Un joven madrileño ha contado en redes sociales que la empresa para la que trabajaba le ha despedido después de grabar un vídeo de humor en la Puerta del Sol de madrugada que se ha hecho viral. En esas imágenes, el chaval, antes de ir a su trabajo, se acercaba a la acampada instalada en la plaza y se refería a los participantes como “vagos” y «perroflas» en un tono claramente cómico y sin ninguna vinculación con su jornada laboral.
El propio afectado ha explicado los hechos en un vídeo que circula por X, Instagram y TikTok. Relata que se presentó a trabajar con normalidad y que, poco después, la compañía le comunicó la extinción de su contrato. Según su versión, la decisión se basó exclusivamente en el contenido de aquel vídeo grabado fuera de horario y en su tiempo libre. El joven, que asegura que le encantaba su trabajo y que siempre iba a trabajar una hora antes de su horario de entrada, afirma no arrepentirse de lo que hizo por considerar su acción algo necesario y que es lo que piensan la mayoría de los españoles y se pregunta abiertamente dónde queda la libertad de expresión cuando una empresa privada interviene en lo que un empleado hace o dice lejos del centro de trabajo y sin utilizar recursos de la compañía.
Se está conociendo que la empresa en cuestión es South Europe Ground Services, la filial de handling del Grupo IAG en España. Esta compañía presta servicios de asistencia en tierra a aerolíneas como Iberia, Vueling, Iberia Express y otras del grupo, además de a terceras compañías, en una red de 38 aeropuertos españoles. Según la información que aparece en su propia web, South Europe Ground Services cuenta con financiación procedente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de los fondos europeos Next Generation y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). El proyecto concreto, orientado a la «descarbonización» del equipamiento de tierra mediante electrificación, está incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y dispone de un presupuesto superior a los 35 millones de euros, de los que más de 14 millones corresponden a esa financiación pública europea.
El caso ha generado un amplio debate en redes y una enorme indignación. Muchos usuarios coinciden en señalar la desproporción de la medida: un trabajador que, en su tiempo libre, graba un vídeo de comedia sobre una protesta pública termina perdiendo su empleo. El joven insiste en que simplemente expresó una opinión en clave humorística sobre un asunto de actualidad que ocupaba el centro de Madrid.
La charlotada de la acampada de la Puerta del Sol, iniciada a finales de septiembre de 2026 tras una manifestación por el derecho a la vivienda, se ha convertido intencionadamente en un punto de tensión política y mediática donde los medios, bien aleccionados por los de arriba, se han encargado de ponerla en el centro de atención. Mientras tanto, el chaval se ha quedado sin trabajo y muchos usuarios han pedido visibilidad para que alguien le ofrezca una nueva oportunidad laboral. Su relato deja en el aire una pregunta que muchos se hacen: hasta qué punto una empresa, sobre todo una que recibe fondos públicos, puede sancionar a un empleado por el uso que hace de su libertad de expresión fuera del horario laboral.
(Por Lourdes Martino)
