Este 14 de septiembre, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha emitido un comunicado que ha generado un debate significativo en España. En este, el SUP no solo ha exigido la dimisión inmediata del Delegado del Gobierno en Madrid, sino que también ha reconocido públicamente que los agentes de policía han cumplido órdenes ilegales que han puesto en peligro la vida de miles de personas, incluyendo a los propios policías, durante los disturbios asociados a la Vuelta a España.
El post del SUP en X incluye un video y un texto donde se afirma lo siguiente: «El @Sup_Policia pide la #Dimisión inmediata del #DelegadoDelGobierno en #Madrid y anunciamos medidas legales contra él, como responsable del dispositivo en el que se ha puesto en riesgo la vida de miles de personas que acudieron al evento y además la de los policías al impedir que se usaran los medios de protección y el material antidisturbios desde el inicio de los ataques antisistema. Convocaremos concentraciones en protesta por la inacción del Gobierno».
El @Sup_Policia pide la #Dimisión inmediata del #DelegadoDelGobierno en #Madrid y anunciamos medidas legales contra él, como responsable del dispositivo en el que se ha puesto en riesgo la vida de miles de personas que acudieron al evento y además la de los #policías al impedir… pic.twitter.com/tTq9LMyHXV
— SUP (@Sup_Policia) September 14, 2025
Este comunicado es crucial porque no solo critica al Delegado del Gobierno, sino que también reconoce explícitamente que las órdenes recibidas por los policías eran ilegales y peligrosas. La frase «al impedir que se usaran los medios de protección y el material antidisturbios desde el inicio de los ataques antisistema» implica que los agentes fueron instruidos a no emplear equipos estándar para controlar disturbios, a pesar de la presencia de grupos violentos, lo que según el SUP puso en riesgo a todos los involucrados.
Los disturbios ocurrieron durante la etapa final de la Vuelta a España, un evento deportivo de gran relevancia nacional e internacional. Según informes de medios como The Guardian, los manifestantes pro-palestinos interrumpieron la carrera, generando caos y enfrentamientos con la policía. El SUP argumenta que la decisión de no permitir el uso de material antidisturbios fue tomada por el Delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, y que esta orden no solo fue ilegal sino también irresponsable, dado el contexto de violencia.
La admisión del SUP de que las órdenes eran ilegales es particularmente significativa. En España, el uso de fuerza por parte de la policía está regulado por la Ley Orgánica 2/1986, que establece que los agentes deben actuar proporcionalmente y dentro de los límites legales para proteger la vida y la integridad física. Al afirmar que se impidió el uso de material antidisturbios, el SUP sugiere que estas órdenes violaban dicha legislación, ya que dejaron a los agentes y al público desprotegidos frente a una amenaza inmediata.
Esta admisión no es trivial. Implica un reconocimiento interno de que los policías, al seguir estas órdenes, actuaron en un contexto de riesgo extremo, lo que podría tener implicaciones legales y éticas tanto para los mandos como para los agentes involucrados. El SUP no solo critica la decisión, sino que también anuncia medidas legales contra el Delegado del Gobierno.
El SUP enfatiza que estas órdenes pusieron en riesgo «la vida de miles de personas que acudieron al evento y además la de los policías». Esta declaración es un reconocimiento directo de la gravedad de la situación. Los disturbios durante la Vuelta a España no solo afectaron la integridad del evento deportivo, sino que también generaron escenas de violencia que fueron ampliamente criticadas, incluso por organismos internacionales como la Unión Europea, que expresó preocupación por la gestión de la seguridad.
La decisión de no usar material antidisturbios, según el SUP, exacerbó el peligro. Esto es coherente con informes que destacan que los manifestantes emplearon objetos como barreras y carteles para bloquear el paso, creando situaciones de pánico entre los espectadores y los ciclistas. El riesgo para la vida no solo se refiere a lesiones físicas, sino también al potencial de estampidas o enfrentamientos descontrolados, escenarios que podrían haber sido mitigados con un enfoque de seguridad adecuado.
El anuncio de concentraciones en protesta por la «inacción del Gobierno» sugiere que el SUP planea movilizar a sus miembros y a la opinión pública para presionar por cambios. Esto podría tener implicaciones a largo plazo en las relaciones entre la policía y el Gobierno, especialmente en un contexto donde la confianza en las fuerzas de seguridad ya estaba en entredicho debido a episodios anteriores, como las críticas por el uso excesivo de fuerza en manifestaciones.
El comunicado del SUP representa un momento crítico en la relación entre la policía y el Gobierno. Al reconocer que los agentes cumplieron órdenes ilegales que pusieron en riesgo la vida de miles de personas, el SUP no solo critica al Delegado del Gobierno, sino que también pone en cuestión el sistema de toma de decisiones en materia de seguridad pública. Esta admisión, aunque controvertida, abre la puerta a un debate necesario sobre la legalidad, la proporcionalidad y la responsabilidad en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.