Por Alfonso de la Vega
Aunque sea muy de lamentar es evidencia de razón que Preboste practica un doble juego. Como declarado jefe espiritual de millones de fieles y como jefe de un Estado con compromisos materiales y políticos no todos confesables. Como primero, está casi inédito, casi limitado a mantener con mayor disimulo o parsimonia los despropósitos o los desastrosos nombramientos de su siniestro predecesor y a reprimir a los tradicionalistas, dificultando cuando no directamente prohibiendo la liturgia tradicional y para los que no se aplica el “caben todos”, ni «sinodolidades», abrazos insólitos, ni demás modernidades.
Pero Preboste en su viaje a España con su demagógica aparición en Canarias y hora en Lampedusa ha dejado claro cuáles son sus preocupaciones prioritarias, de ámbito político y económico, más que evangélico. Entre las que no está la protección de la basílica vaticana y santuario del Valle de los Caídos, con la cruz más alta del mundo, consagrada por Juan XXIII y erigida por una figura histórica condecorada con la mayor distinción del Vaticano que salvó a la Iglesia española del exterminio perpetrado por las hordas rojas de las que ahora, paradojas de la vida, es colaboracionista.
No se le conoce protesta ni indignación por los violaciones sufridas por un cuarto de millón de niñas inglesas de origen humilde perpetradas de modo impune por hordas de salvajes musulmanes o por los miles de cristianos asesinados por islamistas en todo el mundo ¿multiculturalismo? En cambio, se apunta el más peligroso agendismo, el hipócrita de la promoción de las invasiones, en especial la musulmana, transformado en un negocio inhumano en sí mismo y en etapa transitoria de la futura destrucción de la población autóctona europea y del propio Cristianismo.
Preboste critica “los cálculos criminales de quien se lucra a costa del drama de otros”. Pero la Iglesia debiera ser autocrítica ya que también saca tajada del negocio. Es imposible que una institución bimilenaria de tan extraordinaria importancia y prestigio diplomático no comprenda esto y pueda estar tan ciega. Salvo que una a la corrupción del entendimiento también la política y económica. Y lo que aún parece peor: obviar el principio de contradicción que según Santo Tomás ni siquiera Dios puede negar. E incluso osar tergiversar el evangelio para mejor manipular y extorsionar las conciencias y el logro de objetivos opuestos a los cristianos.
Ignoramos si el famoso óbolo de San Pedro recibe aportaciones de las criminales mafias de trata de invasores, tampoco sería de extrañar dada su participación final con la causa, pero en todo caso no se emplea en favorecer a estos pobres menesterosos como pretende de modo farisaico Preboste, ya que desde luego no predica con el ejemplo. Tras el escándalo del cardenal Becciu encargado de su custodia juzgado y condenado por un tribunal del Vaticano debido a un importante escándalo de malversación y fraude financiero, se ha demostrado que el óbolo de San Pedro se ha utilizado para especulaciones inmobiliarias en Londres a beneficio del lobby LGTBI. También, al parecer en comprar joyas y regalos a su amante. El celo judicial amainó cuando se supo que Becciu había garbado en secreto a Bergoglio.
La entrada al estado de Vaticano sin pasar por taquilla está prohibida y su vulneración fuertemente castigada. Tampoco se pone a disposición de los invasores de otros Estados el descomunal patrimonio inmobiliario de la Iglesia, libre además de impuestos. Palacios del nuncio o episcopales, casas rectorales, residencias, monasterios semi vacíos. Al revés, se benefician de las invasiones que promueven.
Conviene insistir. Hace unas semanas me hacía eco de un estudio de Carlos Balén publicado en Infovaticana que resulta clarificador para entender el rol de Preboste y de la CEE en las políticas de invasión descontrolada. Algunos datos reveladores serían estos:
“Accem fue creada en 1951 por la propia Conferencia Episcopal con el nombre original de Asociación Comisión Católica Española de Migraciones. En 1990 se desprendió del adjetivo religioso y se reinscribió como entidad civil aconfesional, lo cual no fue un giro ideológico sino una operación administrativa: lo aconfesional accede a líneas de subvención a las que lo confesional no llega. Dos años después firmaba su primer gran convenio con el INSERSO para gestionar Centros de Acogida de Refugiados, y a partir de ahí entró en el círculo cerrado —Cruz Roja, CEAR, Accem— al que el Estado adjudica la acogida sin concurso público real.
Las cifras explican el silencio mejor que cualquier teología. En 2018 Accem gestionaba 45,9 millones de euros. En 2024 alcanzó los 225,1 millones. Su propia memoria económica reconoce que el 99% de su financiación es pública: 88,16% del Estado central, 7,77% autonómico, el resto pulverizado entre diputaciones, ayuntamientos y fondos europeos. El 1% restante —apenas dos millones— procede del sector privado. Es decir, una fundación nacida del episcopado y todavía dirigida por personal eclesiástico opera con dinero del contribuyente al 99%. La estructura ocupa a 3.839 trabajadores en trece comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Es una administración paralela. Una administración cuyo presupuesto crece exactamente al ritmo al que crecen las llegadas irregulares.
Cáritas presenta cifras de otro orden, pero la lógica es idéntica. En 2024 movió 486,9 millones de euros, un récord histórico. De esos, 143,4 millones provienen de administraciones públicas: el 29,5% del balance global. La proporción privada es mayor que en Accem porque Cáritas conserva una base de donantes y herencias que la blinda parcialmente, pero ciento cuarenta y tres millones anuales de dinero público no son una propina. Son una dependencia estructural. La propia memoria reconoce que el 47% de las personas atendidas son inmigrantes en situación administrativa irregular: unas 550.000. Cáritas no acompaña residuos del sistema; acompaña, por volumen, sobre todo a quienes han entrado al margen de la legalidad. Y luego defiende públicamente las regularizaciones extraordinarias y la ampliación del arraigo, como hizo durante toda la tramitación de la ILP en el Congreso. La organización que cobra por atender a inmigrantes ilegales hace lobby para que haya más inmigrantes ilegales que regularizar. No hay misterio.
El conjunto del sistema se entiende mejor con una sola cifra: las subvenciones a entidades de acogida sumaron 1.458 millones de euros entre 2020 y 2024 según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión. La acción concertada articulada en 2022 mediante el Real Decreto 220/2022 y la Orden ISM/680/2022 permite adjudicaciones directas, sin concurso, a un grupo cerrado de operadores. Cruz Roja se lleva el 49%. CEAR y Accem rondan, cada una, el 15%. Esas tres entidades concentran alrededor del 85% del total. Dos de ellas —Accem por origen y dirección, Cáritas por dependencia diocesana— son brazos eclesiales. El reparto está cerrado, los actores son siempre los mismos, y los importes crecen año tras año en correlación directa con el flujo migratorio. En 2024 entraron irregularmente 63.970 personas, un 12,5% más que el ejercicio anterior. La industria sigue el mismo ciclo expansivo.»
De modo que si estos datos son así o semejantes, con cada invasor el negocio aumenta. La CEE tergiversa el evangelio para defender intereses económicos y políticos de los que se beneficia. Sí. Tras participar en el negocio de la trata en su etapa final que posibilita las anteriores, suma el tartufismo de envolverse en la palabra divina. Pero si esto es un escándalo en sí mismo, otro no menor es que no solo los contribuyentes sino los cristianos sinceros no lo denuncien. Como muestra de connivencia con el gobierno, los obispos españoles han nombrado a una persona afín al socialismo como presidente de Cáritas. Se trata de un catedrático coordinador de un informe contra la gestión de Ayuso, La Iglesia no debiera ser otro chiringuito más.
