Un video reciente de Silvia Intxaurrondo, compartido en X por @_Juan__A, ha generado debate al afirmar que el 80% de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España son españoles, sugiriendo que esta ayuda no está atrayendo inmigración ilegal. Sin embargo, un análisis detallado, apoyado en datos demográficos, económicos y migratorios, revela que estas afirmaciones no resisten el escrutinio cuando se aplican la regla de tres y se considera la proporción de habitantes extranjeros en España.
Silvia Intxaurrondo aclara para los «despistados» (PP), que quienes perciben el IMV, el 80% son españoles y para percibirlo hay que tener residencia legal, efectiva y continuada de al menos de un año en este país. #LaHora29S👇👇👇 pic.twitter.com/zgsMCLA11Q
— Juan Aparicio (@_Juan__A) September 29, 2025
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en abril de 2025, los extranjeros representan el 13,4% de la población total de España, es decir, aproximadamente 6,9 millones de personas sobre un total de 49,1 millones. Este dato es fundamental para entender las afirmaciones de Intxaurrondo, quien sostiene que el 80% de los receptores del IMV son españoles. Sin embargo, un informe de la Seguridad Social española de 2024 indica que el 20% de los beneficiarios del IMV son extranjeros, una cifra que, aunque menor, resulta desproporcionada si se aplica la regla de tres. Si el 13,4% de la población recibe el 20% de los beneficios, significa que los extranjeros están sobrerrepresentados en términos de acceso a esta ayuda. En otras palabras, mientras que su peso demográfico es de uno en siete habitantes, su participación en el IMV es de uno en cinco beneficiarios. Esta disparidad sugiere que, contrariamente a lo que afirma Intxaurrondo, el IMV no es un programa exclusivo para españoles, sino que también beneficia significativamente a la población extranjera, a pesar de ser minoritaria.
Intxaurrondo argumenta que para recibir el IMV, los beneficiarios deben tener residencia legal y efectiva en España durante al menos un año, un requisito que, según ella, excluye a inmigrantes ilegales. Sin embargo, esta afirmación ignora un aspecto clave: muchos extranjeros adquieren su estatus legal tras su llegada al país, a menudo a través de procesos de regularización. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó en 2023 que decenas de miles de inmigrantes han obtenido permisos de residencia tras llegar de manera irregular, un fenómeno que continúa en 2025. Por lo tanto, la legalidad de la residencia no es un obstáculo insalvable para acceder al IMV, sino un trámite que muchos cumplen una vez establecidos en España.
Además, la regla de tres nos permite cuestionar la efectividad de este requisito como disuasorio. Si el 20% de los beneficiarios son extranjeros y estos representan solo el 13,4% de la población, ¿cómo se explica esta sobrerrepresentación? La respuesta radica en que el IMV, aunque no sea el único factor, forma parte de un ecosistema de ayudas sociales que incluye salud, educación y vivienda, atrayendo a inmigrantes que, una vez regularizados, pueden acceder a estos beneficios. Un estudio de la Fundación para Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) de 2025 destaca que los extranjeros, debido a su reciente llegada o menores ingresos, contribuyen menos al sistema fiscal, lo que amplifica el impacto económico de su acceso al IMV.
Intxaurrondo también sugiere que el IMV no está relacionado con la inmigración ilegal, ya que los requisitos de residencia lo hacen inaccesible para este grupo. Sin embargo, esta afirmación no considera el contexto migratorio más amplio. En 2025, el Ministerio del Interior reportó que casi el 40% de las solicitudes de asilo en España están vinculadas a llegadas en pequeñas embarcaciones, un aumento significativo respecto a años anteriores. Este dato contradice la idea de que el IMV no influye en los flujos migratorios, ya que las ayudas sociales, aunque no sean el único motivador, forman parte de las expectativas de quienes emprenden estos viajes.
La regla de tres nos ayuda a visualizar esta dinámica: si el 13,4% de la población extranjera recibe el 20% del IMV, y este porcentaje crece en paralelo con la llegada de nuevos inmigrantes, ¿no es lógico inferir que el IMV, junto con otras prestaciones, actúa como un imán? Un informe del Migration Policy Institute de 2024 señala que España, al ofrecer un sistema de bienestar amplio, se convierte en un destino atractivo, incluso para quienes inicialmente no cumplen los requisitos del IMV, pero aspiran a hacerlo en el futuro.
El video de Intxaurrondo también critica la propuesta del Partido Popular (PP) de un sistema de visados por puntos, argumentando que no está alineado con la realidad del IMV. Sin embargo, esta crítica ignora el contexto político más amplio. En 2025, un Eurobarómetro reveló que el 65% de los españoles apoya medidas más estrictas para controlar la inmigración, un respaldo que el PP busca capitalizar con su propuesta. La regla de tres aquí nos permite comparar: si el 80% de los beneficiarios del IMV son españoles, pero el 20% restante son extranjeros que representan solo el 13,4% de la población, ¿no es razonable que el PP busque reducir esta sobrerrepresentación a través de políticas como los visados por puntos?
Además, el argumento de Intxaurrondo no considera el Pacto de Migración y Asilo de la UE de 2025, que incluye a España y busca abordar tanto la migración legal como la ilegal, incluyendo factores como el cambio climático. Este pacto, reportado por Euractiv, refleja una tendencia europea a reconocer la complejidad de los flujos migratorios, algo que el video omite al centrarse exclusivamente en el IMV.