NOTA DE PRENSA DE IUSTITIA EUROPA
• El movimiento político Iustitia Europa se querella contra el presidente del Tribunal Constitucional por ser ponente en la abstención del Magistrado Campo, pese a estar recusado.
• Se solicita medida cautelar de suspensión del pleno del Tribunal Constitucional de este próximo martes por comprometer la imparcialidad del Tribunal y generar un perjuicio irreparable para la independencia del sistema judicial español.
Iustitia Europa, movimiento político que trabaja en defensa del Estado de Derecho, dedicada a la vigilancia y promoción de la justicia en la Unión Europea y que ejerce la Acusación Popular en los casos Begoña Gómez, Koldo y David Sánchez, ha presentado QUERELLA en el Tribunal Supremo, contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, por supuesto DELITO DE PREVARICIACIÓN JUDICIAL (Art.446 código penal ).
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La querella presentada por el abogado Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, se fundamenta en que Cándido Conde-Pumpido, a pesar de haber sido recusado formalmente en el RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD RI. 6436- 2024, relativo a la Ley de Amnistía, intervendrá en el próximo Pleno del Tribunal Constitucional fijado mediante orden del día del Tribunal, el 24 de septiembre de 2024 a las 10 horas.
La formación política considera que existe una presunta falta de imparcialidad judicial ya que la participación, como ponente, en la decisión sobre la abstención del Magistrado Juan Carlos Campo, constituye una vulneración del principio de imparcialidad judicial recogido en el artículo 24 de la Constitución Española y en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El abogado Luis María Pardo ha señalado que “la intervención de Conde-Pumpido en esta causa, a pesar de su recusación, es una clara violación de la imparcialidad que debe regir en todo procedimiento judicial, también en el seno del Tribunal Constitucional. Su actuación podría configurar un delito de prevaricación judicial, conforme al artículo 446 del Código Penal”.
En el marco de esta querella, Iustitia Europa ha solicitado al Tribunal Supremo la adopción URGENTE de medidas cautelares INAUDITA PARTE, entre las que se incluye la suspensión inmediata del pleno del Tribunal Constitucional donde se está discutiendo la ley de amnistía. El movimiento alerta que la participación de Conde-Pumpido en las deliberaciones de dicho pleno compromete la imparcialidad del Tribunal y podría generar un perjuicio irreparable para el sistema judicial y la democracia española ya que se va deliberar una norma de con los más graves y controversiales efectos constitucionales y jurídicos desde 1978.
Luis María Pardo, ha subrayado que “El Tribunal Constitucional debe garantizar la independencia de todos sus magistrados. Si permitimos que magistrados recusados sigan participando en causas sensibles como la ley de amnistía, estamos sentando un precedente muy peligroso”. Iustitia Europa advierte que cualquier resolución emitida con la participación de un magistrado recusado será considerada nula. Esto no solo afectaría la legitimidad de las decisiones del Tribunal, sino que también debilitaría la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales del país. “La imparcialidad no solo es un derecho fundamental, sino un principio esencial para garantizar la confianza en la Justicia y el funcionamiento democrático. El juez no solo debe ser imparcial, también tiene que parecerlo.”, concluye Pardo.
Uno de los aspectos más delicados de la querella es la implicación que esta actuación podría tener para la independencia judicial en España. El sistema judicial se fundamenta en la confianza de los ciudadanos en que sus jueces y magistrados actúan con plena independencia y sin ningún tipo de presión externa ni interés particular que comprometa sus decisiones. La independencia judicial es un principio recogido en el artículo 117 de la Constitución Española, que asegura que los jueces son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. La independencia judicial, uno de sus pilares, es crucial para mantener el equilibrio en el funcionamiento democrático de las instituciones. Hacer patente que no hay separación de poderes en España es dejar en evidencia la falta de democracia en el país.