La noticia de que el Tribunal Supremo de España ha autorizado el juicio contra Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, por presunta filtración de datos confidenciales relacionados con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sacudido el panorama político y judicial español. Esta decisión, que marca un precedente histórico desde la restauración de la democracia en 1978, pone en el centro de la controversia un caso que ha exacerbado las tensiones entre el gobierno central y la región madrileña.
El caso tiene su origen en octubre de 2024, cuando el juez Ángel Hurtado, del Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid, abrió una investigación preliminar tras denuncias que apuntaban a una posible filtración de información sensible. La acusación se centra en un intercambio de correos electrónicos entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía Regional de Madrid. Estos correos, que contenían datos personales protegidos bajo el secreto profesional entre abogado y fiscal, habrían sido divulgados a medios de comunicación, desencadenando un escándalo político.
La filtración se vincula a un enfrentamiento político entre el gobierno central y la Comunidad de Madrid. Según el juez Hurtado, la difusión de esta información habría sido orquestada desde el entorno del Ejecutivo nacional para «ganar la narrativa» y dañar la imagen de Ayuso, una figura clave de la oposición. Este episodio ha sido interpretado como parte de una guerra política más amplia, con acusaciones mutuas de corrupción entre ambas partes.
El Tribunal Supremo, tras evaluar las pruebas presentadas por el juez Hurtado, decidió autorizar el enjuiciamiento de García Ortiz, un paso sin precedentes para un Fiscal General del Estado en democracia. En su auto, el alto tribunal considera que existen indicios suficientes para llevar a juicio al fiscal por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, así como por posible obstrucción a la justicia.
Entre los argumentos clave figuran:
- Evidencia de la filtración: El juez Hurtado sostiene que García Ortiz tuvo un «papel preeminente» en la recopilación de la información antes de su difusión, basándose en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este informe, ratificado el 16 de mayo de 2025 ante el Supremo, analizó el contenido del teléfono de la fiscal Pilar Rodríguez y apuntó a García Ortiz como el responsable último, aunque sin pruebas directas de que él mismo filtrara los datos a la prensa.
- Obstrucción a la justicia: Durante la investigación, se descubrió que García Ortiz había borrado datos de sus dispositivos móviles tras iniciarse el caso, un acto que el juez calificó como un intento de entorpecer las pesquisas. Este hecho ha sido decisivo para que el Supremo considere procedente el juicio.
- Gravedad del caso: La decisión del Supremo subraya que la divulgación de información confidencial afectó la privacidad de González Amador y tuvo implicaciones políticas significativas, justificando la apertura de un proceso penal.
La investigación comenzó en octubre de 2024, cuando la UCO intervino el teléfono de Pilar Rodríguez, entonces fiscal jefe de Madrid, como parte de las pesquisas. El análisis reveló que García Ortiz había jugado un papel activo en la gestión de la información antes de su filtración, aunque los agentes no encontraron mensajes directos que probaran que él o sus colaboradores la entregaran a los medios. Según El Diario, los imputados y testigos han reconocido que la Fiscalía recopiló datos para emitir un comunicado, pero la difusión pública habría excedido ese propósito.
El 9 de junio, Reuters informaba que el juez Hurtado había elevado el caso al Supremo, al considerar que había pruebas suficientes para proceder. La ratificación de los peritos de la Guardia Civil en mayo reforzó la tesis de la implicación de García Ortiz, a pesar de la ausencia de evidencia concluyente de la filtración directa. Este vacío ha generado debate sobre la solidez de las acusaciones, con algunos expertos jurídicos sugiriendo que el caso podría depender en gran medida de interpretaciones subjetivas.
La Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales han emitido comunicados opuestos: la primera exige la dimisión de García Ortiz por dañar la imagen de la carrera fiscal, mientras que la segunda lo apoya, argumentando que el caso carece de fundamento sólido. Esta división refleja la fractura interna en la Fiscalía y el impacto del caso en la credibilidad de la institución.
Desde la transición democrática en 1978, ningún Fiscal General del Estado había sido llevado a juicio, lo que convierte este caso en un hito jurídico. La figura del Fiscal General, nombrado por el Gobierno pero teóricamente independiente, ha sido históricamente controvertida, y este episodio refuerza las críticas sobre su politización. Casos anteriores, como el de la dimisión de Consuelo Madrigal en 2016 por presuntas irregularidades, palidecen ante la gravedad de una imputación penal.
El juicio, cuya fecha aún no se ha fijado, promete ser un evento mediático que podría redefinir las relaciones entre el poder judicial, el Ejecutivo y las comunidades autónomas. Si García Ortiz es condenado, enfrentaría penas que podrían incluir inhabilitación y prisión, lo que obligaría a un relevo en la Fiscalía General.