La asociación Hazte Oír ha lanzado una ofensiva legal de máximo calibre. Este miércoles ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y otros seis magistrados del bloque progresista: Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez, María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo (ex ministro socialista de justicia y pareja de la ex presidente del Congreso, Meritxell Batet), y Laura Díez.
Les acusa de un presunto delito de prevaricación judicial y, de forma alternativa, de usurpación de atribuciones judiciales, por la sentencia que ordena aplicar la amnistía al delito de malversación en el caso de la exconsejera Dolores Bassa y, de paso, abre de par en par la puerta al regreso de Carlos Puigdemont sin temor a la Justicia.
Según la denuncia, estos siete magistrados habrían actuado a sabiendas de que su decisión era injusta, extralimitándose en sus funciones e invadiendo competencias propias del Tribunal Supremo. En otras palabras: habrían convertido el Tribunal Constitucional en una mera extensión del Consejo de Ministros para blanquear la malversación de caudales públicos y salvar al separatismo que mantiene a Pedro Sánchez en el poder. Una maniobra orquestada con motivación exclusivamente política para consumar el golpe institucional que comenzó con la investidura de 2023.
Y aquí viene la confesión más reveladora. El propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reconocido sin rubor que «la amnistía se pacta con Junts, con Esquerra Republicana y con otros grupos parlamentarios para sumar la mayoría de 176 votos que necesitábamos». Ya no hay más máscaras. La «normalización», la «convivencia» y todas las grandilocuentes y ridículas justificaciones se reducen a un simple trueque: impunidad a cambio de sillones. Bolaños lo ha dicho en la Cadena SER, y el vídeo circula como prueba del delito político más descarado de la supuesta democracia española reciente.
En este contexto, Cándido Conde-Pumpido se ha convertido en el Óscar Puente de la justicia: el ejecutor ruidoso, leal y sin escrúpulos de las órdenes del sanchismo. Allí donde Puente insulta y polariza desde el Gobierno, Pumpido retuerce la Constitución desde el máximo intérprete de la misma. El Tribunal que debería ser el guardián de la Carta Magna se ha transformado, a ojos de una parte creciente de la ciudadanía, en el Tribunal Prostitucional: un órgano entregado, vendido y puesto al servicio de Sánchez.
No es la primera vez que este Constitucional progresista corrige al Supremo para beneficiar a los amigos del Gobierno. Ya lo hizo con los ERE de Andalucía. Ahora lo hace con la malversación del procés. Siempre la misma mayoría, siempre el mismo resultado: impunidad para los suyos y desprecio a la igualdad ante la ley.
Hazte Oír ha dejado claro su mensaje: «Ningún cargo, por muy alto que sea el tribunal, está por encima de la Ley». Y tiene razón. España no puede seguir asistiendo impasible a cómo se prostituye la Constitución para salvar a un prófugo y amnistiar la corrupción política más grave de las últimas décadas. La denuncia está presentada. Ahora falta que el Tribunal Supremo tenga la independencia y el coraje suficientes para investigar de verdad a quienes, desde el Constitucional, han decidido que la ley solo se aplica a unos y se suspende para otros.
Porque si el Tribunal «Prostitucional» sigue actuando como brazo judicial del Gobierno, la supuesta democracia española estará cada día más cerca de convertirse en una farsa.
(Por Lourdes Martino)
