La Fiscalía ha tomado este martes la decisión de descartar la investigación contra Arnaldo Otegi por crímenes relacionados con ETA. Este caso, que involucra al coordinador general de Bildu, partido socio actual del PSOE, ha suscitado dudas que cuestionan el papel de la Fiscalía en la defensa de los intereses políticos y la equidad en la aplicación de la ley.
La decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de archivar la denuncia presentada por la asociación ‘Dignidad y Justicia’ contra Arnaldo Otegi, ha generado una gran polémica ya que muchos ciudadanos han recordado la famosa frase que soltó el presi-miente del gobierno durante una entrevista: «La Fiscalía ¿de quién depende, del gobierno? pues ya está».
La denuncia, que solicitaba la apertura de una investigación por su presunta participación en nueve secuestros organizados por la banda criminal y el asesinato del político Juan de Dios Doval, fue presentada en octubre del año pasado. La Fiscalía ha argumentado que no hay pruebas suficientes para respaldar las acusaciones, lo que ha llevado al archivo del caso.
Este hecho ha sido interpretado por algunos sectores como una defensa de los intereses del Gobierno liderado por Pedro Sánchez, quien cuenta con el respaldo político de Bildu. La asociación Dignidad y Justicia, representada por Daniel Portero (hijo de Luis Portero, asesinado por ETA en octubre de 2000) ha expresado su decepción ante la decisión del Ministerio Público, sugiriendo que podría existir una influencia política en la administración de justicia.
Es relevante señalar que, mientras para la apertura de una investigación por la famosa piñata de Nochevieja en Ferraz relacionada con Pedro Sánchez, la Fiscalía tardó tan solo dos días, en el caso de Otegi se han requerido dos meses para llegar a una resolución. Este contraste en los plazos ha alimentado el debate sobre la celeridad y la imparcialidad en los procesos judiciales.
El caso Otegi destaca la importancia de mantener una separación clara entre el ámbito político y el judicial para preservar la integridad del sistema legal. La Fiscalía, como ente encargado de velar por el cumplimiento de la ley, debería equilibrar la necesidad de llevar a cabo investigaciones exhaustivas con la responsabilidad de evitar influencias políticas indebidas.
La transparencia en la toma de decisiones y la explicación clara de los motivos detrás de las resoluciones judiciales son esenciales para mantener la confianza en el sistema legal. En última instancia, el caso Otegi subraya la importancia de un sistema judicial sólido y transparente que garantice la igualdad ante la ley, independientemente de las circunstancias políticas que rodean a los implicados.
Y es logico que archiven la denuncia puesto que ellos mismos son complices de los Terroristas.
El caso 11M, ETA (colaboraciones internas y externas), Falsemia con armas biologicas demuestran que la AN no persigue el Terrorismo sino que lo permite. En cambio para hacer el payaso el Sr Francisco de Jorge no tiene reparo en reafirmar su competencia para juzgar el caso Rubiales conclusión la AN es un tribunal extraordinario al servicio del poder y que no combate el terrorismo sino que lo protege por eso ha permitido un fraude y atentado sanitario con inoculación de armas biologicas y por eso tapo el 11M eso es la AN que además se toman competencias que no tiene porque las competencias dentro y fuera de España son por delitos de Terrorismo y de Lesa Humanidad nada más no para picos montajes donde hacen el payaso y cuya responsabilidad es del Jefe de Estado ya que actuan en su nombre. El resto de competencias es de los Tribunales Ordinarios no de la AN y además no olvidemos que todos participaron el la Operación Covid que fue y es Terrorismo de Estado. ¿Son todos los jueces de la AN corruptos? no pero desde luego dejan mucho que desear en cuanto a eficacia y a ejercer la Justicia como se requiere de ellos y juraron en su día la prueba el inefable Marlaska y su colaboración criminal con la operación Falsovid. Por eso la propia AN debe ser investigada por una Fiscalia de Asuntos Internos que es la que deberiamos tener para juzgar a criminales dentro de las instituciones y no protegerse entre ellos sin rendir jamás cuenta de sus actos. Esta fiscalia debe juzgar no solo a jueces, fiscales, politicos sino al propio CGPJ que entre otras labores estan en recordarles a los Tribunales sus competencias y no permiten que se extralimiten en sus funciones como para con el montaje Rubiales una prevaricación descarada de la AN que no tiene competencias ni jurisdicción alguna en este tipo de casos o estafas. En cuanto al caso Puigdemont la obligación de juez no es creer sino demostrar que hubo Terrorismo y armas pero como podemos dejar que se juzgue por un tribunal como es la AN que no ha hecho nada ni hace nada por evitar el Terrorismo de Estado, la unica manera es esa la Fiscalia independiente de asuntos internos.
Y tampoco me olvido de los que llegan de otras latitudes que porque detengan de vez en cuando a algún yihadista o lobo solitario chalado no significa que no esten permitiendo la entrada de militares e incluso de armas como bien nos dicen ciertos militares que saben que se esta armando por toda Europa para que se lie pero de esto ni mu, es mejor hacer el payaso con Rubiales desprestigiando aún más a la AN que claro puede alegar que es delito de Terrorismo al ser Arabia Saudi un pais terrorista igual por ahí cuela su absurda y estupida competencia señor juez o mejor dicho exjuez porque no creo que tarde mucho en que dimita o lo dimitan.
El señor Fiscal del Estado el tal Alvaro Ortiz no solo prevarica al proteger a un Gobierno criminal y formar parte de el sino que ordena e impide que el fiscal sea verdaderamente independiente conclusión la labor del fiscal del Estado debe ser velar por que los Fiscales actuen conforme a Derecho cosa que no hacen y no se extralimiten, presenten pruebas falsas y prevariquen de manera continuada esa es la labor del Sr Fiscal del Estado al que por otra parte nadie ha votado ni se le ha firmado nada legitimando su cargo por eso son todos ilegitimos. La Justicia en España salvo muy raros casos y excepciones mercantiles, juzgado de paz, etc no solo es una farsa es una organización criminal y terrorista que como todas las organizaciones criminales debe ser procesada, los hechos hablan por si solos y las pruebas son contundentes y concluyentes. El pueblo Español no merece ni debe consentir una Justicia tan injusta y criminal valga la redundancia como la nuestra que no protege los Derechos sino los destruye.