Por Alfonso de la Vega
Visto para sentencia. Pero la que al final se produzca rebasa el interés por los aspectos meramente jurídicos presentados ante el Supremo y de la simple suerte del justiciable, pues se quiera o no tiene un indudable contenido político. Existen suficientes motivos para deshacer la “iuris tantum” presunción de inocencia, pero el régimen se encuentra ante un grave dilema que afecta a la menguante credibilidad de las diferentes instituciones implicadas y que puede condicionar su futuro. Un “visto para sentencia”, sí, pero ¿también para el Régimen?
En un régimen en verdad democrático y sometido al derecho se supone que una figura tan importante como la del FGE debería actuar con absoluta independencia y guiado por la sagrada vocación de servir a la Justicia, lejos del evidente servilismo sectario partidista que ha quedado claro tanto durante las investigaciones iniciales cuanto en la vista del proceso. La propia administración de Justicia ha quedado fatalmente ridiculizada hasta extremos bochornosos de auténtica vergüenza ajena con un fiscal convertido en defensor incapaz de acusar a su propio jefe y todo un abogado del Estado pagado por todos para defender no al Estado como cabe presumir del nombre sino a un “presunto” cuyo comportamiento que aunque al final no fuese considerado delictivo por lo de la revelación de secretos desde luego merece toda sospecha de parcialidad sectaria lo que le hace incompatible con la dignidad de su cargo y de un Estado digno de tal nombre. Y más en general también incompatible con una mínima dignidad institucional arrojada a los píes de los caballos. El procesado se presentó luciendo y haciendo ostentación provocadora e incluso acaso con cierto tinte amenazador del hábito e insignias de su ensuciado cargo.
Otro sí digo, esta escaramuza judicial ilustra de modo perfecto lo que hay detrás de la famosa dictatorial ley Bolaños para la domesticación definitiva del Poder Judicial. Tanto la Corona como la Fiscalía General del Estado (FGE), en la figura del máximo responsable del Ministerio Fiscal, se han convertido con el déspota valido Sánchez en un apéndice más del Gobierno. La situación está penosamente degradada, el solo hecho de que todo un FGE sea procesado o que incluso el Colegio de Abogados se vea obligado a denunciarlo ya sería motivo de gran escándalo. Para colmo ahora el golpe en curso va contra lo que queda de independencia en la administración de Justicia. La degeneración de la Monarquía parlamentaria hace que el ciudadano busque amparo en la única gran Institución que aún parece resistir. La misión de la administración de Justicia es simplemente juzgar y no hacer política pero resulta evidente que este caso posee grandes implicaciones políticas y pone en riesgo su propia credibilidad. Puede quedar como pieza parte o colaboradora de un Estado fallido o como instrumento de esperanza. En su El buen juez Azorín lo entendía así:
“Sobre la tierra hay dos cosas grandes: la Belleza y la Justicia. La Belleza la ofrece la Naturaleza. La Justicia se encuentra permanentemente negada por la lucha que todas las criaturas, incluidos los hombres tienen entre sí. Por eso la Justicia pura, libre de egoísmos, es una cosa tan rara, tan espléndida, tan divina que cuando un átomo de ella desciende sobre el mundo, los hombres se llenan de asombro y se alborotan….ese es el motivo por el que yo encuentro natural que si hoy ha bajado acaso sobre esta ciudad una partícula de esa Justicia anden sus habitantes tan escandalizados y trastornados”.
Más allá de la integridad moral de los miembros del Tribunal, cosa que se encuentra en el santuario de su conciencia, la absolución significaría desde un punto de vista político e histórico que el propio Estado se autoindulta, incapaz de reconocer ni su verdadera deteriorada naturaleza actual ni sus propios desmanes o errores. Acaso mostraría que no hay peor ciego que el que no quiere ver y que el garantismo exacerbado lo que al cabo viene a señalar es la justificación legal de la impunidad. El proceso golpista actual se vería muy fortalecido y las esperanzas de revertirlo en un futuro menguarían de modo catastrófico.
Al contrario, una hipotética condena pudiera tener grandes virtudes cívicas. El demostrar que no todo está perdido. Que el poderoso también se encuentra sometido a la ley como afirma la constitución. Supondría un importante frenazo a la ruinosa dictadura que se nos va imponiendo cada vez con menos disimulo.
Claro que esta capacidad de resistencia ante la creciente tiranía dependería tanto de la sentencia cuanto de la unanimidad o juego de mayorías y minorías que la hagan posible.
Sabemos que la verdad judicial no siempre suele coincidir con la filosófica ni menos con la real, sin embargo otro gran patriota noventayochista, el maestro Unamuno, indicaba que “no hay mayor ni mejor trabajo que el de arrostrar la verdad”. En un artículo posterior de febrero de 1933 titulado La Verdad que pensamos y el valor de decirla la periodista Halma Angélico remachaba “así debe obrar el que da lo mejor de su intelecto, para quien, si es menester, que la verdad que le denigra es más grata que la mentira que lo ennoblece.”