En España no paramos. Apenas se cierran unas urnas y ya estamos con la siguiente. Vivimos en campaña electoral permanente, un bucle agotador que impide gobernar de verdad. Mientras los ciudadanos lidiamos con la inflación, los alquileres imposibles, la sanidad colapsada o la educación de nuestros hijos, los políticos solo tienen una prioridad: las elecciones. Y las autonomías, o mejor dicho las «autonosuyas» (como el título de la famosa novela de Vizcaíno Casas), son la maquinaria perfecta para que esto no pare nunca.
Recordemos solo los últimos capítulos. Extremadura celebró elecciones, no hubo acuerdo entre PP y Vox, y hubo que repetirlas. Aragón, Castilla y León, y ahora toca Andalucía. Cada dos por tres, un nuevo proceso. Y no es solo el día de las votaciones. Antes viene la precampaña, que empieza más de un mes antes de que suene el pistoletazo oficial: visitas, promesas, fotos con pancartas y declaraciones incendiarias. Luego llega la campaña propiamente dicha, donde presidentes, ministros y líderes autonómicos lo dejan todo tirado para echar el resto. El país se paraliza mientras ellos recorren plazas y platós.
Después vienen las elecciones y, sobre todo, la postelección: la parte más nauseabunda. Declaraciones grandilocuentes, entrevistas, reuniones a puerta cerrada, ruedas de prensa diarias, ultimátums, traiciones y negociaciones que pueden durar meses. Mientras tanto, la casa sin barrer. Los presupuestos se eternizan, las reformas importantes se congelan y los problemas reales de la gente, los de verdad, quedan en segundo plano. Gobernar parece secundario; lo importante es repartirse los sillones.
El gran negocio de las autonomías
Este sistema autonómico se ha convertido en un despilfarro institucionalizado. Diecisiete comunidades autónomas (más Ceuta y Melilla) con sus presidentes, consejeros, viceconsejeros, secretarios, subsecretarios, directores generales, portavoces, escoltas y miles de asesores. Un ejército de cargos públicos pagados con nuestro dinero para, en demasiados casos, colocar a amigos, familiares y militantes.
Las «autonosuyas» sirven también para crear y mantener chiringuitos: organismos de género, observatorios t¡mocl¡máticos, consejos LGTBIQ+, fundaciones, agencias y entes de todo tipo cuya utilidad real es más que discutible. No resuelven problemas; los multiplican y los politizan. Sanidad, educación e infraestructuras —las competencias más importantes— sufren recortes o mala gestión mientras se inflan presupuestos para propaganda y clientelismo.
Y los medios siguen el juego. Televisiones, radios, periódicos y hasta youtubers y canales que van de “alternativos” se enganchan al monotema. Durante semanas o meses, el debate nacional gira en torno a si fulanito pactará con menganito en tal región. La ciudadanía se enfrenta, se divide, se enfada y se distrae mientras los de arriba siguen cobrando.
¿Y por qué les interesa tanto que vayamos a votar? Porque cada voto trae dinero. Los partidos reciben subvenciones electorales por cada sufragio obtenido, tanto en autonómicas como en generales. A eso hay que sumar las asignaciones anuales por representación parlamentaria, las subvenciones a grupos parlamentarios, el dinero para campañas… Todo pagado por los mismos de siempre: los contribuyentes. Cuantos más votos, más millones. Por eso nos bombardean con mensajes de que “cada voto cuenta” y hay quien nos suelta el típico reproche de «si no votas después no te quejes» cuando eso es precisamente una forma de quejarse. El sistema está diseñado para que ellos ganen con nuestra participación, no para que nosotros ganemos con su gestión.
Y por si fuera poco, cuando llega una tragedia de verdad —riadas, incendios forestales o cualquier catástrofe —, el espectáculo es aún más lamentable. El Gobierno central le pasa rápidamente la pelota a las comunidades autónomas para quitarse responsabilidad de encima. Estas, a su vez, incapaces de gestionar una crisis de ese tamaño, devuelven la pelota al Ejecutivo central. Y mientras los políticos se dedican a echarse culpas unos a otros en ruedas de prensa y platós, son los vecinos de a pie los que se arremangan, se juegan la vida y salvan lo que pueden: sus casas, sus familias y sus pueblos.
El resultado es un sistema parasitario. Los políticos viven (y muy bien) de la política y para la política. Lo de «mejorar la vida de la gente» que tanto cacarean les importa un comino. Muchos no han cotizado fuera de la política en su vida. Y las autonomías multiplican este fenómeno por diecisiete. En lugar de un Estado ágil tenemos un entramado de taifas donde cada barón regional tiene su cortijo, su presupuesto y su corte de fieles. ¿Es esto sostenible? Claramente no. Vivir en campaña permanente significa que nunca hay tiempo para gobernar con perspectiva, tomar decisiones necesarias aunque sean impopulares o hacer reformas de calado. Todo se supedita al próximo ciclo electoral. La consecuencia es un país paralizado, endeudado y cada vez más harto.
Votar en estas condiciones es seguir alimentando la bestia. Y el problema no son solo los partidos concretos; es el sistema entero, hinchado, caro e ineficiente. Mientras no se plantee una reforma profunda de este modelo autonómico innecesario y absolutamente prescindible, seguiremos condenados a esto: un país donde lo urgente siempre es la siguiente elección y lo importante, lo que realmente afecta a la vida de la gente, queda eternamente aparcado.
(Por Lourdes Martino)
