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La Audiencia de Madrid reabre la causa y acerca al banquillo al director general de la Policía por presunto acoso y coacciones a Samuel Vázquez

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha dado un paso decisivo al revocar el sobreseimiento libre dictado por la juez instructora y ordenar la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado contra Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía Nacional.

El tribunal aprecia indicios suficientes de los delitos de acoso, coacciones y prevaricación en la querella presentada por Samuel Vázquez Álvarez, ex policía nacional, presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI y actual portavoz de Interior, Inmigración y Seguridad de Vox, así como cabeza de lista del partido por Ávila.

Samuel Vázquez interpuso la querella por lo que describe como una “conducta de hostigamiento sucesivo y coactivo”. Según los hechos denunciados y recogidos en las resoluciones, la Dirección General de la Policía le abrió hasta seis expedientes sancionadores en un periodo corto, por declaraciones y publicaciones en redes realizadas como presidente de su asociación. También se le denegó la excedencia voluntaria que solicitó para presentarse a elecciones y se adoptaron otras resoluciones administrativas en su contra. Vázquez sostiene que estas actuaciones respondieron a sus intervenciones públicas sobre seguridad ciudadana, delincuencia e inmigración. La Audiencia considera que el resultado de las diligencias de instrucción (declaraciones de testigos, del propio Vázquez y de los mandos) permite conformar hechos que indiciariamente pueden encajar en los tipos penales denunciados, por lo que deja sin efecto el archivo y ordena continuar el procedimiento.

La asociación Policías del Siglo XXI difundió la noticia el pasado sábado en redes sociales y apenas tuvo repercusión en los medios. Así lo comunicó :

» ÚLTIMA HORA | LA JUSTICIA DA UN PASO DECISIVO CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA.

Tres años de persecución a Samuel Vázquez @guidoprincesa. Tres años intentando silenciar a quien se atrevió a denunciar lo que ocurre dentro de la Policía.

La Audiencia Provincial acaba de dar un golpe sobre la mesa: revoca el sobreseimiento y ordena continuar el procedimiento contra Francisco Pardo por presuntos delitos de prevaricación, coacciones y acoso.

El poder no puede ser impune. La placa no es una mordaza y la libertad de expresión no se negocia.

La justicia sigue su camino. Y nadie está por encima de la ley.»

El comunicado iba acompañado de esta nota de prensa:

 

Vázquez ha subrayado en declaraciones recientes que han sido “tres años de lucha contra una injusticia” que ha afectado también a su familia, y ha insistido en que los jueces, fuera del ámbito del régimen disciplinario interno, han podido apreciar el hostigamiento y el abuso de poder.

Las declaraciones que motivaron las sanciones y el cambio de clima mediático

Años atrás, Samuel Vázquez, como policía en activo y dirigente de su asociación, realizó declaraciones públicas y publicaciones en redes en las que vinculaba la inmigración irregular descontrolada con el aumento de determinadas formas de delincuencia, incluidas agresiones y bandas. Esas opiniones le valieron varios de los expedientes disciplinarios abiertos por la Dirección General. Parte de esas sanciones fueron recurridas y en algunos casos los tribunales dieron la razón al agente, recordando que, fuera de servicio, no está privado de derechos fundamentales como la libertad de expresión, más allá de los límites legales expresos.

Hoy, cuando los medios abordan con mayor frecuencia las cifras de delincuencia y su posible relación con flujos migratorios irregulares, aquellas declaraciones de Vázquez, que en su momento generaron expedientes y polémica, aparecen en un contexto mediático distinto. El propio Vázquez ha mantenido de forma consistente que se trataba de denunciar realidades que vivía como agente y que el silencio institucional no era opción.

El perfil político de Francisco Pardo Piqueras

Francisco Pardo Piqueras (Abengibre, Albacete, 1962) no es un funcionario de carrera policial al uso. Es un político del PSOE con una larga trayectoria ligada a José Bono. Fue consejero de Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con Bono (2003-2004). Cuando Bono pasó a ministro de Defensa en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Pardo se convirtió en su número dos: secretario de Estado de Defensa (2004-2007). Posteriormente presidió las Cortes de Castilla-La Mancha (2007-2011). Tras abandonar la primera línea política, ocupó puestos en el sector privado vinculados a empresas de defensa y seguridad.

En junio de 2018, poco después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, fue nombrado director general de la Policía a propuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ocupa el cargo desde entonces. Su estrecha relación con Bono es de sobra conocida en los círculos políticos y policiales; se le ha descrito en numerosas ocasiones como “hombre de Bono”. También mantiene vínculos de amistad y contacto con el entorno de Zapatero. Fuentes periodísticas recogieron una reunión entre Pardo y Zapatero el 12 de diciembre de 2024, documentada en agendas intervenidas en el marco de investigaciones judiciales que afectan al expresidente.

Estas conexiones políticas —la estrecha colaboración con Bono en Castilla-La Mancha y en Defensa, el nombramiento bajo el Gobierno de Sánchez y los contactos con el entorno de Zapatero— han sido objeto de atención mediática y de críticas desde ámbitos policiales y políticos, especialmente cuando se han producido polémicas relacionadas con la dirección del Cuerpo.

Alcance de la decisión judicial

La decisión de la Audiencia Provincial no supone aún un juicio oral ni una condena. Ordena continuar la instrucción y transformar las diligencias en procedimiento abreviado, fase previa a un posible enjuiciamiento. Pardo Piqueras y otros mandos habían sido investigados previamente; la juez de instrucción archivó en su momento al no apreciar indicios suficientes tras tomar declaración a testigos, pero la Audiencia ha corregido ese criterio.

Samuel Vázquez, que pasó a la situación de servicios especiales y se incorporó a Vox como asesor y después como portavoz nacional de Seguridad, Inmigración e Interior, encabeza ahora la lista del partido por Ávila. Su caso se ha convertido en un ejemplo para quienes denuncian que el régimen disciplinario policial se ha utilizado de forma selectiva contra voces críticas con la política de seguridad e inmigración del Gobierno.

La resolución judicial reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el uso del poder disciplinario y la independencia con la que deben actuar los altos mandos policiales nombrados por criterios políticos. Mientras la causa sigue su curso, el mensaje de la Audiencia es claro: existen indicios que merecen ser investigados en sede judicial y nadie, ni siquiera el director general de la Policía, está por encima de la ley.

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