En el turbulento tablero del sector financiero español, donde las fusiones y adquisiciones se erigen como torres de Babel modernas, la oferta pública de adquisición (OPA) hostil lanzada por el todopoderoso BBVA sobre el Banco Sabadell emerge no solo como un audaz golpe de timón estratégico, sino como un posible escudo de humo diseñado para desviar los reflectores de un escándalo penal que acecha a la entidad vasca desde las profundidades de la Audiencia Nacional.
Bajo la batuta del presidente Carlos Torres, esta ofensiva corporativa –anunciada en mayo de 2024 y que ha escalado recientemente con una mejora del 10% en la prima de adquisición, pasando a una acción de BBVA por cada 4,8376 títulos de Sabadell– podría no ser mera ambición expansionista, sino un hábil desvío de atención ante una imputación que amenaza con desmantelar la reputación intachable del banco.
La cronología de los eventos aviva las sospechas de intencionalidad. Mientras el Gobierno central, liderado por el ministro de Economía Carlos Cuerpo, y autonomías como Cataluña y Valencia oponen resistencia feroz –con Pere Aragonès y Carlos Mazón en primera línea contra la OPA.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional mantiene en vilo al banco desde julio de 2019. La entidad, imputada como persona jurídica por delitos de cohecho activo, revelación de secretos y corrupción en los negocios, aguarda resolución sobre si será juzgada por su presunta vinculación con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Este caso, conocido como ‘Villarejo-BBVA’, destapó una red de espionajes que, entre 2004 y 2017, facturó al banco más de 10 millones de euros a través de la empresa Cenyt del ex agente encubierto. El epicentro de esta tormenta judicial se remonta a la salida abrupta de Julio Corrochano, exjefe de Seguridad del BBVA y excomisario general de la Policía Judicial, en abril de 2018.
Al abandonar su despacho, la caja fuerte quedó entreabierta, revelando un tesoro de documentos que hoy arden como pruebas incendiarias. Entre ellos, un informe detectivesco sobre los supervisores del Banco de España, incluyendo al entonces subgobernador Fernando Restoy –figura clave que también presidió la CNMV y el FROB.
La consultora PwC, encargada de la investigación interna del banco –un rastreo exhaustivo de más de 600 nombres relevantes en la esfera política y financiera entre 2004 y 2018 –, confirmó la existencia de estos archivos y de los informes.
Sin embargo, BBVA se resistió a entregarlos al juzgado, alegando que «no contenían datos relevantes». Este hallazgo no es un detalle menor: Restoy, como responsable de la supervisión bancaria, era el guardián de la integridad del sistema financiero español. La mera existencia de informes sobre él y otros supervisores –posiblemente elaborados por informadores de Villarejo para rastrear filtraciones periodísticas o presiones internas sugiere un patrón de interferencia que podría haber paralizado investigaciones regulatorias del Banco de España sobre el BBVA.
La imputación de BBVA por la Audiencia Nacional, indaga si la entidad utilizó recursos internos para espiar y presionar no solo a competidores como Sacyr –en un fallido intento de asalto al control del banco en 2004–, sino también a figuras públicas como el exministro Miguel Sebastián, periodistas y accionistas rivales.
Corrochano, imputado junto a exdirectivos como Ángel Cano (ex-CEO) y Antonio Béjar (exdirector de Riesgos), emerge como el nexo clave: fue él quien abrió las puertas a Villarejo, un viejo amigo de sus días en la Policía, y quien, según la Fiscalía, dio cuenta al expresidente Francisco González de estas operaciones opacas.
El Ministerio Fiscal, bajo Alejandro Cabaleiro, aún no ha presentado su escrito de acusación –a diferencia de otras partes que lo hicieron meses atrás –, pero su petición de junio de 2024 para procesar al banco en plena efervescencia de la OPA refuerza la tesis de la coincidencia no casual.
Mientras la OPA avanza por vericuetos judiciales –con el Supremo estudiando las exigencias gubernamentales y la Audiencia Nacional admitiendo recursos de patronales catalanas como Foment del Treball–, el caso Villarejo podría torcer el rumbo. Fuentes del sector advierten que un juicio inminente impactaría en la votación de accionistas de Sabadell, donde un 39% son clientes leales.
BBVA, por su parte, insiste en su cooperación total y en que el informe de PwC depuró responsabilidades internas, culpando en parte a Corrochano y Béjar. En este drama de serié de Netflix, de poder y de secretos, la OPA de BBVA sobre Sabadell no solo redefine el mapa bancario español –creando un coloso con cuota dominante en pymes y datáfonos–, sino que invita a una reflexión profunda: ¿hasta dónde llega el arte de la distracción en las grandes finanzas?
El telón aún no cae, pero el público –clientes, reguladores y la Justicia– observa con lupa. ¿Triunfará la ambición o emergerá la verdad? El veredicto, como siempre en estos asuntos turbios, pende de un hilo judicial.