El exministro de Agricultura de China, Tang Renjian, ha sido condenado a muerte con una suspensión de dos años por aceptar sobornos millonarios. La sentencia, anunciada el pasado 28 de septiembre por medios estatales y reportada por Table.Briefings, marca un hito en la purga que el líder chino ha intensificado desde su ascenso al poder en 2012, consolidando su control sobre las élites políticas y militares. La drástica medida refleja la determinación de Xi de erradicar la corrupción, aunque también ha generado preguntas sobre los límites de esta cruzada y su impacto en la gobernanza del país.
Renjian, de 61 años, fue destituido de su cargo como ministro de Agricultura y Asuntos Rurales en 2024 tras una investigación iniciada en mayo de ese año, según informó VOA News. Las autoridades chinas lo acusaron de «serias violaciones de disciplina y ley», un eufemismo habitual para señalar corrupción. La sentencia, emitida por un tribunal no especificado pero alineado con las directrices del Partido Comunista Chino (PCC), establece una pena de muerte con una suspensión de dos años, lo que significa que, si Tang cumple con ciertos requisitos durante ese período –como cooperar con las autoridades o devolver los fondos–, su castigo podría conmutarse por cadena perpetua. De lo contrario, la ejecución podría ejecutarse.
Los cargos contra Tang incluyen la aceptación de sobornos en efectivo y bienes inmuebles por valor de millones de yuanes, provenientes de diversas oficinas y empresas agrícolas que buscaban favores en contratos gubernamentales. Según Table.Briefings, las investigaciones revelaron un patrón de enriquecimiento ilícito que abarcó varios años, aprovechando su posición para influir en políticas agrarias clave, un sector vital para la seguridad alimentaria de China. Esta condena se suma a una serie de purgas recientes que han alcanzado a figuras de alto perfil, como el almirante Miao Hua, destituido en junio de 2025 por corrupción en el ámbito militar.
La condena de Tang forma parte de una extensa campaña anticorrupción iniciada tras el XVIII Congreso Nacional del PCC en 2012, cuando Xi Jinping asumió el liderazgo. Desde entonces, esta iniciativa, conocida como la «caza de tigres y moscas», ha perseguido tanto a funcionarios de alto rango («tigres») como a burócratas menores («moscas»). Xi ha justificado esta purga como una medida para salvar al PCC de un colapso provocado por la corrupción endémica, una amenaza que, según él, podría debilitar la capacidad del partido para gobernar China.
El caso de Tang es el más reciente en una lista que incluye a otros pesos pesados como Xiao Yaqing, exministro de Industria y Tecnología de la Información (investigado en 2022), y Liu Liange, expresidente del Banco de China (2019-2023), quien admitió sobornos en 2024. La campaña se ha intensificado en sectores estratégicos como la agricultura, las finanzas y el ejército, con provincias como Guangdong, Shanxi y Sichuan bajo escrutinio especial. Historiadores como Wang Gungwu han señalado que Xi heredó un partido corroído por redes clientelares y que su objetivo es desmantelar estas estructuras para fortalecer el control centralizado.