Han pasado nueve meses desde que las riadas del 29 de octubre de 2024 devastaran la Comunidad Valenciana, dejando un saldo oficial de 227 víctimas mortales, miles de damnificados y daños materiales incalculables. La tragedia, considerada una de las peores catástrofes «naturales» en la historia reciente de España, sigue generando un profundo impacto en las zonas afectadas, mientras las investigaciones judiciales, las tensiones políticas y la gestión de las ayudas prometidas reflejan una situación compleja y llena de claroscuros.
Las zonas más castigadas, como Paiporta, Chiva, Aldaia o la comarca de l’Horta Sud, siguen marcadas por las secuelas de la riada. Aunque los esfuerzos de limpieza y reconstrucción han avanzado, muchas familias aún se enfrentan a la pérdida de sus hogares, negocios y seres queridos. La solidaridad ciudadana, especialmente de jóvenes organizados a través de redes sociales, fue clave en los primeros días para limpiar el lodo y rescatar pertenencias, pero la percepción generalizada es que la respuesta institucional fue lenta y descoordinada. Nueve meses después, algunos servicios básicos como el agua y la electricidad han sido restablecidos en gran parte de las áreas afectadas, pero la reconstrucción de infraestructuras clave, como carreteras y sistemas de drenaje, avanza a un ritmo desigual.
Testimonios de afectados, como el de Amparo Andrés, quien perdió su negocio y su casa, reflejaban una sensación de abandono: «El gobierno no está haciendo nada. Son solo los jóvenes quienes nos ayudan». La indignación persiste, alimentada por la percepción de que las autoridades no actuaron con la diligencia necesaria para prevenir o mitigar la tragedia.
Las investigaciones judiciales para esclarecer los hechos están en curso, pero avanzan con lentitud y bajo un manto de oscurantismo. Un informe de más de 200 páginas elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala posibles negligencias por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ambas dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica, por no emitir avisos claros ni actuar con suficiente diligencia ante las alertas meteorológicas. Según el informe, los datos sobre el aumento del caudal de ríos como el Cabriel estaban disponibles horas antes de la tragedia, pero no se tradujeron en medidas preventivas efectivas.
La Fiscalía, por su parte, ha sido criticada por intentar ocultar un informe pericial que podría ser clave para identificar responsabilidades. Este documento apunta a fallos en la comunicación y coordinación entre las administraciones central y autonómica. Sin embargo, la falta de transparencia en el proceso ha generado sospechas de encubrimiento, alimentando la desconfianza de los afectados.
A pesar de estas investigaciones, ningún político ni funcionario público ha asumido responsabilidades directas. Ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, han reconocido errores concretos en la gestión de la crisis. En cambio, ambos han protagonizado un cruce de acusaciones que ha polarizado aún más el debate. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, afirmó que la información sobre las miles de llamadas al 112 estaba disponible en tiempo real durante el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), pero el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, acusó al Gobierno central de falta de «lealtad institucional» y de intentar politizar la tragedia.
La gestión de las riadas ha desatado una crisis política que trasciende las fronteras de Valencia. Desde el primer momento, el Gobierno central y la Generalitat Valenciana se han enzarzado en un intercambio de reproches que ha impedido una respuesta unificada. Pedro Sánchez reconoció el 2 de noviembre de 2024 que la respuesta institucional «no es suficiente» y admitió «problemas y carencias severas». Sin embargo, su negativa a declarar la emergencia nacional de nivel 3, que habría permitido al Gobierno central asumir el mando de las operaciones, fue duramente criticada. Sánchez argumentó que no se trataba de reemplazar a la administración autonómica, sino de apoyarla, pero esta decisión fue vista como una forma de eludir responsabilidades.
Por su parte, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, ha sido señalado como el principal responsable por retrasar la petición de auxilio a la Unidad Militar de Emergencias (UME) hasta las 20:36 del 29 de octubre, cuando muchas zonas ya estaban inundadas. Mazón afirmó inicialmente que el temporal se desplazaría hacia Cuenca, subestimando la gravedad de la situación en Valencia. Su gestión, respaldada por el PP y Vox, ha sido criticada incluso dentro de su propio partido, que lamenta la «falta de liderazgo político».
El punto álgido de la tensión política se vivió durante la visita de los Reyes, Sánchez y Mazón a Paiporta, uno de los epicentros de la tragedia. Los ciudadanos, exasperados, les increparon al grito de «¡asesinos!» y arrojaron barro, obligando a suspender la visita. Este episodio, conocido como el «motín de Paiporta», reflejó el profundo malestar social y la desconfianza hacia las instituciones, en un momento que algunos analistas han calificado como una «crisis de sistema».
El Gobierno central y la Generalitat Valenciana anunciaron una serie de medidas económicas para los afectados, pero nueve meses después, la entrega de estas ayudas es motivo de polémica. La Generalitat aprobó una línea de ayudas directas de 6.000 euros para las familias cuyas viviendas resultaron dañadas, así como fondos para municipios y exenciones fiscales, como la suspensión de la segunda cuota de la Renta. Sin embargo, muchos afectados denuncian retrasos en los pagos y una burocracia que dificulta el acceso a estas ayudas. Como precedente, la catástrofe del volcán de La Palma en 2021 muestra que las promesas de reconstrucción a menudo no se materializan a tiempo, dejando a las familias trabajadoras en una situación de precariedad.
El Gobierno central, por su parte, ha prometido un paquete de 31.402 millones de euros para la reconstrucción, incluyendo ayudas para vehículos dañados y apoyo a sectores como el transporte. No obstante, la Federación de Transportistas Fenadismer ha criticado que las ayudas no se extiendan a transportistas de otras regiones afectados por la DANA, lo que evidencia una aplicación limitada de los recursos. La percepción general es que las grandes empresas y sectores estratégicos han recibido un trato preferente, mientras que las familias trabajadoras y los pequeños negocios enfrentan mayores dificultades para acceder a los fondos. Esta desigualdad ha reforzado el lema de los voluntarios valencianos: «Solo el pueblo salva al pueblo».
A pesar de la magnitud de la tragedia y las evidencias de fallos en la prevención, alerta y respuesta, ningún político ni funcionario público ha asumido responsabilidades directas. Ni Sánchez, ni Mazón, ni los responsables de AEMET o la CHJ han ofrecido dimisiones o reconocimientos públicos de error. La disolución de la Unidad Valenciana de Emergencias por parte del gobierno de Mazón, antes de que pudiera operar, es un ejemplo de las decisiones que debilitaron la capacidad de respuesta, pero no ha derivado en consecuencias políticas concretas.
La ciudadanía y algunos sectores de la prensa han expresado su frustración ante la actitud de los políticos, a quienes acusan de priorizar el rédito electoral sobre la gestión de la crisis. La falta de una comisión de investigación independiente, con participación de los afectados y los sindicatos, ha sido una demanda recurrente que no ha sido atendida.
Nueve meses después de las inundaciones que arrasaron Valencia, la región sigue lidiando con las cicatrices de una tragedia que pudo haberse mitigado con una mejor coordinación y prevención. Las investigaciones judiciales avanzan lentamente, pero las acusaciones de encubrimiento y la falta de transparencia alimentan la desconfianza. Políticamente, la tragedia ha exacerbado las tensiones entre el Gobierno central y la Generalitat, sin que ninguna parte asuma responsabilidades claras. Las ayudas prometidas llegan a cuentagotas, y los afectados sienten que la solidaridad ciudadana ha sido más efectiva que la respuesta institucional.
La catástrofe de Valencia no solo ha segado vidas y destruido hogares, sino que ha puesto en evidencia las grietas de un sistema político incapaz de priorizar el bienestar colectivo sobre los intereses partidistas. Mientras la justicia no esclarezca los hechos y los responsables no rindan cuentas, la herida de Valencia seguirá abierta, marcada por el dolor de los damnificados y la indignación de un pueblo que clama justicia.