En una decisión judicial que sacude el panorama político español, la Audiencia Provincial de Badajoz ha ratificado el procesamiento del músico David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El tribunal concluye que la plaza que ocupó en la Diputación de Badajoz durante siete años fue diseñada específicamente para adaptarse a sus necesidades personales, en un procedimiento que vulneró los principios de legalidad en el acceso a empleos públicos. Esta decisión, adoptada tras deliberar sobre recursos de los implicados, abre la puerta a un juicio oral que podría derivar en penas de hasta tres años de prisión para el principal acusado.
El caso, conocido como «Caso David Sánchez» o «Caso Azagra», se remonta a julio de 2017, cuando David Sánchez, director de orquesta y hermano menor del entonces recién reelegido secretario general del PSOE, fue contratado como coordinador de actividades de los conservatorios de música en la Diputación de Badajoz. El puesto, de alta dirección con un salario inicial de alrededor de 50.000 euros anuales, permitía una flexibilidad inusual: no exigía asistencia diaria a un despacho fijo y se adaptaba a su dedicación profesional a la ópera, un género que impulsó en los centros educativos provinciales.
La investigación, iniciada en 2024 a raíz de denuncias de organizaciones como Manos Limpias, Hazte Oír y Vox, sostiene que la plaza no surgió de una necesidad institucional real, sino que fue creada ad hoc para el músico. Según informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, basados en el análisis de más de 8.000 correos electrónicos intervenidos, los trámites se aceleraron solo tres días después de que un funcionario la considerara «excesiva» y un «despropósito», ya que convertía a los conservatorios de Badajoz en los únicos de España con una estructura tan compleja. El procedimiento se paralizó en octubre de 2016, tras la dimisión de Pedro Sánchez como líder del PSOE, y se reactivó en mayo de 2017, coincidiendo con su campaña para recuperar el cargo, culminando en la adjudicación al hermano unos días después de su victoria en junio.
La juez Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, ha sido clave en las pesquisas. En un auto de 71 páginas fechado el 28 de abril de 2025, concluyó la instrucción y procesó a once personas, argumentando que el puesto se modificó repetidamente para ajustarse a las «preferencias personales» de David Sánchez, como la compatibilidad con sus giras operísticas. Además, se habría contratado a personal de su confianza para auxiliarle, incluyendo a Luis María Carrero Pérez, un exfuncionario de La Moncloa que, según los correos, le llamaba «hermanito» y fue trasladado a la Diputación en 2023 para un puesto similar en la Oficina de Artes Escénicas, también supuestamente creado a medida.
David Sánchez, de 52 años y conocido artísticamente como David Azagra, ha defendido su inocencia en múltiples comparecencias. El 9 de enero de 2025, ante la juez Biedma, aseguró que se enteró de la oferta «por internet» al finalizar un máster en Milán, y que superó una entrevista formal junto a otros candidatos. Negó cualquier absentismo —»trabajo todos los días de la semana, aunque no esté atado a un despacho físico»— y atribuyó su interés en una vivienda en Badajoz a mera previsión. Su abogado, Pedro José Cortés, ha insistido en que Pedro Sánchez no tenía influencia real en 2016, cuando se gestó la idea, ya que apoyaba a Susana Díaz en las primarias socialistas.
Por su parte, Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación desde 2017 y secretario general del PSOE extremeño, ha negado conocer la relación familiar de Sánchez hasta su incorporación. En su declaración del mismo día que el hermano del presidente, Gallardo afirmó que la plaza formaba parte de 57 convocatorias anuales y que impulsaba la ópera en zonas rurales para generar empleo juvenil. Sin embargo, la juez ve indicios de que Gallardo, con quien David mantenía «una estrecha relación», coordinó el proceso a petición de «personas de su entorno» que sabían de su desempleo estable.La Fiscalía de Badajoz solicitó el sobreseimiento en mayo de 2025, argumentando «conjeturas e hipótesis» sin indicios sólidos, pero Biedma lo rechazó, respaldada por la Audiencia en autos de marzo y septiembre.
La resolución clave llega hoy mismo, cuando la Audiencia Provincial de Badajoz, tras deliberar el 15 de septiembre sobre doce recursos (incluidos los de David Sánchez y la Fiscalía), ratificó el auto de procesamiento. En un fallo al que accedieron medios como El Debate, los magistrados confirman que los correos electrónicos demuestran la «fabricación a medida» no solo del puesto de David, sino también del de Carrero, quien cooperó en sus funciones desde Moncloa antes de su traslado oficial. La sala avala la extensión de la investigación a La Moncloa para esclarecer la relación entre ambos y posibles indicios de criminalidad en la adjudicación de 2023.
Las acusaciones populares reclaman tres años de cárcel para David Sánchez: año y medio por tráfico de influencias en su plaza y otro tanto por malversación en la de Carrero, más inhabilitación, devolución de salarios (estimados en más de 300.000 euros) y una multa de 32.400 euros. Para Gallardo, piden dos años y medio por prevaricación. Otras nueve personas, entre directores de Cultura, Recursos Humanos y exdiputados socialistas, también enfrentan cargos similares.
La Audiencia rechazó argumentos de «persecución política», recordando que Pedro Sánchez, aunque no imputado, tenía «capacidad para influir» como líder del PSOE en los momentos clave. Testigos han relatado que el parentesco era conocido de antemano, y que David buscó alojamiento en Badajoz el mismo día que se definieron los criterios de valoración, hechos que la jueza califica de «no verosímiles».
El caso ha trascendido lo laboral. Este mes de septiembre de 2025, informes periodísticos revelaron que David Sánchez simuló residir en Portugal entre 2019 y 2022 para pagar menos impuestos, mientras vivía en el Palacio de la Moncloa con su esposa, la soprano Kaori Matsumoto, gozando de comodidades pagadas con fondos públicos. Juristas consultados lo enmarcan en un posible fraude a Hacienda y la Seguridad Social, aunque no forma parte de esta causa.
Con la ratificación de la Audiencia, el procedimiento pasa a fase de juicio oral en la misma sala, donde se practicarán las pruebas pendientes, como peritajes sobre las funciones reales de David Sánchez y valoraciones de sus depósitos en el BBVA solicitadas por Biedma. El hermano del presidente tiene agotadas sus apelaciones, y el proceso podría extenderse hasta 2026.