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Cómo serán de limitados, que hasta Susana Griso ha sido capaz de dar un repaso a los sindicalistas peloteros y rastreros que padecemos y subvencionamos

El lunes 5 de octubre el Congreso tumbó los dos reales decretos-ley de vivienda con los que Sánchez intentaba capitalizar el desahucio de Maricarmen Abascal. El mismo día el presidente disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 29 de noviembre. Y el mismo día Comisiones Obreras y UGT pactaron la primera huelga general de toda la era Sánchez: un paro de 24 horas, este otoño, antes de los comicios, por “salarios dignos para acceder a una vivienda digna”. La fecha se cerrará con el Sindicato de Inquilinas. Pepe Álvarez ha descartado que caiga en campaña, así que el límite real es el 13 de noviembre.

No es un dato menor. Desde junio de 2018, Sánchez había sido el único presidente de la democracia —salvo el breve paso de Calvo Sotelo— que no había afrontado una huelga general de las dos centrales mayoritarias. La última conjunta fue la de 2012, contra Rajoy. Ocho años de salarios que las propias centrales califican de insuficientes, de alquileres disparados y de una ley de vivienda que no ha frenado el problema, y ni una sola convocatoria nacional. El silencio se rompe el día en que el inquilino de la Moncloa necesita agitar la calle.

Griso se lo dijo a Fernando Luján, vicesecretario de Política Sindical de UGT, sin rodeos. Le reconoció el diagnóstico: “Los salarios son muy bajos, son precarios, son unos salarios de mierda en este país, lo digo así de claro”. Y a continuación desmontó el calendario: “Lo que no tiene sentido es durante ocho años bailarle el agua a Yolanda Díaz y a este Gobierno y ahora, antes de la campaña electoral, decir que convocáis una huelga general a rebufo del Sindicato de Inquilinas”. La frase que resume el clip es la siguiente: da la sensación de que es “el último favor” que prestan al Gobierno “con el que han ido de la manita hasta antes de ayer”.

La confesión que el vídeo no deja escapar

El corte que aplaude Anonymous Tabarnia —“no le quito ninguna coma”— incluye la respuesta que delata el montaje. Ante la pregunta de contra quién va el paro, la voz sindical del fragmento se apresura a aclarar que no está ni contra el Partido Socialista ni contra Yolanda Díaz. Griso cierra con la única réplica posible: entonces es una huelga “contra el Universo”.

Las huelgas generales, recordó en el programa, se convocan contra un sujeto, no en abstracto. Si el sujeto no es quien ha gobernado ocho años el salario mínimo, la reforma laboral, la negociación colectiva y la política de vivienda, el paro queda en lo que el propio exsecretario general de UGT, Cándido Méndez, ha llamado “farfolla mitinera”: un mitin con cobertura legal. El artículo 28.2 de la Constitución y la jurisprudencia dejan fuera de amparo la huelga política. De ahí el subterfugio salarial —renovación del AENC, subidas del 4 % al 7 %, cláusula vivienda— para que el paro no pueda calificarse de lo que es: una pieza de campaña.

El Sindicato de Inquilinas da la medida del giro. Hace días su consigna era “o cae el rentismo o cae el Gobierno”. En menos de 24 horas pasó a exigir que se convalidaran los dos decretos de Sánchez y a apuntar a la oposición. CCOO y UGT llegan detrás, a rebufo, y prestan la estructura que ese movimiento no tiene: la convocatoria legal de un paro de 24 horas. No interpelan a Moncloa. Interpelan, en palabras de la propia presentadora, al PP que gobierna la mayoría de las comunidades, es decir, al adversario electoral del presidente que las ha subvencionado.

El precio del silencio

El peloteo no ha sido gratuito. Según las cifras publicadas por El Confidencial en junio, el Gobierno de Sánchez ha destinado unos 146,6 millones de euros en subvenciones a los sindicatos, más del doble de los 64,4 millones de toda la etapa de Rajoy. La partida anual del Ministerio de Trabajo, a propuesta de Yolanda Díaz, llegó a 32 millones en 2025 y se repitió en 2026: lo que antes cubría tres años y medio. El reparto sigue la representatividad, así que CCOO y UGT se llevan la parte del león.

Esa dependencia explica mejor el calendario que cualquier decálogo de vivienda. Un sindicato que durante ocho años no convoca una huelga general contra quien fija el marco laboral, y la convoca el día en que ese mismo gobernante adelanta las elecciones y convierte la vivienda en eje de campaña, no está recuperando autonomía. Está devolviendo el favor. Juan Soto Ivars lo planteó en la misma tertulia: si el problema son los salarios de estos ocho años, la huelga tendría que ser, en primer término, una autocrítica. No lo es. Es una oferta de piquetes.

Griso cerró el argumento por donde duele de verdad a unas centrales que presumen de independencia: “Los sindicatos pierden legitimidad cuando se convierten en un brazo político”. El vídeo no necesita más glosa. Ocho años de la manita, una huelga que declara no ir contra el PSOE ni contra la ministra de Trabajo, y un paro fechado antes del 29-N. No es contradicción. Es el peloteo, por fin en horario de máxima audiencia.

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