El fondo estadounidense acaba de amarrar, a través de su filial Aliseda, un contrato de gestión integral de activos inmobiliarios con la Sareb, la sociedad pública conocida como banco malo y controlada por el Ejecutivo. El acuerdo, firmado en agosto de 2026 y en vigor desde septiembre, se prolonga hasta diciembre de 2028 y puede prorrogarse hasta 2030. Su importe es de 52,45 millones de euros, según ha confirmado EL MUNDO en una información de Carlos Segovia.
El encargo no se limita a la venta de pisos, locales o suelos. Aliseda actuará como servicer: comercializará activos, administrará alquileres, elaborará informes sobre impagos e inquilinos vulnerables y se ocupará de las ocupaciones y de la recuperación de la posesión de inmuebles, siempre siguiendo las instrucciones de Sareb. Entre las tareas figura también la preparación de viviendas para su traspaso a Casa 47, la empresa estatal de vivienda adscrita al Ministerio de Vivienda. Sareb ha reservado más de 40.000 inmuebles para ese destino, un proceso que exige obras y actuaciones para garantizar su habitabilidad.
Blackstone arranca un ‘súpercontrato’ estatal de gestión de vivienda mientras el Gobierno lo sitúa entre los «fondos buitre»
✍️ Carlos Segovia https://t.co/WY8E4T87P8
— EL MUNDO (@elmundoes) October 5, 2026
El contrato lo firmó Eduard Mendiluce, consejero delegado de Sareb. El consejo de administración de la sociedad, bajo el ámbito del Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo, ya ha autorizado el de Aliseda. En el mismo proceso concursó Servihabitat, propiedad del fondo Hipoges (controlado por el británico Pollen Street Capital); su adjudicación sigue pendiente de la resolución de una impugnación, prevista para octubre.
El contraste con el discurso político es el eje de la información. El propio Pedro Sánchez ha encasillado a Blackstone como “fondo buitre” por las compras de vivienda social que hizo al llegar al poder, y en la víspera de la votación de los decretos de vivienda aseguró: “Me gusta ser traidor a los fondos buitre”. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, planteó el viernes la disyuntiva en estos términos: “O se está con los buitres o con la gente”. Ese mismo viernes el Gobierno llevó al Parlamento un decreto dirigido, entre otros, contra ese tipo de operadores, sin que prosperara. La retórica, señala el reportaje, no encaja con el hecho de que la Sareb haya adjudicado a la filial del fondo la gestión de miles de pisos, incluidos sociales, con destino a la empresa pública de vivienda.
Blackstone ha llegado a gestionar más de 30.000 pisos en España a través de filiales, tras hacerse en la década pasada con carteras de antiguas cajas de ahorros y de administraciones como el Ayuntamiento de Madrid. Ha reducido su propiedad directa de vivienda, pero sigue siendo un actor relevante del mercado residencial. Inquilinos le han atribuido prácticas abusivas; el fondo niega irregularidades.
En paralelo, el grupo mantiene otras apuestas en el país: compró el 50 % de Urbaser por 2.800 millones de euros, construye un centro de datos en Zaragoza por más de 13.000 millones y prepara la salida a bolsa de su filial hotelera HIP. En su último informe anual sostiene que el negocio residencial español es sólido porque la construcción es baja —118.692 viviendas al año, frente a las 714.005 anuales del periodo 2003-2007— y porque se proyecta un aumento de población de unos cinco millones de habitantes en quince años. Ese desajuste, añade el texto, protege los precios incluso en momentos de incertidumbre. El artículo recuerda que, en ocho años, el Ejecutivo no ha logrado impulsar una construcción masiva de vivienda, un vacío que refuerza el negocio de quienes ya operan en el parque existente.
