La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha tomado una decisión sin precedentes al plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para revisar las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) español que anularon total o parcialmente las condenas de ex altos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el marco del caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos. Esta acción, notificada el 14 de julio de 2025, suspende la tramitación de la causa hasta que el TJUE resuelva si las decisiones del TC vulneran el Derecho Comunitario, señalando un «riesgo sistémico de impunidad» en casos de corrupción y la necesidad de salvaguardar los intereses financieros de la Unión Europea (UE).
El caso ERE, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia política de España, involucra un fraude de aproximadamente 680 millones de euros en fondos públicos destinados a ayudas sociolaborales entre 2000 y 2010. Estas ayudas, gestionadas por la Junta de Andalucía bajo gobiernos socialistas, se otorgaron de manera irregular, sin controles adecuados, beneficiando a empresas y personas conectadas con el poder político. En 2019, la Audiencia de Sevilla condenó a varios ex altos cargos, incluidos Chaves y Griñán, por delitos de prevaricación y malversación, sentencias que fueron ratificadas por el Tribunal Supremo en 2022. Sin embargo, entre junio y julio de 2024, el TC, presidido por Cándido Conde-Pumpido, estimó parcialmente los recursos de amparo presentados por una decena de condenados, anulando o reduciendo sus penas al considerar que la elaboración de leyes no podía ser penalizada como un acto administrativo.
La Audiencia de Sevilla ha decidido elevar cuatro cuestiones prejudiciales al TJUE, un mecanismo que permite a los tribunales nacionales solicitar la interpretación del Derecho de la UE. Según el auto emitido, los magistrados sevillanos consideran que las sentencias del TC podrían:
- Suplantar la función del Tribunal Supremo: La Audiencia argumenta que el TC, al anular las condenas, habría invadido las competencias del Supremo, que ratificó las sentencias originales, al imponer una interpretación restrictiva del delito de malversación.
- Vulnerar el Derecho Comunitario: Los jueces cuestionan si la decisión del TC, al desvincular la prevaricación y malversación de la tramitación de proyectos de ley, contraviene la jurisprudencia europea, particularmente la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2021 (Euro Box Promotion y otros), que exige una tutela efectiva contra los delitos que afecten los intereses financieros de la UE.
- Generar un riesgo sistémico de impunidad: La Audiencia advierte que la interpretación del TC podría dejar sin control penal las actividades presupuestarias, desde su elaboración hasta su ejecución, creando un precedente que permita la impunidad en casos similares de corrupción.
- Comprometer los intereses financieros de la UE: Dado que parte de los fondos malversados en el caso ERE provenían de la UE, la Audiencia subraya la necesidad de garantizar una persecución efectiva de estos delitos para proteger el patrimonio europeo.
El tribunal sevillano ha suspendido la ejecución de las sentencias del TC hasta que el TJUE resuelva estas cuestiones, una medida que no admite recurso y que marca un enfrentamiento directo con el Constitucional.
La decisión de la Audiencia de Sevilla ha generado un choque institucional sin precedentes. El TC, con una mayoría progresista liderada por Conde-Pumpido, intentó inicialmente evitar que se planteara esta cuestión prejudicial, considerando la acción de la Audiencia como un acto de «rebeldía». Sin embargo, no logró consenso interno para bloquear la consulta al TJUE.
La Fiscalía Anticorrupción, que históricamente apoyó las condenas en el caso ERE, se alineó con el TC al respaldar sus sentencias, lo que ha generado críticas por parte de sectores que ven en esta postura una contradicción con su lucha contra la corrupción. Por otro lado, el Partido Popular (PP), que actúa como acusación particular, ha sido un impulsor clave de la consulta al TJUE, solicitándola formalmente en febrero de 2025.
La Junta de Andalucía, ahora bajo el gobierno del PP, intentó reincorporarse al caso como parte perjudicada para reclamar la recuperación de los 679 millones de euros defraudados. Sin embargo, la Audiencia rechazó esta solicitud, argumentando que el Ejecutivo autonómico, durante el mandato de Susana Díaz (PSOE), se retiró de la causa en 2016 y pidió su sobreseimiento.
La consulta al TJUE no solo pone en tela de juicio las decisiones del TC, sino que también plantea una reflexión sobre el equilibrio de poderes en España y la protección de los intereses financieros de la UE. Los magistrados sevillanos argumentan que la interpretación del TC podría debilitar la lucha contra la corrupción al limitar la persecución penal de conductas relacionadas con la gestión presupuestaria. Esto, según la Audiencia, no solo afecta la confianza ciudadana en las instituciones, sino que también podría incumplir las exigencias internacionales en materia de transparencia y manejo honesto de los fondos públicos.
En el ámbito político, la decisión ha sido un golpe para el PSOE, que había celebrado la revisión del TC como una exoneración parcial de sus exdirigentes. Medios como El Mundo y La Gaceta destacan que la consulta al TJUE reaviva el escándalo de los ERE y pone en entredicho la estrategia del TC para «diluir» las condenas.