En un preocupante episodio que ha generado amplias críticas, dos oficiales de policía británicos intentaron entrar en el hogar de una familia para confiscar el teléfono de una menor, argumentando que había visto un post de redes sociales considerado «problemático». El incidente, capturado en un vídeo que rápidamente se viralizó en la plataforma X, ha puesto de manifiesto la enorme persecución de los derechos individuales, especialmente en el ámbito digital.
El vídeo muestra a los oficiales discutiendo la necesidad de incautar el teléfono para prevenir la destrucción de evidencia, aunque no especifican qué ley o regulación justificaría tal acción. La familia, sin embargo, se negó a permitir la entrada sin una orden judicial, lo que llevó a los oficiales a abandonar la residencia sin el dispositivo. Este enfrentamiento es un claro abuso de autoridad por parte de la policía y destaca la clara persecución de la privacidad y la libertad de expresión en el contexto de las regulaciones digitales.
WOW.
British Police are now trying to arrest little girls for viewing social media posts 🤦pic.twitter.com/TTQxSi6Z6N
— Basil the Great (@Basil_TGMD) September 21, 2025
Este evento ocurre en un momento en el que el Reino Unido está experimentando un aumento en la aplicación de leyes sobre expresión digital. Según informes recientes, se registran más de 30 arrestos diarios por mensajes en línea considerados ofensivos. La Ley de Seguridad en Línea de 2023, que entró en vigor en parte en 2025, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos por amenazar la privacidad y la libertad de expresión, a pesar de su objetivo principal de proteger a los niños en línea. La ley exige a las plataformas en línea implementar medidas para prevenir el acceso de menores a contenido perjudicial, como material relacionado con el suicidio, el autolesión, los trastornos alimenticios y la pornografía.
El enfrentamiento capturado en el vídeo no solo refleja las tensiones entre la aplicación de la ley y los derechos individuales, sino también el escrutinio creciente al que están sometidas las plataformas sociales por su papel en la diseminación de contenido perjudicial. Este incidente ha generado un debate sobre hasta qué punto las autoridades pueden intervenir en la vida privada de los ciudadanos en nombre de la seguridad en línea, y cómo equilibrar estas intervenciones con los derechos fundamentales a la privacidad y la libertad de expresión.