Por Alfonso de la Vega
Uno de los criterios básicos en Criminología es la búsqueda de los que se benefician por la acción perpetrada. Seguir el dinero. También debiera hacerse en el caso de Ceuta entre los culpables como colaboradores necesarios y beneficiarios de la invasión. Las invasiones y el tráfico de personas se han convertido en un negocio muy boyante del que se lucran unas organizaciones que dicen ser filantrópicas y no gubernamentales, dos atributos, dos mentiras. En efecto, captan fondos sustraídos al contribuyente por el fisco voraz que padecemos, es decir fondos del gobierno y lo de la filantropía se desenmascara sola al comprobar que contribuyen a perpetuar la trata, y a toda otra clase de calamidades.
Hace unas semanas me hacía eco de un estudio de Carlos Balén publicado en Infovaticana que resulta clarificador para entender el rol de Preboste y de la CEE en las políticas de invasión descontrolada. Algunos datos reveladores serían estos:
“Accem fue creada en 1951 por la propia Conferencia Episcopal con el nombre original de Asociación Comisión Católica Española de Migraciones…..
Las cifras explican el silencio mejor que cualquier teología. En 2018 Accem gestionaba 45,9 millones de euros. En 2024 alcanzó los 225,1 millones. Su propia memoria económica reconoce que el 99% de su financiación es pública: 88,16% del Estado central, 7,77% autonómico, el resto pulverizado entre diputaciones, ayuntamientos y fondos europeos. El 1% restante —apenas dos millones— procede del sector privado. Es decir, una fundación nacida del episcopado y todavía dirigida por personal eclesiástico opera con dinero del contribuyente al 99%. La estructura ocupa a 3.839 trabajadores en trece comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Es una administración paralela. Una administración cuyo presupuesto crece exactamente al ritmo al que crecen las llegadas irregulares.
Cáritas presenta cifras de otro orden, pero la lógica es idéntica. En 2024 movió 486,9 millones de euros, un récord histórico. De esos, 143,4 millones provienen de administraciones públicas: el 29,5% del balance global. ,,. La propia memoria reconoce que el 47% de las personas atendidas son inmigrantes en situación administrativa irregular: unas 550.000. Cáritas no acompaña residuos del sistema; acompaña, por volumen, sobre todo a quienes han entrado al margen de la legalidad. Y luego defiende públicamente las regularizaciones extraordinarias y la ampliación del arraigo, como hizo durante toda la tramitación de la ILP en el Congreso. La organización que cobra por atender a inmigrantes ilegales hace lobby para que haya más inmigrantes ilegales que regularizar. No hay misterio.
El conjunto del sistema se entiende mejor con una sola cifra: las subvenciones a entidades de acogida sumaron 1.458 millones de euros entre 2020 y 2024 según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión. La acción concertada articulada en 2022 mediante el Real Decreto 220/2022 y la Orden ISM/680/2022 permite adjudicaciones directas, sin concurso, a un grupo cerrado de operadores.»
Estos datos han sido actualizados por un estudio reciente de Fernando García Romanillos publicado en Vozpópuli. Entre las
“principales ONG que atienden a los marroquíes y subsaharianos que asaltaron la frontera ceutí. Destaca entre ellas, junto a Cruz Roja y Cáritas, ACCEM. Ésta oculta que ese nombre es el acrónimo de Asociación Comisión Católica Española de Migración, tal como lo muestra su identificación fiscal. En el ejercicio 2025 ha recibido 227.938.819 euros de financiación pública por dos vías: 135 millones para ACCEM y 92,9 millones para la Fundación ACCEM. Eso les permite mantener una estructura de grandes dimensiones y actividad diversificada: 4.000 empleados y casi 700 voluntarios en 48 sedes. “Nos hemos puesto al servicio de la sociedad española, de sus instituciones y de las personas que se encuentran en situación más vulnerable”, ha manifestado ACCEM sobre su labor en la ciudad autónoma, reclamando de la población caballa resignación y aguante. “Comprendemos perfectamente el cansancio, los temores y preocupaciones”, dice la ONG subvencionada con casi 228 millones, solo 70 menos que los destinados por el Gobierno a todo Ceuta. “En Accem conocemos bien las dinámicas que rodean los movimientos migratorios y sabemos que los territorios fronterizos y sus poblaciones se ven obligadas a afrontar situaciones de gran impacto”.
Otra ONG protagonista en la atención a inmigrantes y con más de 300 subvenciones públicas recibidas en 2025 por un total de 63 millones de euros, es CONVIVE Fundación Cepaim, que en una declaración sobre los sucesos de Ceuta ni mencionó a los vecinos de esa capital y sí puso énfasis en la protección de los derechos de las personas migrantes. …
Conocido el reparto de los 309 millones de euros que el Gobierno va a destinar a Ceuta, aparecen otras ONG sobre el tablero como Save the Children, con unos directivos cercanos a Pedro Sánchez y subvenciones públicas de 28,7 millones este año, agraciada ahora con 550.000 €, cantidad superior a los 500.000 € destinados a reforzar la atención primaria sanitaria en la capital ceutí….A lo anterior hay que añadir suplementos de crédito para diferentes ministerios que en los casos de Defensa, 74 millones, y de Interior, 18,92 millones con destino a Policía Nacional y Guardia Civil, son de unas cuantías que no se corresponden con los escasos efectivos y medios desplegados en territorio ceutí…”
A la espera del maná salvador de los 18,92 millones los efectivos de orden público en Ceuta disfrutan de unas condiciones tercermundistas impropias de una nación civilizada digna de tal nombre.
Resulta evidente, pues, que una de las formas más eficaces, contundentes y directas de combatir las invasiones es suprimir la financiación gubernamental a las entidades que se lucran con ellas. El propio Preboste si no quiere obviar el principio de contradicción que según Santo Tomás ni el propio Dios puede negar, debiera aprobarlo de asumir su propio discurso al criticar “los cálculos criminales de quien se lucra a costa del drama de otros”. Amén.
