El Tribunal Supremo ha dado la razón a dos hipotecados frente a CaixaBank y ha declarado nulas tres cláusulas incluidas en su préstamo hipotecario firmado en 2002.
La sentencia anula la comisión por reclamación de impagos, la cláusula de vencimiento anticipado y el interés de demora, y además obliga al banco a devolver las cantidades cobradas por comisiones que no hubieran sido reintegradas, junto con los intereses legales desde cada pago.
Según la sentencia, todo empieza cuando la sociedad cooperativa actuó en defensa de dos de sus asociados, para pedir la nulidad de varias condiciones del contrato hipotecario suscrito con la entonces Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, hoy CaixaBank. En esa escritura figuraba una comisión de 18,03 euros por cada cuota impagada, una cláusula que permitía dar por vencido todo el préstamo por el impago de un solo plazo y un interés de demora del 20,50 por ciento.
Ahora bien, tanto el juzgado de primera instancia como la Audiencia Provincial de Teruel rechazaron la demanda. El motivo fue la falta de legitimación activa de la cooperativa.
Es decir, ambos tribunales entendieron que, al no estar inscrita en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, no podía acudir a los tribunales en nombre de sus socios, en una interpretación de los artículos 33 y 37 del TRLGDCU en relación con el artículo 11 de la LEC.
El Supremo corrige esa interpretación explicando que una asociación o cooperativa legalmente constituida, aunque no esté inscrita en ese registro, sí puede defender “los derechos e intereses individuales de sus asociados”.
La diferencia es que sin esa inscripción no puede actuar como asociación de consumidores en defensa de intereses generales, colectivos o difusos, pero eso no le impide representar a sus socios en un litigio como este. Una vez resuelto ese primer obstáculo, el Supremo termina diciendo que las tres cláusulas eran abusivas.
Sobre la comisión por impago, recuerda que no puede aplicarse de forma automática ni repetirse sin una gestión real y efectiva. En este caso, la cláusula preveía el cobro de 18,03 euros por cada cuota vencida y el tribunal entiende que no cumplía esos requisitos. Por eso declara su nulidad y condena a devolver las cantidades cobradas que no hubieran sido restituidas.
La resolución también anula el vencimiento anticipado porque permitía al banco resolver el contrato con el impago de un solo plazo.
Para los magistrados, una cláusula así “debe ser reputada abusiva”, ya que no vincula esa consecuencia a un incumplimiento grave ni da margen suficiente al consumidor para ponerse al día.
Lo mismo ocurre con el interés de demora del 20,50 por ciento. El Supremo recuerda su propia doctrina y señala que, en préstamos hipotecarios con consumidores, ese recargo no puede superar en más de dos puntos el interés remuneratorio. Al rebasar claramente ese límite, la cláusula también queda anulada
La resolución que refuerza la protección de los consumidores frente a las condiciones generales de la contratación bancaria, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por una sociedad cooperativa en defensa de dos de sus socios, declarando nulas tres cláusulas de un préstamo hipotecario suscrito en 2002 con la entonces Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (hoy integrada en CaixaBank).
Legitimación activa de las cooperativas y asociaciones de consumidores
Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es el pronunciamiento sobre la legitimación procesal. Los tribunales de instancia habían aplicado de forma estricta los artículos 33 y 37 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007) en relación con el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).El Supremo aclara que una asociación o cooperativa legalmente constituida, aunque no figure inscrita en el REACU, sí tiene legitimación para defender los derechos e intereses individuales de sus asociados cuando estos son consumidores. La inscripción en el registro estatal solo resulta necesaria para actuar en defensa de intereses generales, colectivos o difusos, o para acceder a determinados beneficios como la asistencia jurídica gratuita en ciertos supuestos. Esta interpretación amplía la tutela judicial efectiva de los consumidores y alinea la jurisprudencia nacional con el principio de protección consagrado en la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas.
Las tres cláusulas declaradas abusivas
Una vez superado el obstáculo procesal, el Tribunal examina el fondo y aplica su consolidada doctrina sobre control de transparencia y abusividad en contratos celebrados con consumidores (artículos 80 a 89 TRLGDCU y Directiva 93/13/CEE).
- Comisión por reclamación de impagos (18,03 euros por cuota vencida)
El Supremo recuerda que esta comisión solo es válida si responde a una gestión real y efectiva realizada por la entidad y no puede cobrarse de forma automática o reiterada por el mismo concepto. En el caso analizado, la cláusula preveía su aplicación mecánica sin acreditar un servicio adicional al mero control del impago (que ya genera intereses de demora).
Esta doctrina coincide con la STS 566/2019, de 25 de octubre, que declaró abusiva una comisión similar por indeterminación y por suponer una sanción desproporcionada añadida a los intereses moratorios, vulnerando los arts. 85.6 y 87.5 TRLGDCU (indemnizaciones desproporcionadas y cobro de servicios no prestados). La nulidad conlleva la devolución de las cantidades cobradas indebidamente. - Cláusula de vencimiento anticipado
La estipulación permitía al banco dar por vencido todo el préstamo ante el impago de un solo plazo, sin exigir un incumplimiento grave ni conceder un margen razonable al consumidor para subsanarlo.
El Tribunal Supremo reitera que una cláusula de estas características resulta abusiva porque altera significativamente el equilibrio contractual en perjuicio del consumidor (art. 3.1 Directiva 93/13). Debe vincularse a un incumplimiento de cierta entidad, ponderando la duración y cuantía del préstamo, y ofrecer al deudor una oportunidad real de remediar la situación. Esta línea jurisprudencial se consolidó tras las sentencias del TJUE de 2019 (asuntos C-70/17 y C-179/17) y las posteriores resoluciones del Pleno del Supremo (STS de 11 de septiembre de 2019 y siguientes), que exigen modular la gravedad del incumplimiento. - Interés de demora del 20,50 %
El Alto Tribunal aplica su doctrina consolidada desde 2015-2016: en préstamos hipotecarios con consumidores, el interés de demora no puede superar en más de dos puntos porcentuales el interés remuneratorio ordinario pactado. Superar este umbral lo hace abusivo por desproporcionado (STS 265/2015, 705/2015, 364/2016 y 133/2026, entre otras). El TJUE ha avalado este criterio objetivo como compatible con la Directiva 93/13. La consecuencia de la nulidad no es la eliminación total de intereses en mora, sino que el capital pendiente sigue devengando el interés remuneratorio ordinario.
Contexto normativo y jurisprudencial más amplio
Esta sentencia se inscribe en la larga batalla judicial contra las cláusulas abusivas en hipotecas iniciada tras la crisis de 2008. La Ley 1/2013 (medidas de protección a deudores hipotecarios) ya limitó los intereses de demora a tres veces el interés legal en hipotecas sobre vivienda habitual, pero el Supremo ha preferido un criterio más protector basado en el diferencial de dos puntos sobre el remuneratorio, incluso con independencia del límite del art. 114.3 de la Ley Hipotecaria para el control de abusividad.
En paralelo, la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), endureció los requisitos para el vencimiento anticipado (impago de al menos tres cuotas o un porcentaje equivalente, previo requerimiento con plazo de un mes), aunque no resulta aplicable retroactivamente a contratos de 2002.
Implicaciones prácticas
La resolución obliga a CaixaBank a restituir las comisiones indebidamente cobradas con intereses legales (art. 1.108 Código Civil). Aunque la sentencia resuelve un caso concreto, refuerza la posición de miles de hipotecados que aún pueden reclamar cláusulas similares si no ha prescrito la acción (el plazo de prescripción para nulidad de cláusulas abusivas suele computarse desde que el consumidor tuvo conocimiento real de su carácter abusivo, según reciente jurisprudencia).Expertos en derecho bancario consultados destacan que esta sentencia consolida una línea jurisprudencial favorable al consumidor en el control de condiciones generales predispuestas por entidades financieras, especialmente cuando se trata de productos de uso común como las hipotecas para vivienda.
El fallo recuerda que la protección del consumidor no es un formalismo, sino un principio imperativo del ordenamiento que debe primar sobre interpretaciones restrictivas de la legitimación o sobre cláusulas que desequilibren gravemente la relación contractual.
Conclusión
Con esta decisión, el Tribunal Supremo reafirma su compromiso con una interpretación pro-consumidor de la normativa europea y nacional, corrigiendo errores de instancia y enviando un mensaje claro a las entidades bancarias: las cláusulas que imponen cargas desproporcionadas o automáticas en caso de dificultades de pago no pueden mantenerse en los contratos hipotecarios. Los afectados por estipulaciones similares disponen de una vía sólida para reclamar su nulidad y la correspondiente restitución.