Este miércoles, Begoña Gómez, esposa del presiMiente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante el juez Juan Carlos Peinado para responder como imputada por un delito de malversación. En su declaración, donde solo ha contestado a las preguntas de su abogado, Gómez ha admitido, con una mezcla de candidez y ambigüedad, que en alguna ocasión pidió “algún favor” como amiga a su asesora Cristina Álvarez, quien, recordemos, es una empleada pública pagada por todos los contribuyentes desde la Moncloa.
Estos “favores” no eran más que «pequeñas gestiones personales», según Gómez, pero el contexto y el modus operandi de sus actividades demuestran que de pequeñas gestiones nada. El método de funcionamiento de los negocios de Begoña Gómez, tal como ha quedado documentado, no deja lugar a la ingenuidad. Según las investigaciones, el esquema es claro y descaradamente basado en el aprovechamiento de su posición privilegiada como esposa del presidente.
Todo comienza con unas llamadas desde la Presidencia del Gobierno, un detalle que no pasa desapercibido para dos empresas del Ibex que reciben el contacto. No son unas llamadas cualquiera: se subraya que proviene de la Moncloa, y el mensaje es directo: Begoña Gómez, esposa del presidente, quiere reunirse con ellos para hablar de «su cátedra», un proyecto académico que en la práctica parece más un vehículo para canalizar influencias y fondos. Las empresas del Ibex contactadas, conscientes de que negarse podría acarrear consecuencias veladas —inspecciones incómodas, trabas burocráticas o simplemente caer en el radar de un Gobierno que no olvida desaires—, acceden a la reunión.
Lo que encuentran es a Begoña Gómez acompañada de una asesora de Moncloa, una figura que, en lugar de atender asuntos de Estado, actúa como secretaria personal para los intereses privados de la «primera dama». La presentación de Gómez, con diapositivas y un discurso grandilocuente, no es más que un pretexto. El verdadero objetivo llega al final: la solicitud de fondos para su cátedra, una petición que, aunque envuelta en un lenguaje de colaboración y compromiso social, huele a extorsión encubierta.
Y las empresas, en un ejercicio de “libre voluntad” que nadie se cree, acceden a donar. Pero, curiosamente, las cantidades siempre se mantienen por debajo de los 100.000 euros, un umbral que evita activar las alarmas de los mecanismos de control financiero. ¿Casualidad? Difícil de creer.
Para rematar el proceso, las empresas reciben una llamada de agradecimiento desde la Presidencia, un gesto que lleva implícito un mensaje inquietante: “El presidente ha tomado conocimiento de la colaboración que van a realizar y quiere agradecer la sensibilidad que ha demostrado». En otras palabras, han pagado el peaje que asegura que todo siga en orden y tendrán su recompensa…
Este es el titular que publicó este martes el diario El Debate:
La declaración de Gómez ante el juez Peinado no hace más que confirmar lo que muchos sospechamos: su actividad no es la de una «académica dedicada», sino la de un personaje que ha sabido exprimir al máximo el poder y la influencia que le otorga su posición de «esposa de..».
Admitir que pidió “favores” a una asesora pagada por todos nosotros es solo una mera anécdota. Lo que subyace es un sistema de presiones veladas, uso indebido de recursos públicos y una falta absoluta de escrúpulos a la hora de mezclar lo público con lo privado.
Este caso no solo pone en entredicho la ética de la pentaimputada Begoña, sino que apunta a la gestión del Gobierno de Pedro Sánc-hez. ¿Cómo es posible que se permita que una asesora de Moncloa actúe como recadera de los intereses privados de la esposa del presidente? ¿Por qué las empresas del Ibex, supuestamente independientes, se sienten compelidas a donar bajo estas circunstancias? Y, sobre todo, ¿hasta cuándo se va a tolerar que el entorno del poder utilice su influencia para beneficio propio sin rendir cuentas claras?
La comparecencia de Gómez ante el juez Peinado no ha hecho más que alimentar la indignación. Su intento de minimizar los hechos como “pequeños favores” es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Lo que está en juego no es solo su conducta, sino la integridad de las instituciones y la confianza en un sistema que parece diseñado para proteger a los privilegiados.
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