Este jueves, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la sede del Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, y en el Tribunal de Cuentas. La operación, dirigida por la Fiscalía Europea (EPPO), investiga un presunto fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición y gestión de las pulseras telemáticas (sistema Cometa) para el control de agresores en casos de violencia de género. La investigación se inició el año pasado y se centra en la contratación, ejecución y control de estos dispositivos, financiados en parte con recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Tribunal de Cuentas ya aprobó en septiembre de 2026 un informe de fiscalización que detectó «graves deficiencias» en la contratación y seguimiento del servicio en los contratos de 2018, 2021 y 2023 (cuando Irene Montero era la titular del Ministerio), por un importe total superior a los 100 millones de euros (unos 42,6 millones en el de 2023, parcialmente europeos). El cambio de proveedor, de Telefónica a una UTE de Vodafone y Securitas, generó fallos graves en el traspaso de datos históricos. Durante meses no se pudo acceder a registros de localización de agresores anteriores a la migración. El resultado, según la memoria de la Fiscalía fue sobreseimientos y absoluciones por falta de prueba de quebrantamientos de órdenes de alejamiento. Las víctimas quedaron desprotegidas mientras el ministerio presumía de «protección».
Hay indicios de que las pulseras adjudicadas no cumplían las promesas de la memoria justificativa con la que se solicitaron los fondos europeos: dispositivos de menor calidad, mayor tasa de roturas y problemas de geolocalización. La calidad del servicio, según el propio Tribunal de Cuentas, debió primar sobre el ahorro de costes. Y en la práctica, se priorizó otra cosa.
Este episodio no es otra cosa que la radiografía de un Ministerio de Igualdad absolutamente prescindible. Creado y engordado como aparato ideológico, ha consumido miles de millones de euros públicos sin reducir de forma significativa la violencia real contra las mujeres. Las cifras de asesinatos y agresiones sexuales no han experimentado el desplome que justificaría semejante estructura burocrática, absurdas campañas publicitarias millonarias y red de «chiringuitos». Todo lo contrario. No hay más que ver los casos de agresiones que saltan todos los días cometidos mayoritariamente por importados. Mientras tanto, se multiplica el gasto en ideología, observatorios, puntos de atención simbólicos y contratos a entidades afines.
El caso de los puntos violetas ilustra el patrón. Isabel García, exdirectora del Instituto de las Mujeres (dependiente del ministerio de Igualdad), y su pareja están siendo investigadas judicialmente por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental. Empresas vinculadas a ambas habrían obtenido decenas de contratos (alrededor de 64) de ayuntamientos —mayoritariamente gobernados por PSOE y Compromís— para gestionar estos puntos, facturando en torno a 250.000 euros. García fue destituida en 2024 tras el escándalo. Otro ejemplo de cómo el discurso de la protección se convierte en negocio para los de siempre.
El patrón se repite: fondos europeos o del Pacto de Estado que deberían destinarse a protección efectiva terminan en contratos opacos, dispositivos que fallan o actividades de dudosa utilidad. El ministerio se ha convertido en un coladero de dinero público y en un vivero de clientelismo ideológico. Las víctimas reales pagan el precio de la incompetencia y del sectarismo.
Este gobierno de coalición socialcomunista ha convertido la «igualdad» en una marca política. Mientras se multiplican los titulares sobre pulseras que no localizan, datos que se pierden y contratos cuestionados, las mujeres que de verdad necesitan protección efectiva siguen dependiendo de un sistema judicial saturado y de recursos que no llegan donde más se necesitan. La Fiscalía Europea no investiga por capricho: investiga porque hay suficientes indicios de que fondos comunitarios pudieron gestionarse de forma irregular en un ámbito tan sensible como la seguridad de las víctimas.
La respuesta habitual del ministerio —«colaboración total», «transparencia absoluta»— suena a la de siempre. Mientras tanto, la UCO registra y el Tribunal de Cuentas ya documentó las deficiencias. No es casualidad que este sea uno más en la lista de escándalos que salpican a este Ejecutivo: la protección de las mujeres se ha instrumentalizado hasta convertirla en un aparato de poder, propaganda y reparto de prebendas.
(Por Lourdes Martino)
