El magistrado José María Escribano, titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, ha dado un nuevo golpe a la opacidad que rodea el rescate de Air Europa. En una providencia reciente, ha citado como testigos a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministro para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; al actual presidente de Correos, Pedro Saura (exsecretario de Estado de Transportes con José Luis Ábalos); al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón; al jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, y a otros nueve cargos y exresponsables vinculados al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
Las declaraciones están fijadas para los días 23 y 24 de noviembre de 2026, en plena vorágine política.
La causa investiga presuntas irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a la aerolínea de la familia Hidalgo en noviembre de 2020, en plena plandemia. De esa cantidad, 240 millones fueron un préstamo participativo y 235 un préstamo ordinario. El juez actúa tras admitir varias querellas por un presunto delito de prevaricación administrativa. Escribano ya dejó abierta en su día la posibilidad de que algunos de estos testigos pudieran acabar siendo investigados.
Los imputados actuales: el vicepresidente de la SEPI en el punto de mira
Por ahora, el principal investigado es Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI (y quien ocupaba la presidencia en funciones cuando se aprobó la ayuda). Lora está citado como investigado por prevaricación administrativa. Su figura es clave: según las pesquisas, fue el interlocutor al que recurrió Ábalos para agilizar trámites y atender las peticiones de Javier Hidalgo, entonces consejero delegado de Globalia (matriz de Air Europa). Lora ha reconocido ante el juez reuniones previas con la compañía y con Economía antes de que se abriera formalmente el expediente, algo que alimenta las sospechas de que el proceso no fue tan limpio ni tan técnico como se pretende vender desde el Gobierno.
La SEPI, a través del FASEE, fue el organismo que dio el visto bueno a la operación. Este fondo, creado para rescatar empresas estratégicas durante la crisis de la farsemia, ha acabado convertido en un sumidero de sospechas. No solo Air Europa: también Plus Ultra, Tubos Reunidos y otras operaciones están bajo la lupa judicial por posibles irregularidades, suculentas comisiones y presiones políticas. La propia SEPI se ha desentendido públicamente de responsabilidades, asegurando que no hay motivos para dudar de la legalidad de sus actuaciones. Una defensa que suena cada vez más a intento de lavarse las manos mientras crecen las imputaciones de sus altos cargos.
Begoña Gómez y la sombra de Moncloa
El rescate de Air Europa no se puede entender sin las sombras que proyecta el entorno más cercano al presidente. En el llamado “caso Begoña”, el juez Juan Carlos Peinado intentó reiteradamente investigar posibles vínculos de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, con la operación. Había indicios como mensajes, testimonios de Ábalos y Koldo García, y el patrocinio de Wakalua (plataforma de Globalia) al IE Africa Center que dirigía Gómez, que apuntaban a una posible mediación o presión desde Moncloa. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid excluyó reiteradamente esta línea del objeto de la causa, considerándola «meras conjeturas» y reprochando al juez intentos de investigación «encubierta».
Aun así, el olor a podrido persiste. Víctor de Aldama, el comisionista central de la trama Koldo-Ábalos, cobró de Globalia y se jactaba de sus gestiones con el entonces ministro de Transportes. Ábalos y su asesor Koldo aparecen en conversaciones y notas de prensa del ministerio que anticipaban el rescate, algo de gran valor estratégico para la compañía. El propio Hidalgo ha negado pagos a Ábalos o a Gómez, pero el contexto de comisiones, chalets, favores y contactos de alto nivel no se borra con una simple declaración.
Un Gobierno atrapado en su propia red de corrupción
Este caso es un eslabón más de la cadena de escándalos que envuelve al Ejecutivo de Pedro Sánchez: el caso Koldo-Ábalos (mascarillas, comisiones, prebendas), las cloacas del PSOE con Leire Díez, amenazas de muerte a jueces como Biedma, los rescates de la SEPI bajo sospecha, las investigaciones a Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación, y un largo etcétera. Mientras tanto, altos cargos siguen en sus puestos o son reciclados (Saura en Correos es un ejemplo elocuente), se niega todo sistemáticamente y se acusa a los jueces de “lawfare” o de intentar desestabilizar al Gobierno.
La citación de la ministro Aagesen, miembro del Consejo Gestor del FASEE en su momento, y de figuras tan cercanas a Moncloa como De la Rocha no es un detalle menor. Muestra que la instrucción avanza hacia el corazón de las decisiones políticas. Errejón, por su parte, forma parte de ese elenco de testigos que el juez considera relevantes para reconstruir cómo se gestó la ayuda ya que fue testigo externo y crítico que cuestionó públicamente la operación apenas días después de su aprobación.
Los españoles debemos conocer si esos 475 millones de euros públicos formaron parte de un sistema de influencias, presiones y mordidas que ha caracterizado demasiadas operaciones de este Gobierno. La Justicia sigue investigando. Lo que falta es que el Ejecutivo deje de atrincherarse detrás de negaciones y victimismos porque, a estas alturas, el relato oficial de «todo fue legal y los jueces van a por nosotros» ya no convence a casi nadie, solo a los paniaguados.
(Por Lourdes Martino)
