Por primera vez desde el inicio de la democracia en España, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido oficialmente investigado. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha aceptado su competencia para llevar adelante la investigación sobre un posible delito de revelación de secretos en el que estaría involucrado García Ortiz.
El caso se deriva de una exposición presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que apuntaba a que García Ortiz, en su rol de máximo responsable del Ministerio Público, pudo haber filtrado información confidencial sobre un particular: el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La información filtrada habría sido parte de una negociación en torno a un delito fiscal.
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La fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, también está bajo investigación por haber enviado los datos que García Ortiz habría utilizado para elaborar la nota filtrada. Aunque Rodríguez no goza del mismo aforamiento que el fiscal general, la Sala ha determinado que ambos casos están interconectados y no se pueden tratar por separado.
El Tribunal Supremo ha subrayado la relevancia de determinar si las acciones de García Ortiz pueden ser consideradas una violación del artículo 417 del Código Penal, que castiga la revelación de secretos por parte de funcionarios públicos. Aunque se investigará si la información difundida constituía un secreto, se plantea si esta pudo haber afectado al derecho a la defensa del empresario, comprometiendo su presunción de inocencia.
El instructor asignado al caso será el magistrado Ángel Hurtado, conocido por haber presidido juicios importantes, como el caso Gürtel y la comparecencia de Mariano Rajoy. La investigación busca esclarecer si existen indicios suficientes para imputar formalmente a García Ortiz y a Rodríguez Fernández.