La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado este martes al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que abra juicio oral contra Mónica Oltra, exvicepresidente de la Generalidad Valenciana y exlíder de Compromís, por su presunta implicación en el encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido contra una menor tutelada.
Esta decisión corrige al juez instructor, que había archivado la causa en varias ocasiones, y acepta los recursos presentados por las acusaciones, incluyendo la de la asociación Gobierna-te, presidida por Cristina Seguí, quien fue la primera en denunciar públicamente este bochornoso caso.
Por fin, tras años de dilaciones y maniobras, Mónica Oltra se sentará en el banquillo junto a otros nueve acusados, en un proceso que pone de manifiesto la hipocresía de una política que se presentaba como defensora de los vulnerables mientras, presuntamente, priorizaba proteger a su entorno familiar.
El origen de este tremendo escándalo se remonta a 2016 y 2017, cuando Luis Eduardo Ramírez Iborra, exmarido de Oltra y «educador» en el centro de menores Niño Jesús, gestionado por la Consejería de Igualdad que ella dirigía, abusó sexualmente de una niña de 14 años tutelada por la Generalidad. La menor, en una situación de extrema vulnerabilidad, sufrió abusos continuados con prevalimiento: el condenado la besaba en la boca, la tocaba en zonas íntimas y la obligaba a realizarle tocamientos, todo ello aprovechando su posición de autoridad en el centro. Estos hechos fueron confirmados por la justicia: en 2019, la Audiencia de Valencia condenó a Ramírez Iborra a cinco años de prisión, pena ratificada por el Tribunal Supremo en 2023. Además, se le impuso inhabilitación para trabajar con menores durante diez años y libertad vigilada por cinco años, junto a una escasa indemnización de 6.000 euros a la víctima.
La denuncia inicial de la menor en 2017 no fue atendida con la diligencia debida. En lugar de protegerla, el departamento de Mónica Oltra abrió un expediente informativo paralelo, ya judicializado el caso, con el aparente objetivo de desacreditar su testimonio. Se elaboró un informe ficticio que negaba indicios de abuso sin siquiera interrogar adecuadamente a la víctima, quien había relatado los hechos a terceras personas.
Cristina Seguí, a través de su asociación, presentó una querella en 2019 acusando a Oltra y a varios funcionarios de encubrimiento, obstrucción a la justicia y prevaricación, argumentando que se trató de tapar el escándalo por la relación familiar del abusador. La propia víctima, años después, declaró sentirse utilizada por algunos, pero el daño ya estaba hecho: una menor desprotegida por el sistema que debía velar por ella.
Mónica Oltra, que se erigía como icono feminista y defensora de los derechos de la infancia, ha sido acusada de orquestar o permitir un encubrimiento flagrante para proteger a su exmarido. Los indicios apuntan a que, al conocer los abusos, su consejería optó por un «informe ficticio» en lugar de judicializar inmediatamente, con el fin de ocultar los hechos y deslegitimar a la menor abusada. Una actuación que no solo es negligente, sino criminal: Oltra, como máxima responsable, tenía el deber de actuar con transparencia y prioridad absoluta hacia la víctima. En cambio, parece que primó lealtades personales, traicionando los principios que tanto pregonaba en mítines y ruedas de prensa. Su renuncia en 2022, tras ser imputada, no fue un acto de responsabilidad, sino una huida forzada ante la presión mediática y judicial.
Hoy, con esta decisión de la Audiencia, se evidencia que su victimismo –alegando una «caza de brujas» de la ultraderecha– no cuela: los hechos hablan por sí solos, y su hipocresía queda al descubierto.
Pero el escándalo no se limita a Oltra. Sus partidos aliados, Compromís y Podemos, cerraron filas en su defensa pública, ignorando las evidencias y priorizando la lealtad partidista sobre la justicia para una menor abusada. En 2022, Compromís respaldó incondicionalmente a su líder, presionando incluso al Partido socialista valenciano para mantenerla en el cargo, mientras Podemos minimizaba el caso como un ataque político.
Personajes como Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra o Joan Baldoví defendieron su inocencia en declaraciones públicas, tildando las acusaciones de «montaje ultra» sin atender al fondo: el sufrimiento de una niña tutelada. Esta complicidad es repugnante; partidos que se autoproclaman progresistas y feministas optaron por blindar a su amiga. Su silencio actual, ante la orden de juicio, dice mucho: prefieren olvidar un episodio que mancha su imagen, pero la sociedad no lo hará.
Por fin, la Audiencia de Valencia ha impuesto sentido común, obligando a un juicio que no puede negarse ante indicios claros de criminalidad. La asociación de Cristina Seguí pide seis años de cárcel para Oltra, una pena que, si se confirma, sería un merecido castigo.
Conviene recordar este artículo sobre el terrible el caso de una niña de acogida de la que abusaron sexualmente sus padres. El padre era concejal de Compromís: https://eldiestro.info/2023/07/terrible-el-caso-de-una-nina-de-acogida-de-la-que-abusaron-sexualmente-sus-padres-el-era-concejal-de-compromis/