En una declaración institucional pronunciada a las 9:00 horas de este lunes desde el patio gótico del Palau de la Generalitat, Carlos Mazón ha anunciado su dimisión como presidente de la Comunidad Valenciana. La decisión, que llega exactamente 370 días después de la catástrofe de la riada del 29 de octubre de 2024 –que dejó 229 muertos, principalmente en la provincia de Valencia–, pone fin a un año de intensas críticas, presiones políticas y escrutinio judicial por su gestión de la tragedia.
Mazón, visiblemente emocionado, ha admitido que «ya no puedo más» y ha apelado a la «mayoría parlamentaria» –compuesta por PP y Vox– para elegir a un nuevo presidente, descartando así la convocatoria de elecciones anticipadas.
La riada del 29 de octubre de 2024 fue una de las peores catástrofes naturales en la historia reciente de España, con inundaciones devastadoras que arrasaron municipios como Paiporta, Catarroja y Utiel, causando 229 fallecidos –de los cuales 229 solo en Valencia– y miles de damnificados. La respuesta de las autoridades autonómicas y estatales se convirtió en el epicentro de un debate nacional sobre la prevención, la alerta temprana y la coordinación interinstitucional.
Carlos Mazón, asumió la presidencia de la Generalitat en julio de 2023 tras una ajustada victoria electoral apoyada por Vox. Durante la tarde fatídica del 29 de octubre, Mazón mantuvo una agenda oficial que incluyó una comida en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, un encuentro que se filtró y desató una oleada de indignación. Mientras las lluvias torrenciales azotaban la región, el presidente no canceló sus compromisos, lo que fue interpretado como una falta de sensibilidad y priorización.
Además, se criticó la tardanza en activar protocolos de emergencia y la ausencia de una declaración de «emergencia nacional» que agilizara la ayuda federal.
En los meses siguientes, Mazón enfrentó protestas masivas de familiares de víctimas y damnificados, que lo tildaron de «asesino» o «rata» en concentraciones frente al Palau de la Generalitat. El funeral de Estado por el primer aniversario, celebrado el pasado miércoles 29 de octubre de 2025, precipitó la crisis: Mazón fue abucheado públicamente, y la presión interna en el PP se intensificó.
Paralelamente, la juez de Catarroja, que investiga posibles delitos en la gestión de la DANA, citó a declarar a Maribel Vilaplana como testigo este mismo lunes a las 9:30 horas, apenas media hora después de la comparecencia de Mazón.
Desde finales de octubre, los medios ya especulaban con la dimisión de Mazón. El sábado 1 de noviembre, fuentes del PP confirmaron que el presidente barajaba opciones como renunciar y convocar elecciones anticipadas o designar a un sucesor interino, en conversaciones directas con el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.
El domingo 2 de noviembre, familiares de víctimas se concentraron nuevamente ante el Palau exigiendo su salida inmediata, mientras Compromís desplegaba una pancarta con el lema «Mazón dimissió».
Internamente, el PP valenciano veía «insostenible» la continuidad de Mazón, con nombres como la exministra Gabriela Pérez Llorca, el vicesecretario de Organización Vicente Mompó o la portavoz María José Catalá sonando como posibles sucesores. Mazón también dimitió como presidente del PP valenciano el 1 de noviembre, sin optar a la reelección, aunque inicialmente planeaba mantenerse en el cargo autonómico hasta 2027 para maximizar sus derechos como expresidente (incluyendo un sueldo vitalicio de 15 años).
Admitió «errores propios» que «viviré con ellos toda mi vida», entre los que enumeró:
Permitir la proliferación de «bulos» sobre su gestión.
No pedir la declaración de emergencia nacional.
Su «ingenuidad» al creer que recibir al Gobierno central facilitaría la ayuda.
Sobre todo, mantener la agenda oficial el día de la DANA, incluyendo la comida con Vilaplana, que calificó de «error político» por falta de «visión» para cancelarla.
Sin embargo, gran parte de su discurso se centró en criticar al Ejecutivo de Pedro Sánchez: «Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos», acusó, alegando que el Gobierno «arrastró los pies» y usó la tragedia para «hacer política» con «bulos machistas» y teorías conspirativas. «Algunos han intentado convertir en deporte nacional el llamarme asesino», lamentó, refiriéndose a las agresiones verbales recibidas. Pidió perdón a las víctimas, pero enfatizó que «ninguno de mis errores fue por cálculo político» y que lo ocurrido era «inimaginable».
Mazón se mantendrá como diputado en las Cortes Valencianas, perdiendo su aforamiento y exponiéndose potencialmente a declarar en el juzgado de Catarroja. «Por voluntad personal, habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí y mi familia», confesó, cerrando con: «Ha sido un honor servir a mi tierra».