El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha cerrado la instrucción del conocido como caso Begoña Gómez y ha dictado auto de procesamiento contra Begoña Gómez Fernández, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
En un auto de 39 páginas, el magistrado procesa también a la asesora de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario aragonés Juan Carlos Barrabés. Peinado archiva, en cambio, el delito de intrusismo profesional por considerar que los indicios son “endebles” y faltan pruebas sólidas. El juez rechaza prorrogar la investigación y no admite nuevas diligencias solicitadas, como la vida laboral completa de Gómez o la actualización de salarios de Álvarez. Concede un plazo de cinco días a las partes (acusaciones, defensas y Fiscalía) para que presenten escritos de conclusiones provisionales y se pronuncien sobre la apertura del juicio oral, que podría celebrarse ante un tribunal del jurado popular, como ya había intentado el instructor en fases anteriores.
Contexto y origen del caso
El procedimiento se abrió el 24 de abril de 2024 tras una denuncia del sindicato Manos Limpias, basada inicialmente en recortes de prensa. La Fiscalía solicitó su archivo inmediato por falta de indicios, pero Peinado la admitió a trámite. Posteriormente se personaron como acusación particular organizaciones como Hazte Oír, Vox, Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España.
La investigación se centró en dos ejes principales:
- Tráfico de influencias y corrupción en los negocios: Se investiga si Gómez utilizó su posición como esposa del presidente para favorecer a empresas de Juan Carlos Barrabés en adjudicaciones públicas (por valor de hasta 15,6 millones de euros a consultoras como Innova Next y The Valley). Un punto clave es la creación y gestión de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en la que Barrabés colaboró. El juez destaca en su auto que no existe precedente similar en democracia y califica las conductas como “propias de regímenes absolutistas”.
- Malversación y apropiación indebida: Se indaga el posible uso de recursos públicos (incluida la labor de la asesora Cristina Álvarez en horario laboral) para actividades privadas de Gómez, así como la presunta apropiación de un software de máster desarrollado con fondos de la UCM y registrado a nombre de ella sin autorización. La UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han aportado informes sobre correos y contratos que, según el juez, sustentan indicios suficientes.
A lo largo de casi dos años, la instrucción ha sido muy controvertida. La Fiscalía ha pedido reiteradamente el sobreseimiento, calificando en ocasiones la investigación de “errática” o “prospectiva”. La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido al juez en múltiples ocasiones (más de una docena de reveses por falta de motivación o indicios), desimputando a varios altos cargos de Moncloa (como el delegado del Gobierno Francisco Martín Aguirre o la secretaria general de Presidencia Judit Alexandra González Pedraz) y anulando diligencias como el análisis masivo de correos o la transformación inicial en procedimiento de jurado. Aun así, Peinado ha mantenido la causa abierta, prorrogándola hasta abril de 2026 y unificando todas las piezas.