Por Alfonso de la Vega
La Justicia europea ha reprochado a la tenebrosa Úrsula von Leyen que ocultara los mensajes que envió al jefe de Pfizer por las vacunas contra la pandemia. Un más que probable monumental caso de chanchullos y mordidas según se deduce de las investigaciones realizadas por periodistas independientes. Así que el Tribunal General de la UE ha anulado la cómplice decisión de la Comisión Europea, que denegó acceso a una periodista al intercambio de SMS entre la presidenta del Ejecutivo europeo y el directivo de la farmacéutica. Determinadas acciones sólo pueden sostenerse gracias a la represión, la censura o la mentira.
No hay sarcasmo ni injuria que se haya escatimado por la prensa mercenaria y los profesionales colaboracionistas contra los estudiosos y sabios que alertaban del peligro de la inoculación de la onerosa pócima experimental y no suficientemente probada. Arrastraban y amedrentaban así a una opinión pública a la que no se ofrecía datos de contraste y en todo caso, libertad de decidir sobre su propia salud. Pero cuando pese al interesado oscurantismo ya es evidencia de razón lo perjudicial para muchos de las mal llamadas vacunas contra el misterioso bicho se mantiene la represión contra los pocos personajes que pese a todo han honrado con su conducta la hoy tan desprestigiada condición médica oficialista o colaboracionista. Desprestigio en lo científico y en lo deontológico.
Pero la corrupción del sistema mantiene la voluntad de escarmiento de modo que se ha iniciado un juicio contra una enfermera pediátrica acusada de simular que vacunaba a los niños, pero desechaba los viales llenos. Se calcula que unos 400 niños se quedaron sin inocular, durante 2021 y 2022, en el pueblo vizcaíno de Santurce. Muchas de esas familias denunciantes ignoran que probablemente le deben la vida o al menos una mejor salud de sus hijos a la actuación de esta enfermera ahora encausada. No es exageración, aunque se intenta enmascarar la cuestión habría aumentado la mortalidad o problemas de salud entre los niños vacunados.
El lector argüirá con razón que la enfermera no es quien para decidir sobre estas cuestiones y ha perpetrado un engaño o que bien pudiera haberse acogido al juramento hipocrático u otro argumento para la objeción de conciencia. Pero sabemos que el heroico coronel Vara del Rey, miembro de una ilustre familia de histórica raigambre militar, se opuso a la inoculación obligatoria de las tropas a sus órdenes en un intento de proteger sus vidas, lo que le valió ser depuesto. Ante un enemigo muy poderoso y peligroso cabe comprender cierto fingimiento si se está convencido en conciencia de actuar en beneficio de otros. En el Senado norteamericano se ha venido debatiendo la cuestión de las vacunas en general. Se ha denunciado la carencia de suficiente transparencia científica en torno a las vacunas en general, después de que se presentaran testimonios que cuestionan la narrativa oficial de salud pública. Por su parte la Comisión europea ha admitido que las inyecciones de ARNm se liberaron para su uso en humanos sin datos de seguridad completos. De modo que puede considerarse un experimento.
Y es que el problema está viciado de origen cuando no se respeta la libertad individual y se vulneran códigos internacionales como el de Nuremberg que establece que:
Es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. Esto significa que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar consentimiento; su situación debe ser tal que pueda ser capaz de ejercer una elección libre, sin intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción u otra forma de constreñimiento o coerción; debe tener suficiente conocimiento y comprensión de los elementos implicados que le capaciten para hacer una decisión razonable e ilustrada. Este último elemento requiere que antes de que el sujeto de experimentación acepte una decisión afirmativa, debe conocer la naturaleza, duración y fines del experimento, el método y los medios con los que será realizado; todos los inconvenientes y riesgos que pueden ser esperados razonablemente y los efectos sobre su salud y persona que pueden posiblemente originarse de su participación en el experimento. El deber y la responsabilidad para asegurarse de la calidad del consentimiento residen en cada individuo que inicie, dirija o esté implicado en el experimento. Es un deber y responsabilidad personales que no pueden ser delegados impunemente.
Entre otras cuestiones, durante el curso del experimento el sujeto humano debe estar en libertad de interrumpirlo si ha alcanzado un estado físico o mental en que la continuación del experimento le parezca imposible. Igualmente el científico responsable tiene que estar preparado para terminarlo en cualquier fase, si tiene una razón para creer con toda probabilidad, en el ejercicio de la buena fe, que se requiere de él una destreza mayor y un juicio cuidadoso de modo que su continuación traería probablemente como resultado daño, discapacidad o muerte del sujeto de experimentación.
Como se ve el Código de Nuremberg ha sido gravemente incumplido con toda impunidad, y quienes no se han prestado a violarlo ahora son los represaliados.
Otra cosa que llama la atención es la evidente desproporción en las penas solicitadas cuando que se sepa no habido ninguna consecuencia inconveniente pero que mostrarían la voluntad de represalia para proteger intereses bastardos que no de justicia. La acusación particular solicita unas penas que oscilan entre los 12 y los 17 años de prisión por delitos de daños agravados, falsedad documental y malversación de fondos. Por su parte, la Fiscalía pide para la encausada una pena de 7,5 años de prisión y otros tanto de inhabilitación, lo mismo reclaman desde el Servicio Vasco de Salud y el Colegio de Enfermería, así como una sanción de 50.000 euros. Pintoresco. El juicio contra los responsables del encierro anticonstitucional o de la corrupción institucional desatada con el trapicheo de vacunas, mascarillas y otros elementos cuándo cabe esperarlo ¿ad calendas graecas?
Afortunadamente, la enfermera al final ha sido absuelta, pero para ello su abogado Luis María Pardo, de Iustitia Europa, ha empleado una estrategia que no se acoge al Código de Nuremberg y deja un sabor agridulce, la de alegar que padece un trastorno delirante. En este mundo desquiciado en el que casi todo está al revés el cuerdo debe parecer loco para librarse de los castigos. Sin embargo, El Loco es el arquetipo más que de un héroe como don Quijote del de buena parte de la sociedad actual. Acaso mayoritaria. Gente sin criterio, manipulable, que se cree y sigue a rajatabla las consignas del Poder transmitidas por los media mercenarios, por más absurdas, incoherentes e irracionales que sean. Se muestran incapaces de comprender y reaccionar aunque el Poder les trate como a ganado presto a sacrificar.