En la madrugada de este martes se ha producido un robo en el domicilio madrileño de Rocío Ábalos, hija del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Según la denuncia presentada, la exmujer del exministro, Carolina Perles, quien comparte la propiedad del piso al 50% con su hija, descubrió el allanamiento al llegar al inmueble.
Entre los objetos sustraídos se encuentran dos ordenadores, supuestamente pertenecientes a Rocío, quien estudia en Madrid. Este suceso, adelantado por OK Diario y confirmado por fuentes jurídicas a El Confidencial, ha generado todo tipo de especulaciones debido a su coincidencia temporal con la querella presentada por Ábalos contra el Ministerio de Transportes por presunta falsedad documental en una auditoría relacionada con el caso Koldo.
El piso asaltado tiene un historial bastante relevante: durante un tiempo, fue el lugar de residencia de Koldo García, exasesor de Ábalos y figura central en el caso Koldo, una investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. Tras el divorcio de Ábalos y Perles, la propiedad pasó a ser compartida entre Carolina Perles y su hija, mientras que Ábalos mantuvo la titularidad completa de otro inmueble en Valencia. La sustracción de los ordenadores, en un momento de suma tensión judicial, plantea dudas sobre si este robo podría estar vinculado a los conflictos legales del exministro.
Horas antes del robo, José Luis Ábalos anunció en su cuenta de X que había interpuesto una querella por “falsedad documental” y “falso testimonio de perito” contra las autoras de una auditoría encargada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente (que también se encuentra bajo sospecha). Dicha auditoría, elaborada el pasado mes agosto, analizaba los expedientes de adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes en 2020, cuando Ábalos estaba al frente del mismo. Este informe señaló supuestas irregularidades que derivaron en la imputación de Ábalos en el caso Koldo, investigado en la Audiencia Nacional y elevado al Tribunal Supremo en octubre de 2024.
En su querella, presentada ante un juzgado de instrucción de Madrid, Ábalos acusa a Belén Villar, directora general de Organización e Inspección del Ministerio, y a Belén Roel, firmante del informe, de manipular datos y testimonios. Según el exministro, la auditoría contiene “datos inveraces” y fue diseñada con una “evidente vocación de difusión pública” para incriminarlo, en lugar de cumplir con estándares de control interno. Ábalos sostiene que el informe falseó declaraciones de funcionarios, omitiendo afirmaciones exculpatorias y atribuyendo palabras que no se pronunciaron. Además, critica la falta de rigor procedimental, señalando que no fue entrevistado ni se justificó la selección de los testimonios incluidos en el informe.
Pero no queda ahí la cosa. El exministro también apunta directamente a Óscar Puente, afirmando que la auditoría tuvo una finalidad política, buscando proyectar una imagen de transparencia y distanciamiento de la gestión anterior, sin un propósito legítimo de fiscalización interna. Un informe pericial encargado por Ábalos en septiembre de 2024 habría identificado “irregularidades” en la auditoría, lo que reforzó su decisión de llevar el caso a los tribunales.
La coincidencia temporal entre el robo y la presentación de la querella ha hecho saltar especulaciones sobre una más que posible relación entre ambos hechos. Aunque de momento no existe evidencia concreta que vincule directamente el allanamiento con la acción judicial de Ábalos, el contexto es muy significativo por no decir descarado. Los ordenadores robados podrían contener información relevante para el caso Koldo o la querella, aunque no se ha confirmado su contenido ni si pertenecían exclusivamente a Rocío Ábalos. La denuncia presentada por Carolina Perles no especifica si los dispositivos contenían datos sensibles, pero la naturaleza del robo, en un piso ligado a figuras clave del caso, levanta fundadas sospechas. El robo podría deberse a un intento de obtener información comprometedora o de ejercer presión en un momento crítico del proceso judicial.
Las investigaciones policiales y judiciales serán clave para esclarecer si estos eventos están relacionados o si el robo no es más que una desafortunada y curiosa casualidad precisamente en este momento.