La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha acumulado un volumen significativo de indicios en la investigación del caso Plus Ultra y espera la decisión del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, para proceder a la eventual detención del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Fuentes policiales consultadas por El Independiente indican que “hay bastante carga probatoria para hacerlo”, aunque la detención no se produciría de oficio, sino solo mediante una orden judicial expresa si el magistrado aprecia riesgos de destrucción de pruebas, fuga o reiteración delictiva.
Contexto de la imputación y los registros
El 19 de mayo de 2026, el juez Calama imputó formalmente a Zapatero como investigado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental (y posibles conexos como blanqueo). Lo citó a declarar el próximo 2 de junio. Ese mismo día, agentes de la UDEF, apoyados por el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), realizaron cuatro registros simultáneos en Madrid: el despacho profesional de Zapatero en la calle Ferraz 35, la agencia de publicidad What The Fav S.L. (administrada por sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa), una asesoría/gestoría jurídica vinculada y una empresa tecnológica.
Los agentes se llevaron documentación, dispositivos electrónicos, cajas y material de cajas fuertes. No registraron el domicilio particular del expresidente, al considerar el despacho una alternativa menos intrusiva. Según el auto judicial de unas 85 páginas, Zapatero se situaría en el vértice de una “estructura organizada y estable” de tráfico de influencias destinada a obtener beneficios económicos a cambio de intermediación ante instancias públicas, principalmente para favorecer a Plus Ultra.
Las acusaciones principales
El juez atribuye al expresidente el cobro de cerca de 1,9-2 millones de euros en comisiones a través de un entramado societario. Los pagos se canalizaron principalmente vía Análisis Relevante S.L., empresa del empresario Julio Martínez Martínez (amigo personal de Zapatero, al que los investigadores consideran su testaferro o ejecutor de instrucciones).
- Análisis Relevante remitió unos 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a What The Fav.
- Otras sociedades como Gate Center (vinculada a actividades en China), Thinking Heads y otras aportaron el resto.
Se investigan contratos presuntamente ficticios o simulados de consultoría, una sociedad offshore en Dubái (Landside Dubai Fzco o similar, creada supuestamente por orden de Zapatero), y movimientos internacionales relacionados con Venezuela. El auto menciona influencias ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano para autorizar vuelos de Plus Ultra, y posibles fondos vinculados a PDVSA o programas del chavismo.
El rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra (2021, vía SEPI/Fondo de Apoyo a la Solvencia) es el eje central. La investigación sostiene que parte de esos fondos públicos pudieron usarse para blanquear capitales de origen venezolano mediante operaciones simuladas y comisiones a la red. Mensajes intervenidos por la UDEF mencionan “ZP” como contacto clave, instrucciones directas de Zapatero y anticipación de la aprobación de la ayuda.
Antecedentes de la investigación
La causa se reactivó con fuerza tras solicitudes de cooperación de Francia y Suiza sobre blanqueo. En diciembre de 2025, la UDEF detuvo al presidente de Plus Ultra (Julio Martínez Sola), a Julio Martínez Martínez y al CEO Roberto Roselli. Zapatero tenía previsto viajar a Venezuela el 19 de mayo, pero los registros y la notificación de imputación lo impidieron.
Zapatero ha negado siempre cualquier irregularidad, defendiendo que sus cobros (alrededor de 70.000 euros anuales por informes geopolíticos) corresponden a trabajos legítimos y que no intervino en el rescate. En el Senado defendió su inocencia y afirmó ser “el único presidente sin escándalos” en su etapa.
Reacciones y expectativas
La imputación ha provocado un terremoto político. El PSOE ha salido en defensa de Zapatero, mientras la oposición (PP, Vox) lo califica de escándalo histórico: es la primera vez que un expresidente democrático es investigado por la Audiencia Nacional por estos delitos.
Fuentes policiales expresan “euforia” interna en la UDEF tras años de descrédito, viendo este caso como un punto de inflexión. El siguiente paso depende del análisis de lo incautado el 19 de mayo. Si el juez aprecia riesgos procesales, podría ordenar la detención preventiva. De lo contrario, Zapatero comparecerá el 2 de junio como investigado.
La causa sigue abierta y bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Su evolución dependerá de la documentación intervenida, análisis financieros internacionales y las declaraciones de los imputados. Este caso combina elementos de corrupción económica, influencias políticas y ramificaciones transnacionales, convirtiéndolo en uno de los más relevantes de la reciente historia judicial española.
