En un giro tan inesperado como contradictorio, el Gobierno español ha decidido retomar la compra de munición a una empresa israelí para abastecer a la Guardia Civil, apenas meses después de anunciar la cancelación de un contrato similar y de declarar públicamente su compromiso de no adquirir armamento de Israel debido al conflicto en Gaza. La Jefatura de Asuntos Económicos del Instituto Armado cerró este nuevo contrato durante la Semana Santa, un movimiento que ha generado estupor y críticas por su incoherencia con la postura oficial del Ejecutivo. Este episodio, que roza lo insólito, pone en evidencia las contradicciones internas de un Gobierno que, mientras condena las acciones de Israel, alimenta su industria armamentística con millones de euros.
El pasado 29 de octubre de 2024, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, anunció con gran pompa la rescisión de un contrato de 6,6 millones de euros para la compra de 15,3 millones de balas de 9 mm Parabellum a la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security, filial de Israel Military Industries (IMI Systems), perteneciente al gigante armamentístico Elbit Systems. La decisión, que fue aplaudida por sectores de la izquierda y organizaciones pro palestinas, se justificó en el compromiso del Gobierno de no comprar ni vender armamento a Israel desde el estallido del conflicto en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Interior llegó a asegurar que excluiría a todas las empresas israelíes de futuras licitaciones de armamento para la Guardia Civil, reforzando una postura que parecía alineada con las críticas de España a la ofensiva -por ejemplo- la ofensiva militar israelí en Gaza.
Sin embargo, en un giro que ha dejado atónitos a analistas y ciudadanos, la Guardia Civil ha firmado un nuevo contrato con una empresa israelí para adquirir una nueva partida de munición. Según informaciones filtradas, el acuerdo se cerró en la Semana Santa de 2025, un momento de baja atención mediática que ha añadido un matiz de opacidad a la operación. Aunque el importe exacto no ha sido confirmado, se estima que ronda los 6 millones de euros, una cifra similar al contrato cancelado previamente.
Lo que hace este episodio particularmente curioso y sorprendente es el contraste entre el discurso oficial del Gobierno y sus acciones. Desde octubre de 2023, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido una postura crítica hacia Israel, condenando su ofensiva en Gaza, abogando por un embargo de armas y apoyando el reconocimiento del Estado palestino junto a países como Irlanda, Eslovenia y Noruega. El propio Sánchez afirmó en abril de 2024 que España no realizaba operaciones de compraventa de armas con Israel, una declaración que, según informes del Centro Delàs, resultó ser inexacta, ya que España ha destinado más de 1.027 millones de euros a contratos con empresas israelíes desde el inicio del conflicto.
La compra de munición israelí por parte de la Guardia Civil, apenas seis meses después de la sonada cancelación del contrato anterior, no solo contradice estas declaraciones, sino que pone en entredicho la coherencia de la política exterior española. Mientras el Gobierno se presenta como defensor de los derechos palestinos y critica la ocupación israelí, sus decisiones comerciales refuerzan a una industria armamentística que, según organizaciones como Amnistía Internacional, está directamente implicada en la maquinaria militar de Israel.
La noticia, que comenzó a circular en redes sociales y fue amplificada por medios críticos, ha desatado una oleada de reacciones que oscilan entre la sorpresa y la indignación. En X, usuarios han calificado la decisión como una «vergüenza» y una «traición» a los principios del Gobierno. «España cierra un contrato de compra a Israel a pesar de haber dicho cancelarlo», denunció un usuario, mientras otro señaló que «las armas que fabrican tienen garantía: 32.000 asesinados en 5 meses». Estas reacciones reflejan el sentimiento de decepción de quienes esperaban una postura más firme contra Israel.
Organizaciones como el Centro Delàs y la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (Rescop) han ido más allá, acusando al Gobierno de «complicidad» con el genocidio en Gaza. Según un informe del Centro Delàs, las compras de armamento israelí no solo no han cesado, sino que han alcanzado cifras récord, con contratos que incluyen misiles Spike LR2 por 287,5 millones de euros y otros equipos de defensa. Estas organizaciones exigen un embargo total y la prohibición explícita de importaciones de material militar de países acusados de crímenes de guerra, una medida que el Gobierno no ha implementado.
Desde el ámbito político, partidos como Izquierda Unida y Podemos han vuelto a exigir responsabilidades. Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, que en octubre de 2024 pidió la dimisión de Grande-Marlaska por el contrato inicial, ha calificado este nuevo acuerdo como «inaceptable» y una prueba de que «el Gobierno no tiene voluntad real de romper con Israel». Por su parte, el Ministerio del Interior ha guardado silencio, y ni Grande-Marlaska ni la ministro de Defensa, Margarita Robles, han ofrecido explicaciones públicas sobre este nuevo contrato.
La decisión de retomar la compra de munición israelí no es un hecho aislado, sino parte de una relación comercial larga entre España e Israel. Según datos del Ministerio de Defensa, España ha importado armamento israelí por valor de millones de euros en los últimos años, incluyendo sistemas de misiles, equipos de guerra electrónica y vehículos blindados para el programa Dragón del Ejército de Tierra. Guardian Defense & Homeland Security, que actúa como intermediaria de fabricantes israelíes como Elbit Systems, ha sido un proveedor habitual de las fuerzas de seguridad españolas, abasteciendo desde pistolas Ramon hasta fusiles de asalto.
Lo que hace este caso particularmente llamativo es el contexto: la compra se produce en un momento en que el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, al que España está adherida, prohíbe transferencias de material militar que puedan usarse en ataques contra civiles o crímenes de guerra. La Corte Internacional de Justicia y resoluciones de la ONU han instado a suspender el comercio que contribuya a la ocupación israelí, lo que hace que esta operación sea no solo contradictoria, sino potencialmente contraria al derecho internacional.
La curiosa decisión de comprar munición israelí tras declararse en contra de Israel no solo es un traspiés político, sino otro golpe a la credibilidad del Gobierno español. El hecho de que el contrato se haya cerrado en Semana Santa, un periodo de menor escrutinio mediático, añade un matiz de secretismo que no ha pasado desapercibido. «El Gobierno dice una cosa y hace otra», resumió un analista en X, capturando el sentir de muchos. La pregunta ahora es si este escándalo llevará a una revisión de la política de compras militares o si, como en ocasiones anteriores, será absorbido por el ruido político sin mayores consecuencias.
Qué feo se ha puesto Marlaska desde que vendió su alma a Lucifer.