La baliza V16, el dispositivo luminoso conectado que ha sustituido a los triángulos de emergencia en España desde el 1 de enero de 2026, se enfrenta a un esperado revés desde la Unión Europea. La Comisión Europea ha advertido al Gobierno español por no notificar previamente la normativa que la hace obligatoria, lo que podría derivar en su incompatibilidad con el Derecho europeo y, en última instancia, en su prohibición o revocación. Esta noticia, revelada inicialmente por varios medios españoles, ha generado un debate sobre la seguridad jurídica, el impacto en los conductores y posibles implicaciones económicas para quienes ya han adquirido el dispositivo.
¿Qué es la baliza V16 y por qué es obligatoria en España?
La baliza V16 es un dispositivo de preseñalización de emergencias diseñado para vehículos. Se coloca en el techo del coche en caso de avería o accidente, emitiendo una señal luminosa visible a 360 grados y conectándose a la plataforma DGT 3.0 para transmitir la geolocalización en tiempo real a las autoridades de tráfico.
Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V16 es obligatoria para todos los vehículos matriculados en España que circulen por territorio nacional. No aplica a vehículos extranjeros, aunque en caso de un incidente conjunto, solo el vehículo español debe usarla. Se permite su uso complementario con triángulos, pero la V16 es el requisito mínimo. La normativa fue aprobada mediante Real Decreto por el Gobierno español, bajo la responsabilidad de la Dirección General de Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio del Interior. El precio de estos dispositivos ronda los 45-60 euros, y su obligatoriedad ha impulsado ventas masivas, aunque ahora surgen dudas sobre su futuro.
La advertencia de la Unión Europea: incumplimiento de notificación
El conflicto surge porque España no notificó la normativa a la Comisión Europea antes de su adopción, como exige la Directiva (UE) 2015/1535. Esta directiva obliga a los Estados miembros a informar sobre cualquier proyecto de reglamento técnico que pueda afectar al mercado interior, permitiendo a Bruselas evaluar su compatibilidad con el Derecho de la UE y evitar barreras al comercio.
La Comisión Europea, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la vicepresidenta del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, confirmó que «los Reales Decretos españoles no han sido notificados con arreglo al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535». El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Stéphane Séjourné, subrayó que esta omisión «puede dar lugar a un procedimiento de infracción conforme al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)». Además, la medida podría constituir una restricción al comercio interior según el artículo 34 del TFUE, a menos que España la justifique bajo el artículo 36 o jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Dolors Montserrat criticó duramente al Gobierno español: «Cuando un Gobierno impone un dispositivo obligatorio con requisitos técnicos específicos y no cumple los procedimientos europeos, pone en riesgo la seguridad jurídica, la libre competencia y la confianza en las instituciones». Exigió claridad inmediata y transparencia para garantizar el respeto al Derecho de la UE.
Posibles consecuencias y timeline
Si se confirma el incumplimiento, las implicaciones podrían ser graves. La Comisión podría iniciar un procedimiento de infracción, llevando a España ante el TJUE. En ese escenario, los tribunales españoles podrían abstenerse de aplicar la norma, cuestionando su validez y dejando a millones de conductores en un limbo jurídico. Esto generaría inseguridad para el sector automovilístico y los usuarios, que ya han invertido en el dispositivo.
- 1 de enero de 2026: Entrada en vigor de la obligatoriedad en España.
- 20 de febrero de 2026: Revelación de la respuesta de la Comisión Europea a la pregunta de Montserrat.
- Próximo miércoles (25 de febrero de 2026): El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá en el Congreso para explicar la implantación de la V16.
Aunque una prohibición inmediata es improbable, el proceso podría extenderse meses o años, dependiendo de las negociaciones entre Madrid y Bruselas.
Reacciones políticas y públicas
Políticamente, el PPE ha utilizado este caso para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez, destacando la falta de coordinación con Europa y posibles riesgos para la competencia. En el ámbito público, las redes sociales, especialmente X (anteriormente Twitter), muestran indignación. Muchos usuarios que compraron la baliza exigen reembolsos, calificándola de «estafa» o «timo». Por ejemplo, un usuario comentó: «Si llega a ocurrir, SEGURO que la DGT nos devuelve los 45€… SEGURO…». Otros celebran no haberla adquirido: «Menos mal que no he sido partícipe de este circo de la baliza V16».
Hay menciones a posibles corrupciones: «Baliza V16. Otra corrupción más…». Además, se reportan aumentos en robos de vehículos para sustraer las balizas, que contienen tarjetas SIM valiosas. Algunos posts humorísticos sugieren usarla en situaciones absurdas, reflejando escepticismo general.