El sacrificio del medio rural sigue avanzando: Solaria Energía y Medio Ambiente ha cerrado un principio de acuerdo con Banco Sabadell para financiar a largo plazo 175 MW de plantas fotovoltaicas en España, por un importe de hasta 93,5 millones de euros, según ha informado la compañía este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este proyecto está sujeto a la finalización exitosa de la due diligence (diligencia debida) y a la aprobación del comité de riesgos del banco.
Esta iniciativa, presentada como un avance hacia la transición energética, en realidad no es más que un nuevo capítulo en la fiebre de las renovables que está desfigurando el campo español, sacrificando tierras agrícolas y ecosistemas en beneficio de grandes corporaciones.
La proliferación de proyectos fotovoltaicos como los de Solaria está transformando el paisaje rural en un mosaico industrial de paneles solares. En regiones como Guadalajara, donde se desarrollará Oliva Solar, tierras que podrían destinarse a cultivos o pastos son reemplazadas por estructuras que alteran irrevocablemente el entorno. La fauna local, desde aves hasta pequeños mamíferos, sufre la fragmentación de sus hábitats, y los paisajes tradicionales, que son parte de la identidad cultural de España, se pierden bajo un manto de vidrio y metal.
Solaria, con su meta de alcanzar 18 GW de capacidad instalada para 2030, está a la vanguardia de esta colonización, priorizando la expansión a gran escala sobre la conservación del medio rural. La supuesta sostenibilidad de estas iniciativas se tambalea cuando el costo es la destrucción de ecosistemas y la pérdida de suelo fértil, esenciales para la seguridad alimentaria y la biodiversidad.
Desde el punto de vista económico, el modelo es igualmente insostenible. Los 93,5 millones de euros de Banco Sabadell, sumados a otros acuerdos como los 1.700 millones del Banco Europeo de Inversiones, engordan los beneficios de Solaria, que en 2023 reportó 107,5 millones de euros en ganancias. Sin embargo, las comunidades rurales donde se instalan estas plantas apenas reciben beneficios duraderos. Los empleos generados son mayoritariamente temporales, ligados a la construcción, y no compensan la desaparición de actividades tradicionales como la agricultura o la ganadería. Este enfoque corporativo de la transición energética enriquece a unas pocas empresas mientras condena a las zonas rurales a un futuro de despoblamiento y dependencia económica.
No nos podemos olvidar de esta anécdota que arroja sombras sobre la transparencia de cierto tipo de operaciones: en 2021, apenas un mes y medio después de que Isabel Rodríguez asumiera su nombramiento como ministro de Vivienda en el gobierno de Sánchez, su marido, Iván Molinero Camacho, fue contratado por Solaria como directivo. Con un historial profesional como panadero y reponedor, su repentino ascenso a un puesto de relevancia en una empresa del IBEX 35, justo cuando Solaria comenzaba a beneficiarse de multimillonarias financiaciones, huele, de lejos, a favoritismo. Esta coincidencia, aunque no demuestra nada por sí sola, alimenta la percepción de que el sector renovable es un terreno donde los intereses políticos y económicos se entrelazan sin escrúpulos.