jueves, octubre 3, 2024
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Iustitia Europa presenta una querella contra Cándido Conde-Pumpido por prevaricación

NOTA DE PRENSA DE IUSTITIA EUROPA

• El movimiento político Iustitia Europa se querella contra el presidente del Tribunal Constitucional por ser ponente en la abstención del Magistrado Campo, pese a estar recusado.
• Se solicita medida cautelar de suspensión del pleno del Tribunal Constitucional de este próximo martes por comprometer la imparcialidad del Tribunal y generar un perjuicio irreparable para la independencia del sistema judicial español.

Iustitia Europa, movimiento político que  trabaja en defensa del Estado de Derecho, dedicada a la vigilancia y promoción de  la justicia en la Unión Europea y que ejerce la Acusación Popular en los casos  Begoña Gómez, Koldo y David Sánchez, ha presentado QUERELLA en el Tribunal  Supremo, contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, por supuesto DELITO DE PREVARICIACIÓN JUDICIAL (Art.446 código  penal ). 

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La querella presentada por el abogado Luis María Pardo, presidente de Iustitia  Europa, se fundamenta en que Cándido Conde-Pumpido, a pesar de haber sido  recusado formalmente en el RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD RI. 6436- 2024, relativo a la Ley de Amnistía, intervendrá en el próximo Pleno del Tribunal  Constitucional fijado mediante orden del día del Tribunal, el 24 de septiembre de  2024 a las 10 horas.  

La formación política considera que existe una presunta falta de imparcialidad judicial ya que la participación, como ponente, en la decisión sobre la abstención  del Magistrado Juan Carlos Campo, constituye una vulneración del principio de  imparcialidad judicial recogido en el artículo 24 de la Constitución Española y  en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

El abogado Luis María Pardo ha señalado que “la intervención de Conde-Pumpido  en esta causa, a pesar de su recusación, es una clara violación de la imparcialidad  que debe regir en todo procedimiento judicial, también en el seno del Tribunal  Constitucional. Su actuación podría configurar un delito de prevaricación  judicial, conforme al artículo 446 del Código Penal”.

En el marco de esta querella, Iustitia Europa ha solicitado al Tribunal Supremo la  adopción URGENTE de medidas cautelares INAUDITA PARTE, entre las que se  incluye la suspensión inmediata del pleno del Tribunal Constitucional donde se  está discutiendo la ley de amnistía. El movimiento alerta que la participación de  Conde-Pumpido en las deliberaciones de dicho pleno compromete la  imparcialidad del Tribunal y podría generar un perjuicio irreparable para el sistema  judicial y la democracia española ya que se va deliberar una norma de con los más  graves y controversiales efectos constitucionales y jurídicos desde 1978. 

Luis María Pardo, ha subrayado que El Tribunal Constitucional debe garantizar la  independencia de todos sus magistrados. Si permitimos que magistrados  recusados sigan participando en causas sensibles como la ley de amnistía,  estamos sentando un precedente muy peligroso”. Iustitia Europa advierte que  cualquier resolución emitida con la participación de un magistrado recusado será considerada nula. Esto no solo afectaría la legitimidad de las decisiones del  Tribunal, sino que también debilitaría la confianza de los ciudadanos en las  instituciones judiciales del país. “La imparcialidad no solo es un derecho  fundamental, sino un principio esencial para garantizar la confianza en la Justicia y  el funcionamiento democrático. El juez no solo debe ser imparcial, también tiene  que parecerlo.”, concluye Pardo.  

Uno de los aspectos más delicados de la querella es la implicación que esta  actuación podría tener para la independencia judicial en España. El sistema  judicial se fundamenta en la confianza de los ciudadanos en que sus jueces y  magistrados actúan con plena independencia y sin ningún tipo de presión externa  ni interés particular que comprometa sus decisiones. La independencia judicial es un principio recogido en el artículo 117 de la Constitución Española, que  asegura que los jueces son independientes, inamovibles, responsables y  sometidos únicamente al imperio de la ley. La independencia judicial, uno de sus  pilares, es crucial para mantener el equilibrio en el funcionamiento democrático de  las instituciones. Hacer patente que no hay separación de poderes en España es  dejar en evidencia la falta de democracia en el país.

 

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