Hay un tipo de compromiso político que solo funciona con megáfono, cámara de TVE y saco de dormir prestado. El de Daniel Guzmán encaja ahí con una precisión casi ofensiva.
Esta semana el actor y director ha dormido varias noches en la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol. En el especial de RTVE se le oyó decir que «la gente ya está cansada, la gente ya no puede vivir», que la gentrificación nos afecta a todos y que los reales decretos del Gobierno son «una tomadura de pelo» que «no maquillan: despistan». El retrato es el de siempre: el chico de Aluche, el exgrafitero, el cineasta de barrio que pone cara a la precariedad. El problema no es el diagnóstico de la crisis de vivienda. El problema es quién lo pronuncia y con qué currículum.
Porque ese mismo Daniel Guzmán fue condenado en 2024 por un delito leve de lesiones tras desalojar por la fuerza, en mayo de 2023, a varios jóvenes que habían ocupado una casa de su propiedad cerca de Casa de Campo, en Moncloa-Aravaca. Según la sentencia del Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid, acudió con «cuatro hombres bastante fuertes», sacó a los ocupantes de forma violenta y uno de ellos resultó con escoriaciones en codos, cuero cabelludo, labio, ceja y mejilla. Multa de 600 euros y 350 más de responsabilidad civil. No se presentó al juicio.
Los okupas —jóvenes con trabajos precarios, según las crónicas— habían descubierto quién era el dueño y querían hablar con él precisamente porque lo consideraban «aparentemente sensible» al problema de la vivienda. No era una ocurrencia: en 2016 Guzmán tuiteaba el artículo 47 de la Constitución («Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada») junto a fotos de desalojos y de gente durmiendo en la calle. En 2021 acusaba al PSOE de impedir la regulación del alquiler: «La vivienda no es un valor de mercado, es un derecho».
Noooo. No puede ser este Daniel Guzmán… pic.twitter.com/IaQi8jKQFo
— Alberto Pérez Giménez 🇪🇸 🇺🇦 🇪🇭 💚 (@albertopgimenez) September 30, 2026
Cuando el derecho aterrizó en su finca, el derecho se acabó.
Más tarde, en El País, afinó la coartada moral: no era «su tercera ni su cuarta vivienda», sino una casa para reformar y que usara su madre. Entró con su llave, «les saqué las mochilas a la calle» y «hubo forcejeo». Aceptó la condena, dijo, para no perjudicar más a «esos chavales». Y cerró con la frase que resume el personaje: «Sé lo que hice, sé lo que pasó y no me tengo que explicar con nadie».
Ahí está el truco. La vivienda ajena es un derecho. La propia, un santuario que se defiende con cuatro tipos corpulentos y un forcejeo que el juez llamó lesiones. El desahucio institucional es violencia de Estado. El desahucio casero, con daños documentados, es un malentendido del que no hay que dar explicaciones. El fondo buitre es el villano de La deuda. El propietario de izquierdas con inmueble vacío cerca de Casa de Campo es, según él, casi un benefactor.
No hace falta negar la crisis del alquiler para ver el doble rasero. España tiene un problema real de precios, de oferta y de política habitacional. También tiene un problema de teatro moral: famosos que firman manifiestos, ruedan películas sobre desahucios y duermen dos noches en Sol… hasta que alguien entra en su casa. Entonces la ocupación deja de ser «lucha» y se convierte en un delito que se resuelve a golpes, y la legalidad que tanto se exige al Gobierno se sustituye por la justicia de patio.
Guzmán no es el único. Es, sin embargo, un caso especialmente limpio. Ha construido carrera y prestigio con la estética de la calle, el discurso del artículo 47 y la denuncia de la especulación. Cuando le tocó elegir entre coherencia y llaves, eligió las llaves. Ahora vuelve a Sol, anónimo según él, a explicar a Xabier Fortes que la gente no puede vivir. Puede. El que no puede —o no quiere— es sostener el mismo criterio cuando el okupa no es un extra en su película, sino alguien dentro de su propiedad.
Eso no es compromiso. Es atrezzo. Y el atrezzo, en Sol, se ve de lejos.
