinando alguna trama opaca desde un paraíso fiscal? La explicación oficial apunta a un «uso incorrecto» en el extranjero, sin más explicaciones, pero huele a excusa barata para tapar un abuso flagrante. Y mientras, el CSIF pide que le quiten el teléfono a su propio delegado, como si eso borrara el escándalo.
Pero no nos quedemos solo en el CSIF: los sindicatos en general son un lastre para la sociedad española. Subvencionados hasta las cejas con dinero de todos –partidos, fundaciones, oenegés y chiringuitos varios–, se dedican a vivir del cuento mientras fingen defender a los trabajadores. Son maquinarias clientelares que perpetúan la corrupción, con liberados que cobran sin trabajar y que usan recursos públicos para agendas políticas sesgadas. Basta ver cómo reciben fondos por representación en ayuntamientos, diputaciones y parlamentos regionales, sin aportar valor real más allá de huelgas selectivas y protestas convenientes.
Y qué decir de las instituciones implicadas. La Diputación de Valencia, como la mayoría de las diputaciones provinciales, es un ente obsoleto y duplicado que no hace más que generar despilfarro y nepotismo. Estas reliquias del pasado sobreviven para colocar a dedo a cargos políticos y sus amiguetes, multiplicando burocracia innecesaria en un país ya asfixiado por 17 autonomías que compiten en derroche. Autonomías, con sus parlamentos hinchados y sus redes clientelares, fomentan la corrupción sistémica en contrataciones públicas, obras faraónicas y subvenciones a dedo.
En España, la descentralización ha servido para crear minifundios de poder donde el soborno, la malversación y el nepotismo campan a sus anchas, como denuncian distintos informes que sitúan a nuestro país entre los más corruptos de Europa occidental.
¿Por qué mantenemos estas estructuras? Porque benefician a los de siempre: políticos, sindicalistas y enchufados que viven del erario sin aportar absolutamente nada bueno. Este caso de la Diputación de Valencia debería ser el detonante para una limpieza profunda. Basta de móviles corporativos para liberados que los usan como si fueran suyos; basta de diputaciones que duplican funciones con ayuntamientos y autonomías; basta de autonomías que inflan presupuestos para colocar a dedo a miles de cargos inútiles. Y nosotros, los tontos de siempre, pagamos la cuenta.
Este artículo se hacía eco de otro caso de corrupción sindical, concretamente de UGT: https://eldiestro.info/2023/09/el-nuevo-escandalo-destapado-en-ugt-que-deberia-provocar-que-se-cortaran-las-subvenciones-de-una-vez/